ALICANTE. La crisis desatada a cuenta de las viviendas de promoción pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 sigue abierta a posibles consecuencias políticas, al margen de la derivada que pueda tener tras el traslado de las supuestas anomalías a la Fiscalía y a los juzgados por medio del registro de hasta cinco denuncias distintas (las de Sumar, PSOE, equipo de gobierno, Conselleria de Vivienda y Manos Limpias). 

La polémica ya ha propiciado la dimisión de la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, después de que trascendiese que ella había sido una de las compradoras de las 140 viviendas de la promoción, tras inscribirse como socia cooperativista (en principio, su pareja, y después, ambos) cerca de cinco años antes de tomar posesión como representante municipal. También se ha precipitado la dimisión del hasta ahora jefe de gabinete de la Conselleria de Innovación, Miguel Ángel Sánchez (exasesor en el Ayuntamiento de Alicante entre 2015 y 2023), después de que se difundiese que la madre de sus hijas también era compradora de otro piso en la misma promoción.

Además, los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el ayuntamiento de la capital también han sumado posiciones para reclamar la dimisión del mismo alcalde, el popular Luis Barcala, al considerar que el episodio de las VPP habría supuesto una quiebra de confianza en su gestión, sin que las explicaciones ofrecidas durante su comparecencia pleno, la semana pasada, hubiesen servido para disipar dudas, o para exculparle de su supuesta falta de control respecto al patrimonio público, en su obligación de controlar que el solar municipal subastado tuviese el destino pretendido: favorecer el acceso a la vivienda de personas con un nivel de renta limitado. 

Barcala -que pidió disculpas a la ciudadanía en esa comparecencia- no se dio por aludido respecto a esa petición de dimisión. En su discurso, ni la mencionó. De ahí que, solo un día después, EU Podem fuese un paso más allá con el anuncio de la apertura de una ronda de contactos para tantear opciones de promover una moción de censura que desbancase al primer edil. Los portavoces de PSOE y Compromís, Ana Barceló y Rafa Mas, optaron por enfriar esas opciones, al menos por el momento, para persistir en su intención de exigir responsabilidades de forma que fuese Barcala por voluntad propia o los órganos de dirección de su partido los que promoviesen el registro de su renuncia.

Entre tanto, el grupo municipal de Vox se decantó por el silencio, a la espera de que el asunto pudiese analizarse por parte de sus cuadros directivos en Madrid. Esa callada por respuesta sigue vigente tres días después de que se produjese el planteamiento de la censura, con unas elecciones en Aragón de por medio en  las que Vox ha doblado su representación y que han evidenciado que el partido está instalado en la cresta de la ola y, probablemente, puede ejercer más fuerza que nunca.

¿Existen posibilidades reales de que un voto de censura pueda prosperar? Como mínimo, se antoja complejo. Básicamente porque la moción se debe acompañar necesariamente con la propuesta de un candidato a la Alcaldía como teórico sustituto de Barcala, según se establece en el artículo 133.2 del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP). Además, la moción debe contar con la firma autentificada ante notario o ante la Secretaría General del Pleno de la mayoría suficiente de los concejales para presentarla.

Esa segunda condición supone que la participación de los cuatro ediles de Vox resulte imprescindible. Y, al margen de que después no llegase a conformarse un gobierno cuatripartito, no parece probable que los voxistas vayan a facilitar que una capital de provincia pueda quedar gobernada por el PSOE, que en este caso sería el grupo mayoritario de la oposición, con 8 concejales (con la exconsellera de Sanidad, Ana Barceló, como hipotética alcaldesa). Tampoco parece viable que el PSOE, Compromís y EU Podem vayan a aupar a la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, como relevo de Barcala. Pero en política, casi todo es posible, así que habrá que esperar acontecimientos. Es decir, a que Vox se pronuncie. Por lo pronto, los tres grupos del eje progresista prevén mantener una segunda toma de contacto (previsiblemente, este mismo martes) para explorar opciones, sin descartar nada de forma tajante.

En todo caso, la alternativa que seguiría contando con más enteros sería la de fijar una estrategia común en la que podrían agruparse los cuatro partidos opositores encaminada a reforzar la presión sobre Barcala en busca de su abandono. Por el momento, cuentan con la herramienta de la comisión de fiscalización sobre "los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que o bien se hayan licitado, o bien se vayan a licitar, por Ayuntamiento o en el proceso del Plan Vive de la Generalitat" que quedó aprobada en el pleno del pasado jueves. El trabajo de esa comisión podría extenderse durante meses, lo que supondría alargar el desgaste político que la polémica ya habría ocasionado a poco más de un año de que se celebren las próximas elecciones municipales de 2027. 

La fuerza que imprima Vox

Por lo pronto, PSOE, Compromís y EU Podem continúan planteando iniciativas y solicitudes de información relacionadas con la polémica, como la petición cursada por los socialistas para que se suspenda la subasta del solar de la calle Ceuta, en el barrio de San Blas, que quedará destinado a la promoción de vivienda pública en un sistema equivalente al del Plan Vive; la solicitud del listado de las adjudicaciones del resto de vivienda pública desarrollada por el Ayuntamiento de forma pública planteada por Compromís, o el acceso a las ofertas que optaron a la subasta del solar de Playa de San Juan con el detalle de la hora y la fecha en la que se produjo su registro, demandado por EU Podem. 

Todo parece indicar que los tres grupos -y está por ver si también Vox- van a persistir en el tiempo con otras actuaciones similares con el objetivo de que Barcala hinque la rodilla. O que la dirección del PP se la haga hincar, como sucedió en 2018 cuando se acabó precipitando la dimisión del exalcalde socialista Gabriel Echávarri, envuelto entonces en dos investigaciones judiciales por la adjudicación de contratos menores y por el despido de la cuñada de Barcala (que trabajaba como interina en el ayuntamiento), después de que este presentase una denuncia contra él por las presuntas anomalías en esas contrataciones. La intensidad de esa presión dependerá de la fuerza que pueda imprimir Vox, o de si la renuncia de Barcala puede incluirse en alguna otra negociación pendiente tanto en la Comunitat como en otros territorios (justo ahora, se auguran contactos con el PP por la formación de gobierno en Extremadura y Aragón).

En principio, nada parece indicar que Barcala valore su posible marcha, toda vez que, al menos por ahora, no existe evidencia de que se haya adoptado algún acuerdo indebido en la gestión del equipo de gobierno. No constan anomalías demostradas de que se produjesen anomalías en la subasta del solar. Tampoco se ha acreditado la participación de la exconcejal Gómez o del resto de funcionarios que han resultado beneficiarios de un piso en la promoción de forma directa o a través de sus familiares (los casos de la jefa de Contratación y de dos arquitectos municipales) en decisiones relacionadas con esa enajenación, o con la concesión de la licencia de obra posterior.

Y tampoco se ha acreditado que Barcala estuviese al corriente de la existencia de un supuesto conflicto de interés o de una presunta incompatibilidad en el proceso hasta finales de enero, cuando la cooperativa presentó en el ayuntamiento el listado de compradores como uno de los últimos trámites de comprobación del contrato de venta del solar para que la Concejalía de Patrimonio pudiese certificar que se había producido la entrega de las viviendas previstas. Y que, en consecuencia, se había cumplido el fin perseguido con la venta del suelo, sin que el ayuntamiento fuese competente para decidir quién debía comprar esas viviendas.

Comprobaciones y patrimonio

A partir de ahí, la responsabilidad de la comprobación de los requisitos para que esos compradores pudiesen acceder a una VPP era de la Conselleria de Vivienda, con la particularidad de que el técnico que visó los 140 contratos habría podido tener un comportamiento irregular en ese trámite. Al menos, en lo que concierne al expediente relativo al contrato de compra del piso de su propia mujer, en el que el técnico -ahora expedientado- no consideró sus propios ingresos económicos, a pesar de forma parte de la misma unidad familiar. De ahí, que la propia conselleria haya presentado una denuncia contra él en Fiscalía, a la espera de que pueda concluirse la revisión del resto de contratos para determinar si pudo haberse cometido alguna otra anomalía.

Otra cosa es que Barcala pudiese haber conocido con anterioridad que la ya exconcejal de Urbanismo era una de las socias cooperativistas que figuraba como futura compradora de uno de los pisos (así como otros dos familiares suyos) a partir de la declaración de bienes que presentó en junio de 2023, cuando se produjo la constitución de la corporación. Barcala sostuvo en el pleno del pasado jueves que él desconocía que Gómez optaba a esa compra y que no tenía acceso al contenido completo de esas declaraciones de bienes. Por lo pronto, en el edicto que se publicó el 20 de julio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) con el resumen de esas declaraciones sí figuraba que Gómez -número 3 en la candidatura electoral del PP propuesta por la dirección local del partido que preside Barcala- poseía bienes inmuebles por 22.309,45 euros según valor catastral y atendiendo al porcentaje de titularidad. Es decir, que en ese momento, si pudo haber sido propietaria de parte de algún bien inmueble, con lo que podría interpretarse que no hubo la suficiente diligencia en el control o supervisión política.

Así, ese cúmulo de circunstancias podría derivar en un último escenario posible: que quedase frustrada la hipótesis de que Barcala pueda repetir candidatura en 2027. Él mismo ya ha anticipado ese deseo en varias ocasiones y, hasta ahora, nadie podía atisbar que el PP apostase por otra opción que no fuese la de avalar la reválida de un alcalde consolidado tras dos mandatos completos. Ahora, el impacto de la crisis de las VPP habría modificado ese contexto y podrían introducirse otras variables en función de cómo evolucionen los acontecimientos (la vertiente judicial), y de cuál siga siendo la exposición mediática y la presión política al respecto. Entre tanto, Barcala ha tratado de reaccionar con rapidez con la toma de decisiones como el registro de una denuncia en Fiscalía, la exigencia de reformas legales que refuercen los controles en las condiciones de adjudicación de la vivienda pública, la apertura de dos expedientes de averiguación respecto a los dos arquitectos municipales que compraron viviendas en la promoción, o la negociación de un acuerdo con la Conselleria de Vivienda por la que se procuraría que las viviendas de la promoción de la polémica que salgan a la venta puedan recuperarse para formar parte del parque público de vivienda municipal tras ejercer el derecho de tanteo y retracto para comprarlas.