VALÈNCIA. El adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, implica una serie de efectos colaterales que, en muchos casos, afectan de forma considerable a la Comunitat Valenciana.
Obviamente, la disolución del Parlamento conlleva el adiós a la última oportunidad del actual ejecutivo de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), por lo que se culmina la anomalía de que en toda la legislatura no se hayan aprobado unas cuentas. Una circunstancia que, tal y como informó este diario, ha provocado la prórroga de unos presupuestos —los de 2023—que dejaban a la cola en inversiones a la provincia de Alicante, situación que se ha perpetuado a lo largo de los tres últimos años.
Más allá de esto, una de las cuestiones fundamentales que cae con la convocatoria de este lunes es la reforma del sistema de financiación autonómica. El objetivo del ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, era llevarlo al Consejo de Ministros en los próximos días para, a continuación, iniciar los trámites en el Congreso para su aprobación antes de que terminara el año.
Pese a que la posibilidad de obtener una mayoría parlamentaria era reducida, el abrupto final de la legislatura aborta este intento de reforma, que de haberse aprobado habría supuesto que la Comunitat Valenciana recibiera 3.669 millones de euros más al año a partir de 2027, lo que habría mejorado notablemente su salud financiera. En este sentido, cabe recordar que el actual sistema, que debía haberse reformado en 2014, castiga a este territorio de forma indiscutible, dejando a la autonomía a la cola de España en financiación por habitante.
La reforma propuesta inicialmente por María Jesús Montero y después por Arcadi España llegó a ser aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), trámite necesario para pasar por el Consejo de Ministros, por lo que es el proyecto qué más lejos ha llegado en los doce años transcurridos desde que caducó el actual sistema, que entró en vigor en 2009.
Por otro lado, también decae de la hoja de ruta del Gobierno la condonación de la deuda autonómica. Un asunto que ha sido eje central de numerosos debates en esta legislatura y que, pese al desacuerdo de las regiones lideradas por el PP, como la Comunitat Valenciana, habría supuesto al menos una quita de 11.210 millones de euros para este territorio.
Esta propuesta llegó aún más lejos que la reforma de la financiación, ya que después de pasar por el CPFF, fue aprobada como proyecto de ley por el Consejo de Ministros antes del verano y en la actualidad se encontraba en fase de tramitación por parte del Congreso, que había prorrogado varias veces el periodo de enmiendas. Como todos los proyectos de ley en tramitación, decae con la disolución de las Cortes y solo volvería al Congreso si el nuevo gobierno salido de las urnas vuelve a aprobarlo.
Derecho civil valenciano
Otra iniciativa legislativa que atañe a los valencianos es la proposición de ley de reforma constitucional para reconocer el derecho civil valenciano. En este caso, al tratarse de una proposición de ley presentada por Les Corts Valencianes, no decae, sino que queda en un limbo a la espera de que el Congreso que salga de las urnas decida volver a tramitarla, sin que sea necesario que se vuelva a presentar.
De hecho, la citada proposición se registró por parte de Les Corts en febrero de 2020 y, tras permanecer en un cajón toda la legislatura, sobrevivió a la disolución y convocatoria electoral de 2023. La nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, le dio un empujó al solicitar a la cámara autonómica en 2025 que nombrara a tres representantes para defenderla en la Cámara Baja, pero la mayoría de PP y Vox en la Mesa de Les Corts han impedido que se enviara a nadie a defender la reforma.
Adiós a las comisiones de investigación sobre la Dana
La disolución del Parlamento y la convocatoria electoral supone también un final abrupto para comisiones de investigación tan relevantes como las que atañen a la Dana de Valencia tanto en el Congreso como en el Senado.
Así, no habrá más comparecencias ni tampoco conclusiones, dado que cuando se produce este trámite, las comisiones también decaen y no pueden posteriormente a retomarse en el punto donde se habían dejado. O lo que es lo mismo, si existe voluntad política de obtener o promulgar unas conclusiones, tendría que aprobarse y reiniciarse desde cero esta comisión en la próxima legislatura.
El final de la comisión "sobre la gestión de la crisis derivada de la Dana" en el Congreso acaba así sin que se hayan producido algunas comparecencias reseñables como la del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
