VALÈNCIA. El flamante ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, se ha estrenado en su primer mes con un chasco para las 15 comunidades autónomas de régimen común: un importante recorte a las transferencias que reciben cada mes del sistema de financiación autonómica.

Un recorte adicional al que venían sufriendo desde que empezó el año y que es especialmente gravoso para las CCAA peor financiadas, como la valenciana.

El motivo es técnico y, a la vez, de falta de voluntad política: las transferencias mensuales que reciben las CCAA, anunciadas con antelación por el Gobierno según la recaudación prevista, se aprueban en la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de cada año. Al no haberse aprobado PGE para 2024, 2025 ni 2026 —el Gobierno de Sánchez ni siquiera cumplió su obligación de presentar los proyectos—, la cantidad a transferir, según la ley, es la del último Presupuesto aprobado, el de 2023.

Es decir, en tres años ha aumentado notablemente la recaudación de IVA, IRPF e impuestos especiales, han aumentado los gastos de las comunidades, pero el Gobierno retiene ese aumento de la recaudación que debería transferir, no por deferencia, sino porque la ley de financiación de las CCAA así lo establece.

En la Comunitat Valenciana, la merma en abril respecto al dinero que el Ministerio de Hacienda debería haber transferido es de 163,5 millones de euros, según fuentes de la Generalitat. Es muy superior al de enero febrero y marzo, cuando en total fueron 260 millones menos. En definitiva, 423,5 millones menos en cuatro meses.

El recorte continuará en los próximos meses mientras el Gobierno no actualice las entregas a cuenta mediante un real decreto-ley. Una vez actualizadas, las CCAA recibirán lo que les toca y los atrasos, una demora que las comunidades bien financiadas se pueden permitir pero que al Consell de Pérez Llorca le supone un problema por el déficit crónico que padece la Generalitat.

En 2024 y 2025 no se actualizaron hasta el verano

A falta de presupuestos Presupuestos, la única solución es un real decreto-ley del Gobierno que actualice las entregas a cuenta para ese ejercicio concreto. 

Cabe recordar que en 2024 la entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, retrasó la actualización hasta julio y no pagó lo que había retenido en el primer semestre hasta septiembre, provocando retrasos en los pagos a proveedores de la Generalitat.

En 2025, Montero incluyó la actualización en un decreto ómnibus rechazado por el Congreso, mantuvo el 'castigo' hasta junio y no pagó los atrasos —1.000 millones de euros en el caso de la Comunitat Valenciana— hasta julio, lo que obligó al Consell a pedir varios anticipos para poder pagar a proveedores. También tuvo que aplazar un mes el pago de la factura de las farmacias.

El motivo de que el hachazo este mes de abril sea mucho mayor que en enero, febrero o marzo es que para este año el Gobierno sí aprobó con antelación un real decreto-ley. Lo hizo en diciembre, semanas después de anunciar el importe de las transferencias en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Sin embargo, lo hizo mezclado las entregas a cuenta con otras muchas medidas en lo que se conoce como decreto ómnibus. Lo aprobó el 23 diciembre, lo que permitió que las CCAA ingresaran en enero no la cantidad prometida para 2026, sino la misma cuantía que en los últimos meses de 2025.

Sin embargo, el decreto no fue convalidado por el Congreso al votar en contra PP, Vox y Junts, que estaban en desacuerdo con algunas medidas incluidas en el decreto ómnibus. El decreto decayó el 28 de enero, pero al estar en vigor en el momento de tramitarse la transferencia por parte del Ministerio de Hacienda, las CCAA recibieron las entregas actualizadas a 2025.

Lo mismo ocurrió con el segundo decreto ómnibus, aprobado el 3 de febrero y que decayó el 26 de ese mes al no ser convalidado por el Congreso. Según explica el Ministerio de Hacienda, las transferencias de marzo ya estaban tramitándose cuando el Parlamento rechazó la convalidación, por lo que se mantuvieron las cifras de enero y febrero.

En cualquier caso, esas entregas a cuenta del primer trimestre eran las prorrogadas de 2025, que ya suponían una merma respecto a las transferencias anunciadas para 2026.

Un mes de Arcadi España... sin decreto 

El hachazo ha llegado en abril, después de que el Gobierno haya dejado pasar el tiempo sin aprobar otro real decreto-ley para actualizar las entregas a cuenta, porque ya no se pagan las cantidades mensuales de 2025 sino las de 2023.

No lo hizo Montero en su último mes en el gobierno antes de su dimisión, el 24 de marzo, y no lo ha hecho en el mes que lleva en el cargo su sucesor, Arcadi España, que sin duda es conocedor, como exconseller de Hacienda, del problema que provoca la no actualización de las entregas a cuenta en el departamento que ahora dirige José Antonio Rovira.

Varios ayuntamientos de toda España y la Junta de Extremadura han reclamado en los últimos días esa actualización, tras ver el bocado que tenían sus transferencias de abril, petición que ha sido respondida desde el PSOE con el argumento que solía utilizar Montero: que la culpa de que no haya actualización es del Partido Popular por haber votado en contra —junto a Vox y Junts— de los decretos ómnibus.

Como ha ocurrido otros años, habrá decreto con la actualización y el dinero llegará, aunque ya llega tarde.