VALÈNCIA. La Audiencia de Valencia ordena abrir juicio oral contra la que fuera vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, y otros 14 miembros de su departamento por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del exmarido de la dirigente de Compromís. La sección cuarta de la Audiencia ha estimado los recursos de las acusaciones contra la decisión del juzgado de instrucción de archivar el caso.
La institución judicial provincial señala que el instructor "no puede negar a las acusaciones" la apertura del juicio oral "si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta" valoradas "razonablemente" por ellas como delictiva, según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El juzgado de Instrucción 15 de Valencia acordó el sobreseimiento provisional y rechazó abrir juicio oral al no apreciar ningún indicio de delito pero los recursos de Vox, Gobierna-Te -la plataforma impulsada por Cristina Seguí- y la representación de la víctima, dirigida por el líder de España 2000 José Luis Roberto, habían devuelto la palabra a la instancia superior. Los escritos de alegaciones presentados por Oltra y otros procesados se apoyaban precisamente en la falta de "indicios racionales de criminalidad" que defiende no solo el juzgado de instrucción sino también la Fiscalía, que apoyó el archivo.
En ese sentido, la resolución tampoco ha sorprendido demasiado después de que la misma sección cuarta de la Audiencia Provincial ya ordenara reabrir el caso y procesar a los encausados contra el criterio del instructor y el Ministerio Fiscal. La Audiencia defendió entonces que existía la hipótesis "plausible" de que cuando la noticia de los abusos llegó a la Conselleria de Igualdad, "las personas que tuvieron conocimiento de los hechos y bajo cuya protección y tutela se encontraba la menor, habrían pretendido ocultarlos".
Tras ello, el juzgado rechazó la apertura de juicio oral y volvió a archivar el caso al considerar que las acusaciones, particular y populares, se basan "en meras conjeturas o sospechas, no susceptibles de convertirse en prueba de cargo alguna". "Estimo que nadie debe ser juzgado sin que exista un solo indicio racional de criminalidad contra el mismo y, en conciencia, reitero que no los aprecio en la conducta de los encausados", señalaba aquel auto de junio de 2025.
En su escrito, la Fiscalía sostuvo también que "no hay constancia" de que "nadie con responsabilidades a cualquier nivel de la Conselleria tuviera conocimiento" de los hechos ni "dirigiera orden, instrucción, consigna o indicación alguna" a ningún otro responsable o técnico "acerca de cuál debía ser su modo de proceder".
Esta decisión fue objeto de recurso por parte de las acusaciones. Ahora la Audiencia vuelve a corregir la decisión del juzgado, al que ordena la apertura de juicio oral, por lo que la exconsellera y sus colaboradores tendrán que sentarse en el banquillo.
