VALÈNCIA. Javier Matoses hace cálculos de cabeza para sus 146 hectáreas. La tonelada de abono, 979 euros; el litro de gasóleo agrícola a veces llega a 1,66. Para alguien ajeno al sector agrícola, son cifras difíciles de dimensionar, pero cuando este productor de arroz las pone en contexto y las compara con las de hace apenas tres meses, se hace evidente la factura que la crisis en el estrecho de Ormuz se está cobrando en el campo valenciano. "Antes de la guerra pagué 572 euros la tonelada. Así que ahora estoy pagando casi el doble, a lo que hay que añadir el IVA. El gasóleo antes de la guerra lo pagaba a 0,91", explica Javier a este periódico.

En su caso, ha necesitado 60.000 kilos de abono, por lo que el encarecimiento de esa partida en su explotación alcanza una proporción desmesurada: "En lugar de 30.000 euros pues me cuesta sobre 60.000 euros". Por lo que respecta al combustible de los tractores, el consumo es de 300 litros al día y en cada jornada requiere de dos o tres. "Habré gastado entre 20.000 y 25000 litros", señala Javier. Por tanto, las cuentas ascienden para este coste a más de 41.000 euros. Ya solo con combustible y fertilizante la factura supera los 100.000 euros, a los que hay que sumar otros gastos.

"Si esto persiste un año, la ruina es total", advierte. Y es que ya han pasado tres meses desde que estalló el conflicto entre EEUU e Irán y las noticias de que se acerca un acuerdo quedan constantemente en papel mojado al iniciarse nuevos ataques. Según los cálculos de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), los arroceros del parque natural de La Albufera se gastarán tres millones de euros más que la pasada campaña debido a un encarecimiento del 7% de los costes de producción, sobre todo del gasóleo y los fertilizantes, así como de las semillas y la mano de obra.

Este encarecimiento de las materias primas se suma los problemas estructurales del sector. "En los últimos tres años el arroz ha reducido su precio un 30% por las importaciones. Antes se vendía a 0,69 el kilo y este año a 0,50", explica.

Competencia y restricciones fitosanitarias

A esta presión económica se suman otros problemas que, según Matoses, merman la competitividad del arroz valenciano frente al de otros países productores. Uno de ellos es la falta de transparencia para el consumidor sobre el origen del producto. "El gran problema que tiene el arroz es que en el envase no es obligatorio poner el origen. Te puede poner que está envasado en Massamagrell, pero dentro hay arroz de aquí y de allá", lamenta.

Por ello, insiste en que la única garantía para identificar el producto local es la Denominación de Origen. "La única forma de saber que el arroz que compras está cultivado en Valencia es la DO. Muchas comercializadoras no la ponen porque mezclan arroz de fuera", asegura.

A las dificultades del mercado se añaden las limitaciones regulatorias. Matoses denuncia que los agricultores valencianos disponen de menos herramientas para combatir plagas y malas hierbas que sus competidores europeos. "Tenemos un doble hándicap. La Unión Europea prohíbe determinadas materias activas que sí se utilizan en otros países productores, y además en España tenemos restricciones en herbicidas que no existen en Portugal o Italia. El agricultor tiene menos herramientas", explica.

La factura de los tratamientos fitosanitarios tampoco es menor. Entre herbicidas, plaguicidas y tratamientos contra la pericularia, un hongo favorecido por las altas temperaturas y la humedad, el productor calcula que desembolsa cerca de 260.000 euros anuales. La enfermedad llegó a reducir la cosecha hasta un 30% en algunas parcelas. "Todo esto se traduce en pérdidas. Y si además multiplicas el coste del abono y del gasóleo, la situación se complica muchísimo", resume.

El temor del sector va más allá de la rentabilidad de una campaña concreta. Para Matoses, el verdadero riesgo es el abandono progresivo de los cultivos. "Si esto sigue así, la gente dejará de cultivar", advierte. Una posibilidad que tendría consecuencias directas sobre el propio ecosistema de la Albufera, donde el arrozal ocupa alrededor del 70% de la superficie del parque natural.

"Si se abandonan los campos proliferarán las malas hierbas y afectará a todo el parque natural. Ya no sería solo un problema para la agricultura o para el arroz valenciano", señala. En su opinión, la continuidad del cultivo resulta clave para mantener el equilibrio ambiental de un espacio cuya conservación depende en gran medida de la actividad agraria.

La incertidumbre es especialmente elevada porque los agricultores deben asumir todos los costes varios meses antes de conocer el resultado económico de la cosecha. "Hemos sembrado ahora y recogeremos a mediados de septiembre. Son cuatro meses de trabajo y preparación de los campos antes de saber qué precio tendrá el arroz", concluye.