VALÈNCIA. La jueza que instruye el caso de la Dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha presentado una exposición razonada a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) con el objetivo de que investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón.

Así lo ha confirmado el citado tribunal a través de su perfil de la red social X. De esta manera, tras más de 15 meses de instrucción, la magistrada ha decidido elevar esta exposición tras tomar testimonio a medio millar de testigos y peritos en una causa que investiga la muerte de 230 personas en la provincia de Valencia y otras tantas lesiones por imprudencia y en la que, hasta el momento, estaban investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y al ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

Según la exposición razonada, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, la investigación "no se puede circunscribir exclusivamente a los dos investigados" sino que "ha de extenderse de manera inevitable" a Carlos Mazón "por la evidente conexidad [...] así como a la inactividad negligente de quien fuera president de la Generalitat y actualmente sigue ostentando la condición de Diputado de Les Corts". La jueza considera que hay "indicios, pruebas, competencia y regulación normativa en materia de protección civil" que incriminarían al exdirigente popular.

La magistrada insiste en que los "elementos probatorios" no "versan sobre la responsabilidad política y moral, sino que nos sitúan en un marco distinto: el de la responsabilidad penal" del expresident, que según la jueza tenía "posición de garante". "La negligencia se prolongó durante largas horas, los fallecimientos se iban sucediendo de manera imparable, sin que se tomaran decisiones básicas, con una falta de coordinación en la Administración Autonómica presidida por el señor Mazón, lo que exige que la investigación se extienda a dicho aforado", abunda la jueza en el escrito.

Una de las claves por las que la jueza argumenta su postura es que "podía el Presidente, conforme a la normativa legal, dar órdenes e instrucciones y llevar a cabo tareas de coordinación ante la evidente parálisis en que tuvo lugar en la adopción de medidas de salvaguarda" tanto por parte de la Conselleria de Interior y el Cecopi, que dirigía la entonces consellera Pradas.

"En Presidencia, la emergencia se detuvo cuando entró en el reservado"

La jueza achaca esa "ajenidad" y la "falta de coordinación" entre los departamentos de la Generalitat Valenciana al exjefe del Consell que debería haber intervenido "por sus funciones" propias como president, que "ante una situación de extrema gravedad optó por recluirse en el reservado de un restaurante" que no "sirvió de centro directivo dado el escaso intercambio de las llamadas, la escasa duración de las mismas y la falta interacción con los responsables autonómicos". Una "pasividad", sustentada también en su "ausencia" en la toma de decisiones por parte del Cecopi -del que no formaba parte-, que sin embargo la jueza considera "negligente" y "un elemento decisivo" en la muerte de las víctimas de la tragedia.

"Desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante", es contundente la instructora, quien recalca que según lo manifestado por Maribel Vilaplana, él no presentaba "inquietud alguna" mientras estaba en El Ventorro. "Se mantenía en el interior del restaurante, durante el peor momento de la emergencia y las llamadas que se pudieron haber hecho no revisten ningún resultado positivo, ni ninguna actuación", apunta el escrito.

La magistrada ve claves los mensajes que se cruzaron aquella tarde el que fuera jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, y la entonces consellera, Salomé Pradas, donde el primero instó a no confinar a toda la provincia. "Salo, de confinar nada", llegó a espera Cuenca en uno de sus whatsapps, aportados a la causa por la exconsellera. En contra de lo que declaró como testigo el propio Cuenca, la jueza sí considera los mensajes como "órdenes" y a su juicio es "inverosimil" que no fuera así por "el simple tenor literal de los mensajes".

Según la jueza, aquel mensaje tenía un "carácter claramente imperativo" y, teniendo en cuenta que el propio Cuenca alegó que carecía de conocimientos jurídicos, la conversación demostraría "una insistencia en el control de la emergencia que solo puede responder de forma lógica a que obedeciera instrucciones de su superior". La conversación acabó cuando Cuenca le dijo que llegaba el presidente al Cecopi, que según la jueza es "una forma de decirle que se espere a la llegada inminente" de Mazón.

Asimismo, abunda en que "la posibilidad de que el president fuera ajeno a las ordenes expresadas por su Jefe de Gabinete resulta ilógico". Pero incluso en ese caso "absolutamente improbable", y considerando que "la gestión como presidente autonómico de una emergencia de tal calibre era imposible llevarla a cabo desde un restaurante" mientras estaba con Maribel Vilaplana y la acompañaba al parking para después volver al Palau, incluso en ese caso, señala, estaríamos ante un "escenario de absoluto descontrol de gestión de la emergencia en la que no se impartían ordenes, ni instrucciones por quien ostentaba la condición de máxima autoridad".

La investigación de la jueza a Mazón

La investigación sobre la gestión de la Dana empezaba a generar dudas en más de una de las partes personadas en la instrucción por la decisión de la jueza instructora de investigar directamente la actuación del expresident de la Generalitat Valenciana pese a que, como aforado -sigue siendo diputado en Les Corts, solo puede ser investigado por el TSJCV. Un proceder que ha levantado más que un rumor entre las representaciones procesales, tanto defensas como acusaciones, que tanto en público como en privado advertían de los peligros que tenía que la jueza de instrucción cercara al exjefe del Consell.

Hay que recordar que en los últimos meses la jueza ha citado a declarar no solo a la periodista que comió con Mazón el día de la Dana, Maribel Vilaplana, o al dueño de El Ventorro. También al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, e incluso a Juanfran Pérez Llorca apenas unos días antes de que fuera nombrado candidato a sustituir a Mazón al frente del Consell.

Otros citados: el chófer del expresident, la secretaria, los escoltas, el jefe de los escoltas y los altos cargos más próximos como el secretario autonómico Cayetano García o el exjefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, que ha pasado a testificar en dos ocasiones -una con motivo de un careo con la exconsellera Salomé Pradas-. De hecho, la magistrada ha llegado a ordenar una comisión rogatoria a EEUU para pedir a Whatsapp la recuperación de los mensajes de Cuenca de aquel 29 de octubre.

Para todo ello, la jueza se agarraba al auto de la Audiencia Provincial del 24 de octubre, que supuso un punto de inflexión en la instrucción, porque aunque asumía que las pesquisas no pueden "ir dirigidas directamente a investigar la conducta" de Mazón, le daba margen de maniobra a la jueza al sostener que "no deberán dejar de practicarse por el hecho de que pudieran aportar datos que dotaran de solidez a la imputación contra el aforado". Con ello, se abrió la veda para la magistrada, que ha recabado hasta el ticket de la comida de Mazón con Vilaplana, el del parking donde la comunicadora dejó el vehículo o las dimensiones del reservado donde se produjo el encuentro. Todo para indagar, de manera poco velada, los pasos del expresident.