VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad contabilizó un total de 1.457 agresiones a sus profesionales en 2025. De esta manera, las agresiones registradas en la sanidad pública valenciana se incrementaron un 7,5% durante el pasado ejercicio, alcanzando un nuevo máximo en la tasa de incidencia por cada 1.000 trabajadores.
Así se desprende de la Memoria de Gestión de la Conselleria de Sanidad de 2025. Según los datos de este documento, las agresiones verbales fueron las más habituales: se registraron un total de 1.227, el 84,2% del total. El resto, 230 agresiones, fueron de carácter físico.
La tasa de incidencia, que mide el número de agresiones por cada 1.000 profesionales, creció en ambos tipos de actos. En este sentido, se situó en el 3,1 para las agresiones físicas y en el 16,6 para las verbales. En suma, se produjeron un total de 19,7 agresiones por cada millar de trabajadores de la sanidad pública valenciana.
La Memoria del departamento que encabeza Marciano Gómez muestra la evolución de este indicador desde el ejercicio 2010, con un fuerte incremento tras 2020, ejercicio marcado por la pandemia de coronavirus. La subida fue especialmente notable entre 2021 y 2022, mientras que desde entonces la curva se ha ido aplanando, aunque marcando nuevo máximo año tras año.
Multas de hasta 60.000 euros por agresiones a sanitarios
Mientras las agresiones contabilizadas siguen al alza, la recientemente aprobada ley de Medidas Fiscales - conocida como ley de Acompañamiento a los Presupuestos - incluye una reforma de la ley valenciana de Salud para, precisamente, crear un régimen sancionador específico para este tipo de actos. La iniciativa viene de lejos, pues hace justo un año que el departamento que encabeza Marciano Gómez inició el trámite de consulta pública con la intención de reforzar las sanciones.
La reforma no solo contempla supuestos de violencia física, los menos denunciados por los profesionales, sino que extiende la protección a sanitarios hacia ámbitos que hasta ahora no se habían contemplado en la norma autonómica. En este sentido, las nuevas sanciones oscilan entre los 500 y los 5.000 euros para las infracciones leves, entre 5.001 y 15.000 euros para las graves y entre 15.001 y 60.000 euros para las muy graves.
Estas últimas incluyen conductas como el acoso, las amenazas, los ataques físicos o verbales y aquellas actuaciones que atenten contra la libertad sexual de los profesionales sanitarios. También figuran agravantes por reincidencia y se estiman sanciones más severas para quienes acumulen antecedentes por comportamientos similares.
La Generalitat Valenciana, además de las citadas multas, también podrá imponer medidas como la reasignación de médico o centro sanitario al infractor y exigir la reparación de los daños ocasionados en instalaciones y equipamientos públicos. Además, la administración podrá reclamar el coste de la asistencia prestada a la víctima, así como las indemnizaciones correspondientes en el caso de que se hayan producido perjuicios materiales o personales por la agresión.
