VALÈNCIA. Vicente Martínez Mus, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, avisó de que el nuevo decreto que regula el taxi y las VTC no contentaría por completo a ninguno de los dos modelos. Pero lo cierto es que no sólo ha sido así, si no que ambos sectores se plantean demandar o denunciar el texto recogido en el Decreto ley 5/2026, de 29 de mayo, del Consell, de modificación del Decreto ley 4/2019, de 29 de marzo, del Consell, de prestación del servicio de transporte público discrecional de personas viajeras mediante el arrendamiento de vehículos con conductor.
Pese a que la norma supone una cesión significativa a las VTC por permitirles realizar trayectos urbanos, las patronales que representan a este modo de transporte reaccionaron este miércoles de manera negativa al texto del decreto, aprobado hace menos de dos semanas. En concreto, Unauto-VTC y Movva critican que la norma "vuelve a situar al sector ante un escenario de incertidumbre, en lugar de proporcionar una solución estable". Incluso, advierten de que se plantean recurrir a la Comisión Europea al considerar que algunos aspectos podrían vulnerar el Derecho europeo.
Las asociaciones consideran que el texto aprobado supone una "patada hacia delante" del problema regulatorio. "Reconoce la actividad urbana de las VTC existentes solo de forma provisional y por un periodo máximo de dos años, pero no consolida su continuidad en el largo plazo ni ofrece un marco jurídico estable para empresas, trabajadores, autónomos y usuarios", señalan las patronales. Y es que el Consell, aunque autoriza a los más de 2.000 vehículos con conductor a realizar trayectos urbanos, ha decidido paralizar la autorización de 4.000 licencias en un periodo máximo de dos años, plazo que se ha dado para elaborar un estudio técnico que determine la proporcionalidad que debe haber entre número de taxis y VTC.
"Esta norma no resuelve el problema: lo aplaza. El Consell ha elegido una solución temporal donde podía haber dado seguridad jurídica. Dentro de dos años, si no se corrige el rumbo, empresas, trabajadores y administración volverán a enfrentarse al mismo conflicto, probablemente con más litigiosidad y más inseguridad que hoy", señalan las patronales, que insisten en que el Decreto-ley "mantiene abiertos riesgos de incompatibilidad con el Derecho europeo", especialmente por la "provisionalidad" de la habilitación urbana, las restricciones tecnológicas y operativas, y determinados aspectos del régimen sancionador.
Ante esta situación, las asociaciones, que representan a empresas como Uber y Cabify, anuncian que "se reservan" la posibilidad de trasladar la norma a la Comisión Europea si se confirma que algunas de sus previsiones pueden no ajustarse a los principios de proporcionalidad, no discriminación y libertad de establecimiento.
A juicio de las patronales, la Comunitat Valenciana no debería repetir el camino de Cataluña, cuya regulación sobre VTC está siendo analizada en Bruselas por su posible encaje con el Derecho europeo. Unauto-VTC y Movva subrayan que Europa permite ordenar el transporte, pero exige que cualquier restricción "sea necesaria, proporcionada, no discriminatoria y basada en razones reales de interés general". La protección económica del taxi, según indican las VTC, "no puede servir como fundamento para limitar estructuralmente la actividad de otro operador de movilidad".
Las patronales consideran que el Consell debería separar el escenario en dos cuestiones: la ordenación futura del crecimiento del mercado, que puede abordarse con estudios técnicos y criterios objetivos; y la continuidad de las VTC ya existentes, que, según indican, "debería haberse reconocido de forma plena, estable y no temporal".
El sector VTC defiende su impacto económico en la Comunitat al generar 5.000 empleos y aportar más de 56,8 millones de euros en cotizaciones sociales, IVA e impuesto de hidrocarburos. "La Comunitat Valenciana necesitaba una solución definitiva. El Consell ha aprobado una solución provisional en formato de cuenta atrás que puede dar lugar a un futuro complicado para todos los actores implicados. El sector seguirá defendiendo, con responsabilidad y firmeza, su derecho a trabajar con reglas claras, estabilidad y pleno respeto al marco jurídico español y europeo", concluyen ambas patronales.
Querellas del taxi
Por su parte, el taxi ya advirtió nada más conocerse las líneas generales de la nueva norma que "preparan demandas mercantiles y querellas penales contra el Consell" por permitir que los vehículos con conductor realicen servicios urbanos y eliminar los 15 minutos de espera entre la contratación y el servicio, dos aspectos que eran líneas rojas para el servicio público.
"Vemos muy claro que todo lo que han aprobado va contra el taxi y contra el modelo actual del taxista autónomo profesional. Quieren poner el transporte urbano en manos de empresas, concediendo autorizaciones urbanas de VTC a dedo a cuatro empresas", afirmó Fernando del Molino, presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana, poco después de la aprobación del dectro. El portavoz asegura que no tardarán en reclamar indemnizaciones. "Vamos preparar querellas y demandas mercantiles. Estamos totalmente en contra de casi todo lo que pone en el comunicado", agrega.
Desde la Generalitat recuerdan que los tribunales han tumbado normativas estatales, autonómicas e incluso locales por ser especialmente estrictas con las VTC. Además de abrir definitivamente la puerta a que las plataformas como Cabify y Uber puedan operar en trayectos urbanos sin la obligación de esperar 15 minutos desde la contratación, el Consell también introduce medidas reclamadas históricamente por el taxi.
Entre ellas, destaca la congelación de nuevas licencias tanto para VTC como para taxis ante la avalancha de solicitudes registrada tras el decaimiento de la normativa anterior. La suspensión se mantendrá vigente hasta que la Generalitat elabore un informe sobre la situación de la movilidad y del propio sector. No obstante, en el caso del taxi sí se contemplan excepciones cuando exista un incremento de la demanda o sea necesario ampliar la flota de vehículos adaptados para personas con discapacidad.
Además, el Consell endurece el régimen sancionador para tratar de evitar incumplimientos por parte de las VTC. Las multas podrán alcanzar los 6.000 euros e incluso implicar la inmovilización del vehículo en casos como captar clientes en la vía pública sin contratación previa o prestar servicio fuera del ámbito permitido por la autorización.
