ALICANTE. La crisis desencadenada en torno a las viviendas de protección pública (VPP) construidas en el distrito de Playa de San Juan sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante en un proceso que se alargó entre 2018 y 2022 cumple justo ahora diez días. En ese plazo, han venido trascendiendo nuevos datos en un flujo casi continuo hasta haberse convertido en un asunto que ha copado espacio en los informativos televisivos de las cadenas nacionales, con el consiguiente castigo para el Partido Popular: el partido que gestiona ahora tanto en el Ayuntamiento de Alicante, de donde parte el proceso, como en la Generalitat, donde finaliza con las comprobaciones preceptivas sobre las condiciones de compra de los pisos. 

En ese recorrido, se han conocido indicios de irregularidades de las que ya se ha dado traslado a la Fiscalía, mediante cuatro denuncias distintas, cuya investigación acabará judicializándose de forma acelerada tras el registro de una quinta por parte de Manos Limpias. En este último caso, se trata de una denuncia que quedó registrada directamente ante el juzgado de guardia en el Palacio de Justicia de Benalúa, lo que propiciará que todas acaben centralizándose en el juzgado al que se turne este último escrito. Con todo, todavía existirían varios aspectos que no se han aclarado o sobre los que no se ha aportado información completa.

¿Qué se sabe hasta la fecha? Primero, que la subasta de la parcela ha tenido una tramitación larga. Se preparó bajo el mandato del tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís, en un proceso que arrancó en 2016, según detalló el alcalde, Luis Barcala, en la comparecencia forzada por los tres partidos del eje progresista (PSOE, Compromís y EU Podem) para que diese explicaciones sobre el proceso de venta del suelo y sobre la concesión de la licencia de obra. Eso sí, la enajenación se produjo ya con el PP en el poder, en julio de 2018. Para entonces, según Barcala, ya se había definido que el solar en cuestión (una pieza codiciada por su ubicación, en el distrito de Playa de San Juan, sobre la que se había planteado un proyecto municipal para construir VPO en 2007, y por la que llegó a interesarse el Obispado en una hipotética permuta con el Asilo de Benalúa, y hasta la Guardia Civil, para situar su nueva Comandancia) quedaba reservado para el desarrollo de una promoción de vivienda de protección pública (VPP) de iniciativa privada.

Con todo, la subasta quedó suspendida. Se presentaron dos recursos (uno de ellos de la asociación de promotores Provía) dirigidos contra la inclusión de la cláusula de desempate por la que se preveía conceder el suelo a la empresa que hubiese registrado su oferta en primer lugar. Los populares frenaron anularon la licitación entonces y trataron de introducir otra fórmula de desempate distinta: el sorteo. Pero la cooperativa Residencial Les Naus -que había presentado oferta- impugnó esa paralización y, a la postre, consiguió una sentencia del TSJ a su favor. La subasta se retomó tal como estaba prevista a finales de 2021 y se acabó adjudicando en febrero de 2022 en favor de esa misma cooperativa. Según se informó entonces, su propuesta se impuso al sumar 10 puntos más que la presentada por Edificio Teulada, del Grupo Bonmatí, al haber ofertado más plazas de estacionamiento para vehículos eléctricos: 125 frente a 75. El resto de sus ofertas era exactamente idéntica. Pero, además, Residencial Les Naus también había sido la primera en registrar su propuesta, por lo que habría resultado ganadora en caso de empate.

Se sabe también quién redactó los pliegos de condiciones de la subasta. Se trata de dos técnicos ya jubilados, según concretó Barcala: José Luis Ortuño y Elpidio Vázquez. Y se sabe que, por aquel entonces, la actual jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, ya ejercía esas funciones, aunque, según el informe de averiguación de hechos elaborado por el vicesecretario general del ayuntamiento, no tuvo ninguna participación en la toma de decisiones respecto a esa subasta toda vez que el expediente dependía del área de Patrimonio, y no de Contratación, y que se limitó a ejercer como secretaria de la mesa de contratación, sin capacidad de voto. Es decir, que no pudo influir con el propósito de beneficiar a sus dos hijos y un sobrino que acabaron comprando pisos en la promoción como socios cooperativistas. Lo que no se sabe es si alguien pudo contar con información privilegiada respecto a las condiciones concretas del concurso antes de que se convocase, o si pudo conocer las ofertas presentadas antes que nadie para usar esa circunstancia en su propio beneficio.

La inscripción

También se sabe que cualquier interesado en optar a las futuras viviendas debía inscribirse como socio cooperativista en Residencial Les Naus: la competente para asignar los pisos, conforme al reglamento que regula las VPP, previo pago de la cuota correspondiente por el coste de las obras. Y se sabe que parte de ellos procedía de la lista de espera de otra promoción de renta libre, Residencial Viride, también impulsada por Fraorgi -la entidad gestora de Residencial Les Naus- construida, asimismo, en régimen de cooperativa. Se sabe que algunos de los socios aseguran haber tenido noticias del proyecto a partir de la información publicada cuando se celebró la subasta, lo que les llevó hasta Fraorgi. Se sabe que otros dicen haberse enterado por los carteles que anunciaban la promoción instalados en el mismo solar.

Y se sabe que la lista quedó interrumpida cuando la licitación se suspendió, en 2018, para reactivarse ya en 2021, cuando se retomó el concurso, con los socios que todavía permanecían interesados y completarse con otros nuevos, ya que se registraron bajas. Lo que no se sabe a ciencia cierta es si pudo haber algún tipo de alteración en el orden de inscripción, ya que esa ordenación no era pública y, de hecho, no tenía obligación de serlo. Por lo pronto, la gestora de la cooperativa niega cambios y sostiene que se mantuvo el orden cronológico de registro, salvo en los casos en los que pudo producirse intercambios de posiciones pactados entre los mismos socios (una posibilidad amparada por la normativa, así como la permuta de pisos entre ellos). Solo los propios cooperativistas podrían tener constancia de que se mantuvo ese sistema cronológico al tener acceso a la documentación de esa ordenación que se les facilitaba, siempre que esta no hubiese sido manipulada. Lo que no se sabe es si hubo negocio con las plazas de socio a través de pases a terceros, como ha llegado a circular en distintos ámbitos, a pesar de que la entidad gestora de la cooperativa ya lo haya negado.   

Se sabe la identidad de algunos de los socios que han acabado adquiriendo los 140 pisos. Entre ellos, además de los hijos y el sobrino de la jefa de Contratación, también figuran la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez (en realidad, quien se inscribió inicialmente en 2018 fue su pareja, aunque luego quedaron registrados juntos como matrimonio), su suegro (aunque de partida la inscrita fue su suegra), así como una excuñada. Se sabe que también figura el arquitecto municipal Francisco Nieto que, según el informe de averiguación de hechos encargado por el alcalde, estuvo participando en negociaciones sobre el seguimiento del contrato de la subasta y estuvo a punto de ser nombrado como su técnico director. Consta, igualmente, una segunda arquitecta municipal, esposa del técnico de la Conselleria de Vivienda que visó los 140 contratos de la promoción, y que, según ha constatado el departamento autonómico, habría podido beneficiar a su mujer al no computar sus propios datos de renta (los de él) pese a ser parte de la misma unidad familiar.

Y, entre los socios que tendrían algún tipo de vínculo con cargos públicos, también consta la exmujer del ya exjefe de gabinete de la Conselleria de Innovación y Turismo, Miguel Ángel Sánchez, que fue asesor en el Ayuntamiento de Alicante desde 2015 hasta 2023. Primero con Ciudadanos, hasta que, tras esas últimas elecciones, dio el salto al PP. Lo que no se sabe por ahora es si constan otras personas de ese mismo ámbito: representantes políticos electos, otros funcionarios del mismo ayuntamiento o familiares suyos. Por lo pronto, el equipo de gobierno ha anticipado su intención de cruzar el listado de socios de la cooperativa con el listado de trabajadores municipales para precisar si pudo haberse registrado alguna anomalía.

Se sabe que el equipo de gobierno, y su alcalde Luis Barcala en particular, aseguran no haber tenido conocimiento de que entre los compradores de las casas figuraban Gómez y funcionarios municipales hasta enero de este año, cuando un informe del área de Patrimonio alertó de la posible existencia de un conflicto de interés o de incompatibilidad, en el trámite de comprobación de la entrega de las viviendas construidas: una de las fases finales de ejecución del contrato de subasta. Barcala también aseguró en el pleno de este jueves que él no tenía acceso a las declaraciones de bienes presentadas por los concejales en el inicio del mandato al tratarse de información reservada (según dijo), por lo que desconocía si Gómez había dejado constancia de que era socia cooperativista de Residencial Les Naus en ese momento. 

Además, este mismo viernes se esgrimió un informe relacionado con la liquidación del impuesto de la plusvalía en el que se concretaría que la documentación presentada por la cooperativa entre agosto y diciembre de 2025 para saldar el importe correspondiente todavía no se había abierto, por lo que resultaba imposible que se pudiese conocer la identidad de los compradores a partir del listado de compradores aportado en ese trámite, como había deslizado la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, en el transcurso del pleno extraordinario del jueves. Lo que no se ha podido acreditar -porque no se ha hecho público- es la fecha de otro informe del área de Patrimonio incorporado en el expediente en el que también se apuntaba la existencia de ese posible conflicto de interés. Según las explicaciones ofrecidas por Barcala en su comparecencia del jueves, ese informe se emitió igualmente en enero de este año, luego nadie pudo saber por cauce oficial nada sobre la identidad de los compradores hasta entonces. 

Se sabe también que entre los cooperativistas figuran los hijos del notario que escrituró la constitución de la cooperativa y la compra del solar municipal, así como varios grupos de hermanos de distintas familias: tres hermanos de una, dos hermanos de otra y tres hermanos más de una tercera. También policías, sanitarios o funcionarios de otros ayuntamientos, como el de Sant Joan d'Alacant. Y se sabe cuáles son las condiciones para poder comprar una VPP: que la renta de la unidad familiar no supere en 6,5 veces el IPREM en 14 pagas (lo que equivale a 54.600 euros anuales) y que no se disponga de otra vivienda en propiedad. También se sabe que todos los socios lograron visados favorables de sus contratos por parte de la Conselleria de Vivienda. Y que muchos de los socios cooperativistas compradores han defendido la legalidad de su participación en el proceso, y han destacado el esfuerzo económico que han tenido que asumir, mediante la contratación de hipotecas, para poder pagar el precio de sus viviendas, con una media de 215.000 euros.

El futuro de las viviendas

Lo que no se sabe es si el 100% de los visados son correctos. Es decir, si se comprobó de forma adecuada que cumplían los requisitos, ya que la propia Conselleria de Vivienda ha informado del hallazgo de omisiones de información que se están revisando ahora con la solicitud de documentación adicional, tras constatar el presunto fraude del funcionario encargado de supervisar esas condiciones. Y tampoco se sabe qué puede suceder en los casos en los que se detecte errores. En principio, la misma vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha contemplado la posibilidad de que se apliquen sanciones, aunque también ha sostenido que será la justicia la que marque los pasos a seguir, después de que se decidiese presentar una denuncia en Fiscalía frente al proceder del técnico de su departamento que, supuestamente, pudo beneficiar a su mujer. También el equipo de gobierno de Alicante ha apuntado su intención de promover la nulidad de compraventa por fraude de ley para recuperar aquellas viviendas que se haya podido obtener de forma irregular o fraudulenta.

Se sabe también que han aparecido anuncios de venta o de alquiler en distintos portales inmobiliarios en los que se ofertaban algunas de las viviendas de Residencial Les Naus. Incluso ha trascendido que, en algunas agencias, se planteaba que los interesados debían pagar el precio real de la vivienda en A y otra cantidad casi equivalente en B, con lo que se extraería un rédito ilícito de cerca de 250.000 euros. No se sabe si se podido cerrar alguna venta en esas condiciones, aunque resulta, cuando menos complejo toda vez que requeriría que cualquier hipotético comprador estuviese dispuesto a pagar tal cantidad en dinero no declarado cuando podría adquirir otra vivienda por ese mismo importe (en torno a medio millón) sin las ataduras oficiales de escritura de compra que conlleva una VPP.

Lo cierto es que la venta y el alquiler de una VPP es una posibilidad legal, siempre que se cumplan determinadas condiciones. La primera, que se solicite la correspondiente autorización a la Conselleria de Vivienda y que esta la conceda. La segunda, que el precio de compra sea el mismo por el que el vendedor la adquirió inicialmente. Y tercera, que el comprador cumpla los requisitos de renta para acceder a una VPP (los citados 54.600 euros). En el caso del alquiler, se da la misma situación. Debe mediar permiso y el arrendatario debe cumplir el límite de renta para alquilar una VPP. 

De igual modo, se sabe que, hasta ahora, solo se ha pedido autorización a conselleria para vender uno de los 140 pisos de la promoción, que todavía no se habría concedido. Y se sabe que otros tres compradores (dos de ellos, los hijos de la jefa de Contratación) han solicitado y obtenido la excepcionalidad por la que se les autoriza a no estar ocupando la vivienda en el plazo de seis meses desde la firma de la escritura al concurrir causas justificadas para ello, como el hecho de trabajar en otra ubicación geográfica, por ejemplo. Por el momento, esas peticiones no se han acompañado de otras solicitudes para alquilar esos inmuebles. Y también se sabe que tanto la Conselleria de Vivienda como el Ayuntamiento de Alicante ya han manifestado su intención de ejercer el derecho de tanteo y retracto para recomprar las viviendas que puedan salir a la venta con la intención de que puedan pasar a formar parte del parque de vivienda pública de forma permanente (ahora, la calificación como VPP se extiende durante 30 años, tras el último decreto regulador aprobado en 2024).

El efecto político

Se sabe también que la polémica y su difusión a escala nacional ha golpeado al PP al afectar a un tema tan sensible en el contexto actual como el de las dificultades de acceso a la vivienda. Se sabe que la indignación ha prendido entre la ciudadanía, que en ocasiones no suele distinguir entre competencias, ni conoce los pormenores de los reglamentos en los que se marca la autonomía de los promotores de VPP de iniciativa privada para vender esos pisos. Además, se sabe que la controversia puede salpicar a una de las propuestas estrella del Consell del PP como el Plan Vive -al menos, así lo están intentando hacer ver los partidos de la izquierda- toda vez que ese programa funciona con condiciones similares a las que han dado pie a la promoción de Residencial Les Naus (aunque, en realidad, esa promoción nada tiene que ver con ese plan): se cede suelo público para que el sector privado construya vivienda de VPP con libertad para venderla dentro de los límites y condiciones de la VPP, a cambio de la entrega de un número determinado de viviendas construidas en cada promoción para que pasen a formar parte del parque público de vivienda de la Generalitat. 

De ahí que la Conselleria de Vivienda trate de reforzar ahora los mecanismos de control para evitar que puedan concurrir circunstancias controvertidas como las que se han registrado en Residencial Les Naus. Entre ellas, la exigencia de un registro de demandantes de viviendas específico para cada promoción con el fin de procurar publicidad y transparencia sobre la venta de esos pisos. Y, además, se prevé constituir una mesa técnica como órgano colegiado para visar los contratos de compra, de forma que la decisión no dependa de una única persona. Lo que no se sabe es si esos controles serán suficientes para evitar supuestos intentos de fraude. Ni si bastarán para evitar un desgaste político que pueda perjudicar al PP en las próximas elecciones, para las que todavía queda más de un año.

Por lo pronto, en el terreno municipal, se sabe también que ya se ha planteado incluso una tentativa de acuerdo para promover una moción de censura justificada en la pérdida de confianza en el equipo de gobierno, según la argumentación sostenida por Esquerra Unida Podem. Se sabe, igualmente, que los cuatro grupos opositores -PSOE, Vox, Compromís y EU Podem- coincidieron en exigir este jueves la dimisión de Barcala al no darse por satisfechos con las explicaciones facilitadas respecto a la tramitación de los expedientes de subasta de la parcela y sobre la concesión de la licencia de obra (un trámite en el que no se ha detectado tampoco ninguna incompatibilidad). Los cuatro grupos políticos opositores mantienen que existió una supuesta falta de control de la entrega de las viviendas construidas. Lo que no se sabe es si habrá espacio para el entendimiento primero entre los tres grupos que conforman el eje progresista. PSOE y Compromís ya han enfriado las expectativas de ese hipotético voto de censura y han optado por insistir en la exigencia de dimisión del primer edil, aunque no descartan explorar el escenario de la censura a posteriori. Por último, tampoco se sabe qué posición podría adoptar Vox respecto a esa posibilidad. Y lo cierto es que su respaldo sería imprescindible para sumar la mayoría necesaria para que prospere ese supuesto intento de descabalgar al PP de la Alcaldía. Por el momento, el partido mide tiempos y guarda silencio.