VALÈNCIA. La Dana que asoló decenas de municipios valencianos en octubre de 2024 dejó a su paso, entre otras problemáticas, un total de 7.500 ascensores inutilizados. La gran mayoría de ellos ya han vuelto a estar operativos, aunque todavía quedan entre 150 y 200 pendientes de reparación.
Esta es la última cifra que maneja la Vicepresidencia Tercera de la Generalitat, que ostenta las competencias de Recuperación tras la catástrofe. En esta línea, el comisionado del Consell por la Dana, Raúl Mérida, cifró en unos 300 los ascensores sin arreglar durante una entrevista concedida a este periódico el pasado abril. Por tanto, en los últimos meses se han reparado entre 100 y 150 ascensores dañados por la Dana.
Esta situación deja a varios centenares de vecinos de las zonas afectadas por la catástrofe sin una herramienta que, en muchos casos, resulta esencial para su salida a pie de calle. Personas con movilidad reducida, familias con hijos pequeños o personas mayores con dificultad para subir escaleras precisan del ascensor para desarrollar correctamente su día a día. De hecho, en casos extremos, esta situación ha provocado el aislamiento de personas en su propia vivienda ante la imposibilidad de abandonar su rellano.
En cualquier caso, desde el departamento que encabeza Vicente Martínez Mus explican a este periódico que los ascensores pendientes de arreglo actualmente presentan, en muchas ocasiones, una “complejidad técnica o administrativa particular”. Entre estas casuísticas se encuentran comunidades de propietarios que todavía no han llegado a un acuerdo para la reposición del ascensor, la existencia de “dificultades puntuales” en el suministro de componentes o la falta de personal técnico especializado para acometer la actuación.
En este punto cabe mencionar que, según explicó el comisionado en la citada entrevista, los ascensores estaban programados el día de la Dana para bajar al foso cuando volviese la luz por motivos de seguridad. "Hemos constatado que esto no funciona en caso de una inundación como la que vivimos. El resultado fue que miles de ascensores quedaron inutilizados", señaló Mérida.
A esta situación, añaden fuentes de la Vicepresidencia Tercera, se suman unos cambios normativos introducidos por el Gobierno de España en verano de 2024 que obliga a los técnicos de ascensores a contar con una titulación especial para poder ejercer su profesión. Un extremo que ha impedido que profesionales de otros países hayan podido acudir a la zona Dana para agilizar los trabajos de puesta a punto de las unidades afectadas.
Ayudas desde diferentes administraciones y entidades
Cabe mencionar que, tras la Dana, diferentes administraciones y entidades han lanzado líneas de subvenciones para acelerar la reparación o reposición de los ascensores. En este sentido, el Gobierno de España impulsó varios reales decretos con ayudas de hasta 36.896 euros por comunidad de propietarios para reparar elementos comunes de los edificios, incluidos los ascensores. Sin embargo, solo han podido acogerse a las ayudas los inmuebles situados en municipios declarados como "zonas gravemente afectadas", por lo que muchas comunidades de vecinos han quedado fuera de la convocatoria.
Por su parte, el Consell aprobó en noviembre una línea dotada con 10 millones de euros, ampliables con 5 millones más, para la reparación o sustitución de ascensores dañados en viviendas con personas con movilidad reducida. El Gobierno valenciano estimó en unos 300 los ascensores afectados en domicilios de este tipo. Desde las entidades locales también se ha tenido en cuenta esta problemática. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Paiporta aprobó por unanimidad la creación de una línea extraordinaria de ayudas municipales para "garantizar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de la ciudadanía".
A ello cabe sumar la llegada de ayudas de otras entidades como Cruz Roja, que a comienzos de este ejercicio lanzó una línea de ayudas de hasta 65.000 euros para la reparación de ascensores y la adecuación de elementos de accesibilidad a los inmuebles. En muchos de esos edificios de residencias colectivas viven personas con movilidad reducida, personas mayores y menores de seis años, lo que se traduce "en aislamiento y dificultad" para normalizar sus vidas, explicó la organización. De ahí la puesta en marcha de subvenciones para tratar de mitigar el impacto de la riada en estos colectivos.
