VALÈNCIA. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, volvió a cargar este lunes contra el reparto de la recaudación del impuesto sobre la banca entre las comunidades autónomas, acordado entre el PSOE y Junts y aprobado vía enmienda por el Congreso el pasado mes de diciembre. Un reparto según el Producto Interior Bruto (PIB) autonómico que, como ha venido publicando este periódico, beneficia a Madrid y a Cataluña y perjudica a otras CCAA, entre ellas la castellano-manchega y la valenciana, que ingresaría cada año, entre 2025 y 2027, unos 30 millones de euros menos respecto a si el reparto se hiciera por población ajustada.
"Es lo más parecido a lo que se le hubiera ocurrido a Trump, tan citado últimamente", manifestó Page desde Torija (Guadalajara). "Sin duda ninguna es un reparto muy 'trumpista'; también tramposo, porque se hizo en el último momento y sin contar con ningún aval jurídico de ningún organismo jurídico del país, lo cual ya pone muy de manifiesto a qué estamos jugando", señaló el presidente castellanomanchego en declaraciones recogidas por Europa Press.
García-Page confirmó que los servicios jurídicos de la Junta consideran "favorable" presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para que el reparto del impuesto sobre la banca entre las comunidades autónomas no se haga en función de su PIB. El Gobierno de Castilla-La Mancha está esperando el informe del Consejo Consultivo regional para que éste dé su visto bueno a presentar o no dicho recurso de inconstitucionalidad, según explicó. El Consell que preside Carlos Mazón también criticó la fórmula de reparto, que la consellera de Hacienda, Ruth Merino, consideró "indignante", pero no ha anunciado que tenga intención de recurrirlo.
"Nadie podrá dudar que por encima de los partidos, también del mío, está la defensa de los intereses y de los valores constitucionales", afirmó el dirigente socialista, quien añadió que "no vale la política a cualquier precio, ni el poder a cualquier precio, sino que hay que estar orientado lo más posible a los valores y a los principios que nos sostienen". "Si uno despega los pies del suelo, lo más normal es que termine cayéndose", advirtió.
Durante su alocución, y respecto al impuesto a la banca entre las comunidades, García-Page aseguró que le "parece razonable que paguen más los que más tienen", pero "lo que es muy dramático" es que "se pueda defender como un valor de izquierda o de progreso, que ese dinero que se obtiene de los que más tienen no revierta en los que menos, sino que vaya directamente a los que más tienen".
"Esto que lo adopte un gobierno precisamente que se dice progresista me duele en el alma, y creo que contraviene con mucha claridad el planteamiento democrático y social que establece la Constitución Española", argumentó el presidente regional. Lamentó que sea una decisión que no se comenta en medio del tanto "batiburrillo" y en medio de "tanta espiral de noticias, la mayoría muy negativas", y afirmó que esta norma establece "un antecedente peligrosísimo y absolutamente disolvente para la unidad de España".
Un método de reparto regresivo
Como ha señalado este diario en numerosas ocasiones, el reparto de la recaudacción del nuevo impuesto es regresivo al hacerse en función del PIB regional, por lo que premia a las comunidades autónomas más ricas -Madrid y Cataluña sumarán casi el 40%- y castiga a las que están a la cola. Entre ellas la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Región de Murcia o Andalucía.
Se trata de un inédito sistema de reparto que fue propuesto por Junts y apoyado inicialmente por el PSOE y el Gobierno y después por todos sus socios de legislatura en el Congreso. El PP lo enmendó en el Senado y aprobó que el reparto fuera por población ajustada, pero al volver al Congreso la Cámara Baja rechazó la enmienda y el texto quedó aprobado tal como habían pactado PSOE y Junts.
La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana también ha advertido sobre lo negativo de esta medida: "La recaudación del impuesto a la banca se pretende repartir entre las comunidades autónomas en función de su PIB, alejándose así del criterio poblacional o del habitual criterio de población ajustada, que tiene en cuenta las diferentes necesidades asociadas a la estructura poblacional", señaló la Sindicatura el pasado mes de diciembre en su informe de Fiscalización de la cuenta general de la Generalitat 2023. "Con el reparto en función del PIB se beneficia a las comunidades autónomas más ricas y se perjudica a aquellas con mayor diferencia negativa entre su aportación al PIB y su peso poblacional, como es el caso de la Comunitat Valenciana", recordó.
