VALÈNCIA. Sin sorpresas y ratificando la unidad mostrada a lo largo de todo el periodo de tramitación parlamentaria. El Partido Popular y Vox han aprobado este miércoles en Les Corts los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para este 2026. Las cuentas, que empezarán a ejecutarse de manera efectiva en el último tramo del ejercicio, ascienden a 33.305 millones de euros, aunque con un gasto real de 26.051 millones, una cifra ligeramente menor que el anterior ejercicio. Se trata de los primeros presupuestos de Juanfran Pérez Llorca como president y, previsiblemente, los últimos antes de las próximas elecciones autonómicas.
El camino para llegar hasta la aprobación definitiva de los 53 diputados que suman populares y voxistas ha estado marcado, precisamente, por la escenificación de una unidad acérrima entre ambas formaciones, únicamente empañada por la negativa del PP a aplicar un recorte de casi un millón de euros a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Las cuentas fueron presentadas a finales de mayo, pocos días después de que la formación de Santiago Abascal anunciase, a través de su síndic en Les Corts, José María Llanos, un preacuerdo con el jefe del Consell para sacar adelante estos presupuestos.
Eso sí, el portavoz voxista condicionó el apoyo a que los ideales de su formación acabaran reflejándose en el texto de estas cuentas. Así las cosas, los de Abascal registraron más de un centenar de enmiendas a estas cuentas que ponían negro sobre blanco la agenda ultra de esta formación. El PP ha cedido con prácticamente todas estas reclamaciones, transaccionando algunas peticiones y con la única línea roja de evitar el hachazo voxista a la AVL, órgano sobre el que el propio Llorca se declaró "defensor" recientemente.
PP y Vox han sacado adelante más de 250 cambios en las cuentas inicialmente dibujadas por el Consell, aunque ninguno de ellos a propuesta de los grupos de izquierda. Los varios miles de propuestas que suman PSPV y Compromís han permitido a ambas formaciones ejercer su actividad de oposición, pero ninguna de ellas ha llegado a plasmarse en las cuentas del Ejecutivo valenciano.
- Los síndics del PSPV y Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví este miércoles. -
- Foto: JOSÉ CUELLAR/CORTS
Unas cuentas con la marca de Vox
En cualquier caso, el trágala popular sobre las exigencias voxistas ha permitido la entrada del concepto de prioridad nacional en varios objetivos en materia de Vivienda y Servicios Sociales, así como en dos líneas de ayudas a la crianza de hijos. Este mantra de la formación de Abascal se basa en que el Consell garantice "el arraigo real, duradero y efectivo", así como una residencia "estable y verificable" para poder acceder a las ayudas públicas. De esta manera, la Generalitat deberá asignar de manera "prioritaria" los recursos a aquellas personas que "mantienen un arraigo real, duradero y verificable".
Además, Vox ha puesto varios 'deberes' al Consell en estas cuentas: el Ejecutivo autonómico deberá tramitar una nueva ley de la Renta Valenciana de Inclusión para incluir el concepto de prioridad nacional en esta norma. La política migratoria impulsada por los de Abascal y acatada por los populares también supone la entrada de una partida de 600.000 euros para programas de "retorno voluntario" de migrantes, así como una línea de 2,3 millones dedicados al "retorno de jóvenes extutelados en países de origen" mediante "proyectos de formación e inserción laboral".
El tándem PP-Vox también ha incluido en estas cuentas que la Conselleria de Emergencias e Interior realice un estudio sobre las "nuevas realidades delincuenciales" derivadas de la "inmigración". Para acometer esta acción se ha llevado a cabo un recorte de 10.000 euros en una subvención destinada a Cruz Roja Comunitat Valenciana. A todo ello cabe sumar una reducción en 300.000 euro de las subvenciones que reciben las ONGD para cooperación internacional y la retirada de dos líneas, por un valor total de 100.000 euros, destinadas a que los sindicatos UGT y CCOO impulsen planes de igualdad en empresas, lo que podría impactar en más 1.500 compañías valencianas.
A todo ello cabe sumar los cambios introducidos para la lucha frente a la okupación de viviendas. Además de las modificaciones ejecutadas dentro de la propia Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, los voxistas han maniobrado, con el respaldo popular, 1,5 millones de gastos diversos para impulsar varias ayudas que giran en la línea de la okupación: son subvenciones para "la reparación económica de los daños sufridos por víctimas de la okupación", para la recuperación de las viviendas públicas okupadas y para financiar pólizas que garanticen el cobro de rentas e "incentiven el arrendamiento". En materia de gastos diversos, claudicar ante las exigencias de Vox ha supuesto la creación de partidas por valor de casi nueve millones de euros.
El PP prioriza sacar adelante unas nuevas cuentas
La estrategia seguida por los populares evidencia su interés por contar con unos nuevos presupuestos, aunque para ello deban asumir la inmensa mayoría de tesis del partido de Santiago Abascal. Para el PP, acatar las reivindicaciones de Vox puede suponer un desgaste mucho menor que no tener unos presupuestos, más todavía en el primer ejercicio de Pérez Llorca al frente de la Generalitat y cuando apenas queda un año para unas nuevas elecciones.
- La bancada popular aplaude a Pérez Llorca tras la aprobación de los presupuestos autonómicos. -
- Foto: JOSÉ CUELLAR/CORTS
De hecho, la aprobación de las cuentas permite al Consell poder emplear la contraposición de su situación con la del Gobierno de España, que lleva sin sacar adelante unos nuevos PGE desde el año 2023. Sin ir más lejos, el síndic del PP, Nando Pastor, defendió este martes que Pérez Llorca "cumple" frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleva "tres años" sin presentar nuevas cuentas a pesar de que "en el Consejo de Ministros se sientan dos valencianos". "Ocho meses después - de la investidura de Pérez Llorca - estos presupuestos confirman que teníamos candidato, programa de gobierno y mayoría parlamentaria", defendió.
