VALÈNCIA. La exconsellera de Interior Salomé Pradas insiste en su petición para que se archive la causa penal sobre la gestión de la Dana. La defensa de la exconsellera ha recurrido ante la Audiencia Provincial el auto de la jueza que denegaba su solicitud, alegando para ello, entre otras cosas, que el envío del ES Alert a las 20.11h, "tardío" según la instructora, se ha de enmarcar en una "falta de regulación" del sistema de alertas y que se produjo tras un debate donde participaron todos los presentes y con "opiniones radicalmente contradictorias" de los técnicos. Además, vuelve a cuestionar el papel del mando único de Pradas y su posición de garante, así como incidir en el 'apagón' informativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la "falta de concreción" en las previsiones de la Aemet.

El envío de la alerta masiva cuando ya habían numerosos fallecidos en la provincia de Valencia es el eje central de la investigación que sigue el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja. En ese sentido, el recurso de apelación presentado por la defensa de Pradas, al que ha tenido acceso este diario, insiste en que el ES Alert "no está protocolarizado" sino que solo hay un protocolo provisional "que no ha sido incorporado en modo alguno al Plan Especial de Emergencias". Se trata, dice, de un texto que "no otorga directriz alguna en cuanto al momento (marcando hitos o umbrales a partir de los cuales debería enviarse) ni el contenido que debe reflejarse".

Esta "falta de regulación" es clave a ojos de la defensa de Pradas, para quien no se puede achacar el incumplimiento de una normativa que no existe. "No existe modo alguno de determinar normativamente cuándo ni cómo debió haberse enviado el referido mensaje", recoge el recurso: "Si toda la investigación gira en torno al envío 'tardío y erróneo' de la alerta, habrá que establecer cuál era el momento idóneo de envío y con qué contenido".

La realidad, recalca, es que "no se había usado nunca y en ningún lugar estaba escrito cómo, ante qué condiciones y cuándo debía usarse", además de sostener que "tampoco existía costumbre en España de utilizarlo" pues, recuerda, aquel día sólo se empleó en la provincia de Valencia pese a haber alerta en otras tres comunidades autónomas. "Atribuir por omisión el incumplimiento de un deber legal consistente en el retraso de enviar el ES Alert únicamente a nuestra representada por el cargo que ocupaba [...] es un completo desatino", concluye al respecto.

Además, insiste en que Pradas "no elaboró el texto" de los dos SMS masivos que se enviaron, aunque sí admite que estuvo "presente y volcada en el debate técnico mantenido por los expertos para la redacción final". Respecto a los vídeos que se han hecho públicos donde aparece Pradas diciendo que el mensaje no se enviara hasta que ella lo leyese, su defensa recalca que eso no puede "atribuirle retraso alguno pues era la consecuencia lógica de ser la máxima responsable de la GVA en el Cecopi". Su lectura, dice, "apenas consumió tiempo".

En su relato cronológico, recuerda que fue a las 18.38h cuando los técnicos enviaron el primer borrador del ES Alert al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, que lo leyó 15 minutos más tarde en el Cecopi, cuando este se reconectó tras la suspensión de una hora. Entonces, "comienza el debate sobre su envío" que implica sobre todo a Suárez y al jefe operativo de la emergencia, el entonces inspector jefe de Bomberos, José Miguel Basset, "quien en la comisión de investigación de la Diputación llegó a admitir que puso objeciones al envío por el posible efecto estampida". "Ambos se enzarzan en un debate", relata, "en el que participan todos", desde el presidente de la CHJ, Miguel Polo, hata el representante de la Aemet, José Ángel Núñez, como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, "como la consellera atendiendo a toda la información y proponiendo evacuaciones".

"En media hora se decide el contenido, la zona geográfica de envío y se debaten otra serie de medidas que finalmente se descartan por motivos técnicos, tales como la evacuación o el confinamiento", prosigue. Es entonces cuando se inicia el "proceso técnico técnico de envío" y "en media hora está en los móviles de los valencianos". "¿Dónde está el supuesto retraso? ¿En atender las opiniones radicalmente contradictorias de los dos técnicos mayores expertos en la materia?", pregunta la defensa de Pradas en alusión al subdirector general de Emergencias y al jefe de Bomberos.

Niega la falta de movilización de recursos

Otro de los aspectos relevantes del recurso de la defensa de Pradas gira en torno a los recursos movilizados para la vigilancia de barrancos por parte de la Generalitat Valenciana. Así, recuerda que los técnicos de la conselleria de Emergencias intentaron disponer de los agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente pero, ante la falta de respuesta, recurrieron a los bomberos del Consorcio Provincial, cuya retirada tampoco cabría achacar a la propia Pradas, según el escrito.

Así, acude a la testifical reciente de una empleada de Emergencias, según la cual un día antes de la Dana solicitó "el despliegue de agentes medioambientales con el fin de vigilar los barrancos, ante la previsión de lluvias intensas". "Dicha solicitud fue denegada, motivo por el cual, según manifestó la propia testigo, la mañana del día 29 se vio obligada a solicitar apoyo al Consorcio Provincial de Bomberos para el despliegue de los Bomberos forestales", expone al respecto.

Cabe recordar que a las 13.05h de aquel día, tras las instrucciones de Emergencias, se movilizó una unidad para ir a vigilar el barranco a la altura de Torrent, Picanya y Paiporta. A la altura de Ribarroja, se hizo una inspección y se vio una lámina de agua de unos 70 u 80 cm de altura. Tras ir a Cheste a hacer una escala y volver, unos 40 minutos después (14.40h), se realizó una segunda inspección donde se reportó que el nivel ha bajado a la mitad, por lo que la unidad solicitó instrucciones y su sargento ordenó la retirada.

Por ello, Pradas insiste en que "se retiraron del barranco del Poyo a una hora determinada sin comunicar dicha retirada al Centro de Coordinación de Emergencias ni informar sobre las posibles mediciones u observaciones realizadas en el lugar". Y durante la reunión del Cecopi, celebrada posteriormente, "no se informó en ningún momento de la retirada de estos bomberos, ni por parte de los representantes del Consorcio ni por ningún otro participante".