VALÈNCIA. La decisión del Consell de integrar las competencias de Servicios Sociales en la Conselleria de Justicia ha generado preocupación entre las entidades que prestan atención a personas mayores, dependientes y menores, así como en el sindicato UGT. Las organizaciones coinciden en reclamar un departamento propio para estas políticas y temen que la reorganización administrativa pueda ralentizar la gestión de expedientes y decisiones pendientes para el sector.
El cambio llega tras la salida de Elena Albalat del Gobierno valenciano para encabezar la lista del PP al Congreso por Castellón en las elecciones del 29 de noviembre. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha descartado nombrar a una nueva persona al frente del departamento y ha defendido que sea la consellera de Justicia, Nuria Martínez, quien asuma estas competencias.
La patronal de residencias Aerte considera que los servicios sociales tienen una dimensión y una complejidad que justifican una conselleria con dedicación exclusiva y capacidad para impulsar las políticas que requiere el sector. "Nuestra preocupación no tiene que ver con la Conselleria que asuma las competencias, sino con la necesidad de que los servicios sociales tengan el peso político y la atención que merecen dentro del Gobierno Valenciano", señala su presidente, José María Toro.
La entidad defiende que se trata de servicios esenciales para miles de personas y familias que necesitan "planificación, estabilidad y una estructura administrativa específica". Además, recuerda que las necesidades de atención y apoyo crecerán durante los próximos años como consecuencia del envejecimiento de la población. "No se trata únicamente de gestionar centros o prestaciones, sino de desarrollar una política social con visión de futuro", añade Toro.
Los asuntos pendientes del sector
Entre las cuestiones que preocupan a Aerte figura el desarrollo del decreto que regula la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales de la Comunitat Valenciana. La norma, recientemente aprobada, requiere ahora de órdenes que concreten aspectos como las condiciones materiales de los centros, los requisitos profesionales, las plantillas y las ratios de personal. Para la patronal, este proceso debe seguir avanzando con la participación del sector y sin nuevos retrasos.
También señala la situación de los concursos de centros públicos de gestión privada, cuya adjudicación considera necesaria para proporcionar seguridad jurídica y estabilidad a las entidades prestadoras. Además, vincula la entrada en vigor de estos contratos a la aplicación de mejoras salariales acordadas entre la patronal y los sindicatos mayoritarios.
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A ello se suma el futuro concurso de plazas residenciales para personas mayores, previsto para 2027, que la asociación considera fundamental para garantizar la continuidad de la atención, actualizar las condiciones de financiación y dar estabilidad a la red de recursos residenciales. "Llevamos mucho tiempo trabajando con la Administración para resolver cuestiones que son esenciales para el funcionamiento de los servicios. Nos preocupa que una nueva reorganización pueda ralentizar estos procesos cuando precisamente lo que necesitamos es avanzar y adoptar decisiones", afirma Toro.
Petición de una reunión por la infancia
Por su parte, la Asociación Patronal de Infancia y Adolescencia de la Comunitat Valenciana (APIME) y la Federación Española de Asociaciones del Tercer Sector en el ámbito de la Protección de la Infancia, Juventud y Familia y de la Justicia Juvenil (FEPJJ) también reclaman una conselleria propia, "con dedicación, recursos y capacidad de decisión suficientes". Ambas organizaciones piden al Consell que aclare la estructura y los recursos previstos tras la integración y que preserve una atención específica y especializada a la infancia y la adolescencia. "La reorganización no debe suponer una pérdida de prioridad, competencias, personal, presupuesto o capacidad de interlocución, ni retrasar los compromisos adquiridos con las entidades y las personas atendidas", señalan.
Entre sus peticiones figuran la continuidad de los programas, conciertos, contratos y subvenciones, así como una financiación suficiente y previsible para los servicios, con una revisión de los módulos económicos. También reclaman la publicación de las licitaciones de los recursos cuyos contratos permanecen en situación de enriquecimiento injusto, en algunos casos desde hace más de siete años.
Además, solicitan que se evalúe la Estrategia Valenciana de Infancia y Adolescencia 2022-2026 y se elabore la siguiente sin que se produzcan vacíos en la planificación. Las dos entidades han anunciado que solicitarán una reunión institucional urgente para conocer el modelo previsto y trasladar las necesidades del sector. "La infancia y la adolescencia necesitan políticas propias, estables y especializadas que protejan sus derechos y acompañen a sus familias", subrayan.
UGT advierte de un posible bloqueo
Por su parte, UGT Serveis Públics del País Valencià expresa su rechazo a la decisión y reclama a Pérez Llorca que rectifique y nombre a una persona al frente de una conselleria exclusiva de Servicios Sociales. El sindicato considera una "temeridad política" acometer esta reestructuración en la recta final de la legislatura y advierte de que los cambios administrativos necesarios pueden afectar a la gestión del departamento. Entre los expedientes que podrían verse afectados, cita la aprobación de pliegos para residencias y centros de día, la cobertura de puestos de atención directa, los pagos, los contratos programa con los ayuntamientos y la acción concertada. También teme que se produzcan demoras en la tramitación de ayudas de emergencia, la Renta Valenciana de Inclusión o las listas de espera del sistema de dependencia.
El sindicato alerta, además, de las consecuencias que una posible ralentización podría tener para las entidades que colaboran con la Administración en la prestación de servicios. En concreto, señala la renovación de contratos caducados, los expedientes de enriquecimiento injusto, las adendas de los contratos programa y la revisión de los módulos económicos de los conciertos. "El sector puede morir por inanición económica por un problema de organización interna cuando quedan dos meses para ejecutar el presupuesto, será un colapso", advierten fuentes sindicales. UGT también teme que la reorganización incremente la carga de trabajo de las plantillas públicas, que serán, señala, quienes tengan que atender a la ciudadanía ante posibles demoras.
Frente a estas advertencias, Pérez Llorca ha defendido su confianza en Martínez y ha asegurado que el área de Servicios Sociales cuenta con "muy buen personal". El president ha indicado que los decretos de la remodelación se están preparando y ha señalado que el departamento ya está funcionando con la firma del secretario autonómico hasta que la consellera asuma las nuevas competencias.
