VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad prepara un nuevo decreto para regular la autorización, el registro y las garantías de atención de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunitat Valenciana, tanto públicos como privados. La consulta pública previa sobre la futura norma se ha publicado este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). El objetivo del departamento es sustituir íntegramente el decreto autonómico vigente desde 2014.
La nueva regulación abordará los procedimientos para autorizar la instalación, el funcionamiento, la modificación y el cierre de los centros sanitarios. También revisará la documentación exigida, el control de las condiciones con las que fueron autorizados y la información que figura en los registros autonómicos. Según expone Sanidad, el tiempo transcurrido desde la aprobación de la norma actual y los posteriores cambios legislativos aconsejan una revisión completa.
Uno de los motivos de la reforma es la entrada en vigor, el pasado 1 de julio, de una modificación de la normativa estatal sobre centros sanitarios. Esta incorporó garantías mínimas de seguridad del paciente, entre ellas la obligación de que la asistencia sea prestada por profesionales con la titulación oficial y las competencias adecuadas a cada actividad. Los centros también deben mantener actualizada la información de su personal sanitario e informar a los profesionales que se incorporen de las prácticas seguras implantadas.
La normativa estatal establece asimismo un plazo de un año desde su entrada en vigor para que las comunidades autónomas adapten la oferta asistencial de los centros y servicios a las modificaciones introducidas en las clasificaciones y definiciones estatales. La conselleria señala que el futuro decreto deberá determinar cómo se realiza esa adaptación y qué efectos tiene sobre las autorizaciones ya concedidas y los datos inscritos en el registro autonómico.
Autorizaciones y registros
El documento publicado por Sanidad plantea aclarar los distintos tipos de autorización, simplificar los procedimientos y ajustar los requisitos técnicos, organizativos, asistenciales y de personal al tipo de centro y a los servicios que presta. La conselleria también pretende digitalizar los trámites, eliminar cargas que considere innecesarias y reforzar la inspección y el seguimiento de las condiciones exigidas.
Otro de los objetivos es que exista una correspondencia más precisa entre la actividad que presta cada centro, la autorización que tiene concedida y la información inscrita en los registros. Para ello, el departamento propone mejorar la actualización, la trazabilidad y la interoperabilidad de estos sistemas, así como la información pública disponible.
La futura norma también deberá dar continuidad a otras materias incluidas en el decreto de 2014. Entre ellas figuran el régimen de los biobancos, las certificaciones técnico-sanitarias de los vehículos de transporte sanitario terrestre y diversos registros específicos de ordenación sanitaria.
Sanidad explica que ha descartado una modificación parcial de la regulación vigente por la amplitud de los cambios previstos. En su lugar, propone aprobar un nuevo decreto que sustituya por completo al anterior e incluya un régimen transitorio para evitar vacíos en la aplicación de las autorizaciones y registros existentes.
