VALÈNCIA. La Conselleria de Servicios Sociales ha sacado a información pública el borrador de la orden que regulará las plantillas y ratios de personal, las titulaciones profesionales, la estructura organizativa y los sistemas de participación en los centros y programas de servicios sociales de la Comunitat Valenciana. Se trata de una de las piezas clave del desarrollo normativo previsto por el nuevo decreto de tipologías, aún en fase de tramitación, y que sustituirá al decreto aprobado en 2023 por el anterior gobierno del Botànic.

Esta orden confirma la línea continuista con el Plan Simplifica impulsado por el actual ejecutivo valenciano, y consolida una de sus medidas más debatidas: la reducción de ratios de personal auxiliar en residencias. Concretamente, se mantiene la ratio de 32 auxiliares de enfermería por cada 100 residentes, una cifra inferior a la prevista inicialmente por el decreto del Botànic, que establecía 44 auxiliares. Esta rebaja, enmarcada en el proceso de simplificación administrativa, ha sido defendida por la Conselleria como una vía para hacer sostenibles los servicios, aunque genera preocupación en parte del sector profesional y asistencial.

La orden se alinea así con otras medidas ya anticipadas o aprobadas en los últimos dos años por el departamento que dirige Susana Camarero. Fue en el último borrador del decreto de tipologías donde se afianzó el aumento del número máximo de plazas por residencia –de 120 a 150, tal como planteaba el Plan Simplifica– y una mayor flexibilidad en los requisitos de las instalaciones.

Además, se podrá autorizar, excepcionalmente, la disminución de estas ratios previa acreditación por parte del centro residencial de que la ocupación del centro se realiza por personas que no están en situación de dependencia o personas en situación de dependencia moderada en más de un 40% de las plazas. De autorizarse dicha reducción, se realizará seguimiento de la ocupación, como mínimo, con frecuencia semestral. La orden también aborda el perfil del personal requerido, las titulaciones exigidas, la estructura de los equipos profesionales y los mecanismos de participación y organización en los centros y programas sociales.

Con la publicación del borrador, se abre ahora un periodo de información pública para que entidades sociales, profesionales y ciudadanía puedan presentar alegaciones y propuestas antes de su aprobación definitiva. El sector permanece atento al desarrollo de esta norma, especialmente en un contexto de reformas marcadas por la búsqueda de equilibrio entre calidad asistencial, sostenibilidad económica y simplificación administrativa.