VALÈNCIA. El pasado 9 de enero, la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, presentó una propuesta para un nuevo modelo de financiación autonómica que regiones como la valenciana vienen exigiendo desde hace años, más concretamente desde la caducidad del sistema acaecido en 2014.

Apenas cinco días después, la dirigente socialista exponía la remodelación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano en el que se reúnen los responsables de Hacienda de todas las autonomías de régimen común. El nuevo modelo fue recibido con un clima general de rechazo por los representantes de casi todas las regiones, la mayoría gobernadas por el PP, pero también por parte de algunas lideradas por el PSOE como Castilla-La Mancha y Asturias.

Sólo Cataluña vio con buenos ojos la propuesta. No en vano, y esto causó malestar en el resto de CCAA, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había escenificado días antes con Oriol Junqueras (ERC), el acuerdo bilateral existente con esta formación respecto a la aplicación del nuevo modelo que conllevaría importantes beneficios a Cataluña.

Una maniobra que sirvió como justificación principal para que el PP liderado por Alberto Núñez Feijóo, pusiera firmes a sus barones autonómicos para evitar que entraran en una negociación individual con el Gobierno de España como pretendía Montero. Este rechazo conjunto se plasmó en la conferencia de Zaragoza celebrada días después por la formación popular, donde se firmó un manifiesto en el que se instaba a la ministra a retirar su propuesta y elaborar otra en el seno del CPFF junto a todas las autonomías.

Esta decisión supuso que la Comunitat Valenciana, gobernada por el PPCV con Juanfran Pérez Llorca como presidente, se acogiera al discurso de Feijóo y pusiera distancia con la propuesta de Montero, alineándose así con los postulados marcados por Génova. En este caso, una decisión especialmente difícil puesto que la reforma presentada sí ponía fin en gran medida al agravio comparativo sufrido por este territorio durante más de una década, dado que estipulaba un incremento de 3.669 millones de euros para la Comunitat en el reparto.

Es por ello que, además del PSPV-PSOE, organizaciones empresariales como la CEV o AVE, han insistido en estos días en la necesidad de abrir el diálogo sobre esta cuestión con especial presión sobre el presidente de la Generalitat, Pérez Llorca.

Casi dos meses después...

Sin embargo, ¿qué pasos ha dado Montero desde la presentación de su propuesta casi dos meses después? 

Lo cierto es que apenas se han producido siquiera declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno sobre esta cuestión ni tampoco movimientos conocidos para tratar de avanzar en el diálogo sobre el modelo.

En este sentido, cabe recordar que la intención de la ministra era la de iniciar de inmediato una ronda de reuniones técnicas con las distintas autonomías para negociar aspectos concretos de su propuesta, pero no parece que se hayan producido contactos en este sentido.

Al menos así lo reconocen fuentes de la Conselleria de Hacienda, que aseguran no haber abordado esta cuestión en las comunicaciones "técnicas" que ha tenido con el ministerio. Las fuentes consultadas apuntan a la posibilidad de una nueva reunión del CPFF en breve donde quizá se abordara otra vez este asunto.

Siguiente pantalla, los presupuestos

Así, la reforma del modelo de financiación, tras un momento de protagonismo mediático en aquella semana de enero, ha pasado de nuevo a un segundo plano. Prueba de ello es que las interpelaciones a la ministra han vuelto a centrarse en la presentación (o no) de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. Cabe recordar que Pedro Sánchez gobierna con las cuentas prorrogadas desde 2023, año en el que aprobó sus últimos presupuestos, todavía en la pasada legislatura.

De hecho, este es uno de los objetivos principales de Montero en la recta final de su mandato. La ministra, designada candidata socialista a las elecciones autonómicas de Andalucía, dejará el cargo con toda probabilidad esta primavera, dado que los comicios están previstos para junio, por lo que la lógica indica que la vicepresidenta abandonará sus competencias gubernamentales entre abril y mayo para centrarse en su particular misión territorial. 

Un factor más que, unido al periodo electoral convulso con comicios como los de Castilla y León del 15 de marzo, contribuye a pensar en la improbabilidad de que se pueda avanzar en una reforma sobre la que no hay acuerdo entre las CCAA y donde se antoja más que complicado que se pueda reconducir a corto plazo.