VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se enfrenta este viernes a su primer Día de la Comunitat Valenciana al frente del Consell. Una jornada especial para cualquier máximo responsable autonómico que, además, se recibe con especial efusividad tras la suspensión por las lluvias el pasado año de la emblemática procesión cívica y del protocolario acto de la entrega de distinciones. La Generalitat, pese a la magna importancia que conllevan estos premios, no encontró fecha a lo largo de todo el año para organizar un evento de cierta difusión y solemnidad para concederlos, sino que en julio se remitieron a los galardonados sin acto alguno. Por lo que sea.
Así, y sin que esta anécdota mida el calibre de la importancia que posee la histórica festividad institucional de la Comunitat para los actuales gobernantes, el jefe del Consell gozará de una gran oportunidad para dirigirse por primera vez a los valencianos en fecha tan señalada. Más allá de los asuntos centrales que Pérez Llorca planee abordar, lo cierto es que la simbólica jornada llega en un momento en el que el autogobierno valenciano parece suscribirse con especial ahínco a la máxima que figura en la primera frase del emotivo himno regional valenciano: "Per a ofrenar noves glòries a Espanya...".
Empezando por la propia situación del presidente de la Generalitat. Tal y como se ha publicado en todos los medios autonómicos y nacionales, la dirección nacional del PP ha decidido no confirmar todavía que Pérez Llorca vaya a ser el candidato —aunque probablemente lo sea— en las próximas elecciones regionales de mayo de 2027. Una postura que viene causando una sorpresa generalizada, cuando no estupor, entre los populares valencianos, incluidos los críticos con el jefe del Consell, al considerar que esta manera de proceder perjudica a las siglas y puede deteriorar la posición del PPCV de cara a unos comicios que, según los sondeos, volverían a ganar.
De esta manera, la Comunitat Valenciana tiene a un presidente que se ve obligado a acudir al 9 d'Octubre con una vitola de interinidad sólo porque en Génova, madrileña calle donde se sitúa la sede central del PP, se considera que estratégicamente no es el momento, porque desconfían del candidato —miedo a los dosiers— o, simplemente, por recordar a todos quién manda.
- Pérez Llorca, Juan Jesús Vivas y María José Catalá, días atrás. Foto: GVA
Pocas quejas puede tener la dirección nacional del PP del desempeño de su filial valenciana. Tanto Pérez Llorca como la alcaldesa de València, María José Catalá, se han apresurado para premiar, con motivo de este 9 d'Octubre, al pueblo de Ceuta, con invitación incluida a su presidente, Juan Jesús Vivas (PP), con la Alta Distinción de la Generalitat y con la Medalla de Honor de la Ciudad de València. Unos galardones dotados de un fuerte contenido político que acompañan la estrategia dictada por el PP de mantener el foco mediático sobre lo acaecido en la ciudad autónoma, por lo que Génova debería, en definitiva, estar orgullosa de la lealtad mostrada por los dirigentes valencianos.
Ahora bien, lo cierto es que en este 9 d'Octubre resulta más difícil que nunca escapar de la agenda nacional. El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez el pasado lunes ha acentuado de inmediato la ola polarizadora entre bloques, lo que convierte la festividad valenciana en otro campo —secundario, eso sí— de batalla más para la gran guerra que se dirimirá en las urnas el 29 de noviembre. Prueba de ello es el enfrentamiento institucional a cuenta de la acampada por el derecho a la vivienda de la Plaza del Ayuntamiento, donde Catalá y la delegada del Gobierno y futura candidata a la Alcaldía, la socialista Pilar Bernabé, protagonizan su enésimo pulso que, en este caso, tiene un componente local pero también nacional. No en vano la vivienda es la causa —y relato— elegido por Sánchez para la convocatoria electoral.
- Acampada por la vivienda en València. Foto: EDUARDO MANZANA / EP
Entretenidos en este escenario, muchos valencianos quizá no hayan caído en la cuenta de que el adelanto electoral conlleva unas cuantas consecuencias que sí deberían generar preocupación. Sin ir más lejos, cae la reforma del sistema de financiación propuesta por el Gobierno de Sánchez que suponía 3.669 millones de euros más al año para la Comunitat: es cierto que era difícil pensar en que podría haber una mayoría en el Congreso para sacarla adelante, pero al menos se había presentado un modelo desde que el actual, que perjudica gravemente a esta autonomía, caducara en 2014. Si hay cambio de gobierno, se entiende que el nuevo presidente, según los sondeos, Alberto Núñez Feijóo, aprobará de inmediato un fondo de nivelación y pondrá un nuevo sistema sobre la mesa en su primer año en la Moncloa. Habrá que verlo.
Desde luego, deberá pedir permiso a su obligado socio de gobierno, Vox, que como ha reiterado siempre no cree en el sistema autonómico, tampoco en el modelo de financiación existente y, en general, en cualquier cosa que tenga relación con el denominado autogobierno.
De la misma manera, con el adelanto no habrá quita de la deuda, que al menos habría significado 11.200 millones euros menos de losa financiera para la Comunitat, y tampoco se presentarán ni aprobarán presupuestos, lo que significa que seguirán prorrogadas las cuentas de 2023, que dejaban a la provincia de Alicante como el territorio con la menor inversión per cápita de toda España.
Unas cuestiones en las que, por cierto, tampoco ha sido demasiado influyente Compromís. El partido de estricta obediencia valenciana que, durante esta legislatura, se ha fracturado en el Congreso y sigue sin convencer a la sociedad de su papel como alternativa predominante en su tierra.
Por último, tampoco habrá conclusiones de la inacabada Comisión de Investigación sobre la Dana que dejó 232 fallecidos en Valencia, que decae con la disolución del Parlamento, sin que exista la certeza de que vuelva a convocarse, puesto que debería empezar de cero de nuevo. Otra baja que debe asumirse por la fuerza mayor de la convocatoria y que podría haberse evitado si la comisión no se hubiera retrasado por, entre otras cosas, intentar evitar que Pedro Sánchez estuviera en la lista de comparecientes.
En definitiva, la Comunitat Valenciana celebra un 9 d'Octubre altamente condicionado e influenciado por la escena nacional, asumiendo una vez más el sempiterno papel secundario del que no termina de salir la región, en este caso, maniatada de forma más acentuada por las exigencias y necesidades de los dos grandes partidos nacionales.
