VALÈNCIA. Vox quiere agilizar la tramitación de las licencias urbanística reforzando el papel de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECUV), es decir, organismos acreditados por la Generalitat Valenciana que verifican el cumplimiento de la normativa para la concesión de los permisos. Para ello, el grupo parlamentario en Les Corts ha registrado una enmienda a la Ley de Acompañamiento para que los certificados de conformidad emitidos por estas entidades tengan la misma validez y efectos que el informe técnico municipal e, incluso, puedan sustituirlo directamente en la tramitación de los expedientes.
En concreto, la propuesta modifica el artículo 239 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP) y establece que el certificado emitido por una ECUV "tendrá la misma validez y efectos que el informe técnico municipal" y, por tanto, no requerirá una validación posterior por parte de los servicios técnicos municipales. De esta forma, el certificado de estas empresas privadas sustituirá automáticamente al informe técnico municipal. El objetivo es reducir los tiempos de tramitación de las licencias y descargar de trabajo a los consistorios, una de las principales reivindicaciones del sector inmobiliario y de la construcción.
En la actualidad, estas entidades acreditadas ya participan en la verificación técnica de proyectos urbanísticos y de edificación, pero su intervención no sustituye el informe municipal, que continúa siendo necesario para resolver los expedientes. Con la modificación planteada por Vox, las entidades colaboradoras asumirían ese papel de forma plena, otorgando a sus certificados la misma eficacia jurídica que el informe emitido por los técnicos de la administración local.
Asimismo, el texto señala que si una empresa ha optado por una ECUV para evaluar su proyecto no será exigible "ningún pronunciamiento previo municipal, incluida la cédula de garantía urbanística. "Con la presentación del proyecto técnico y del certificado de conformidad de una ECUV, incorporados los informes sectoriales que, en su caso, pudieran resultar exigibles, deberá emitirse el preceptivo informe jurídico por parte del ayuntamiento. En este momento se considerará que el expediente administrativo de licencia está completo, pudiéndose elevar propuesta al órgano municipal competente, a la vista del proyecto y del certificado emitido por la
Entidad, en orden a que conceda, en su caso, la licencia", señala la enmienda.
- Edificio en construcción
- Foto: GRUPO ST
Eso sí, estipula que estas entidades deberán cumplir las instrucciones, criterios interpretativos y los protocolos técnicos que establezca el área de gobierno u organismo competente del Ayuntamiento, siempre que aquellos estén publicados en la web del consistorio. Además, tendrán la potestad de proponer al ayuntamiento "la revisión de criterios técnicos para que adopte otros más ajustados al progreso técnico o a la evolución técnico-científica".
Acotar la evaluaciones ambientales
Por otro lado, la enmienda también incorpora cambios en cuanto a la evaluación de impacto ambiental de un proyecto, una de las fases que más dilata la tramitación urbanística. En concreto, la iniciativa establece que esta evaluación se integrará en el propio procedimiento de aprobación del proyecto, aunque obliga a que exista una separación entre el órgano municipal que autoriza la actuación y el que emite el informe ambiental, con el fin de garantizar su independencia.
Además, cuando el planeamiento urbanístico ya haya sido sometido con anterioridad a una evaluación ambiental y territorial estratégica, la revisión del proyecto podrá limitarse a comprobar que se ajusta a ese planeamiento, que no introduce modificaciones sustanciales respecto a lo ya evaluado y que cumple las medidas y condicionantes ambientales fijados en la declaración correspondiente. De esta forma, elimina la reevalución de los proyectos.
La propuesta también fija que el informe de impacto ambiental emitido por el órgano municipal tenga una vigencia máxima de cuatro años, de modo que perderá su validez si el proyecto de urbanización no se aprueba dentro de ese plazo.
Por otro lado, la enmienda fija un plazo máximo de un año para que los ayuntamientos comprueben las declaraciones responsables urbanísticas. Dicha comprobación comprenderá, al menos, la verificación de la exactitud de los datos y manifestaciones contenidas en la declaración, la autenticidad y suficiencia de la documentación aportada, el cumplimiento de los requisitos formales exigibles y la adecuación material de la actuación a la normativa.
VPO sobre suelos dotacionales de titularidad privada
De igual modo, Vox propone que los Proyectos Habitacionales Locales (PHL), orientados a destinar suelos calificados como equipamiento dotacional o pertenecientes al patrimonio municipal a la construcción de viviendas protegidas, puedan desarrollarse también sobre equipamientos de titularidad privada. Según el texto, se podrá hacer "cuando el proyecto tenga por objeto la implantación de viviendas residenciales de nueva construcción en régimen de protección pública".
Además, en su enmienda la formación de ultraderecha remarca que "no será exigible la modificación del planeamiento cuyo objeto sea la obtención de suelo para sustituir el equipamiento privado".
