VALÈNCIA. La sentencia de la Audiencia de Valencia que considera probada la financiación en B del PP para sus campañas electorales –tras la investigación llevada a cabo por el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción–  enumera una serie de trampas en los comicios de 2007 y 2011. La gran diferencia entre ambas convocatorias es que en una se ha podido demostrar el origen del dinero (desvío de fondos de entidades municipales y aportaciones de empresas privadas) y en otra no. 

La parte más relevante, por tanto, es la relativa a 2007. Aquí, el importe de los gastos generados por las actividades de la campaña de promoción y apoyo a la candidatura de Rita Barberá al Ayuntamiento de València fue de 2.583.731,98 euros. Formalmente, la campaña costó 150.000 euros. Una diferencia de cifras considerable atribuida al llamado 'dopaje' electoral. 

En aquel año fue contratada Laterne, una agencia de comunicación de la que se sirvió el grupo municipal popular para financiar la campaña de 2007. Ésta no tenía actividad real y se dedicó a canalizar ingresos de entidades municipales y de diferentes empresas con elevado nivel de contratación con el Ayuntamiento y por trabajos que parecen ser simulados. Su administrador era Vicente Sáez, fallecido y amigo del exvicealcalde de València Alfonso Grau.