VALÈNCIA. El anuncio del presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, de convocar elecciones anticipadas para el 12 de mayo ha provocado distintas reacciones y consecuencias en la escena política nacional. La más importante y veloz, como si fuera un hecho programado, fue el anuncio del Gobierno de España de que no presentaría Presupuestos Generales del Estado de 2024.

Una prórroga que acarrea diversas situaciones colaterales que afectan al territorio nacional -también a la Comunitat Valenciana- y que, sin embargo, fue defendida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se ha convertido en la especialista del Ejecutivo de Pedro Sánchez en explicar lo inexplicable. Así, la dirigente del PSOE recalcó que no presentar los PGE es la solución más "lógica y realista" al considerar que el "debate" que se generará en el proceso electoral de Cataluña "no aconseja" que sea el mejor momento para abordar la negociación de las cuentas puesto que el nuevo escenario abierto "altera el tablero político".

Una postura, sin duda, política y estratégica, que incluso fue reprochada por Sumar, socios de Sánchez en el Ejecutivo, quien manifestaron públicamente no compartir la decisión del presidente de la Generalitat y afeándole que no hubiera insistido en "llegar hasta el final" en la negociación.

Las críticas no sólo salían de la izquierda. También el Gobierno valenciano se pronunció con claridad sobre la prórroga presupuestaria de Pedro Sánchez: "Es una obligación constitucional del gobierno presentar PGE y no es algo que dependa de la voluntad del gobierno y mucho menos del tacticismo político. El riesgo de no poder sacar adelante las cuentas no puede servir al gobierno de excusa para eludir su mandato constitucional", manifestó la portavoz del Consell y titular de Hacienda, Ruth Merino.

Y es que la decisión de Sánchez de propinar una 'patada hacia delante' con las cuentas tiene no pocas consecuencias para las comunidades autónomas (CCAA). Empezando por los más de 1.000 millones de euros de entregas a cuenta que debería recibir la Generalitat en el presente ejercicio y que, ahora, se irán al limbo.

Cabe recordar que, cuando se produce una prórroga presupuestaria, no pueden incluirse líneas y proyectos nuevos, sino que sólo se ejecutan las inversiones que están programadas de forma plurianual, al margen de la posibilidad de gastar alguna partida prevista que no se hubiera podido concretar en el ejercicio anterior o actuaciones de urgencia. Por ejemplo, la pasada semana visitó València el ministro de Transportes, Óscar Puente, donde anunció que el túnel pasante estará soterrado hasta Albuixech y también que a finales de año estarán los pliegos para licitar la nueva Estación de Central en sustitución de la provisional de Joaquín Sorolla, cuestiones que no podrán activarse hasta que no exista un nuevo presupuesto. No ocurrirá así, por ejemplo, con la ampliación norte del Puerto de Valencia recientemente aprobada, que se encontraba reflejada e los presupuestos.

De la misma manera, al no existir cuentas del Gobierno de 2024, no podrá comprobarse si finalmente se activa una herramienta como el denominado Fondo de Nivelación. Un mecanismo de compensación para las autonomías infrafinanciadas que el Gobierno valenciano, ahora a través del PP que lidera Carlos Mazón, viene exigiendo en los últimos meses, una reclamación en la que, curiosamente, coincide con Compromís. La coalición valencianista, de hecho, trató de que esta reivindicación fuera incluida en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar, dada su alianza con el partido de Yolanda Díaz. El párrafo incluido en el pacto no mencionada utilizaba una fórmula que no señalaba de forma explícita el fondo, aunque la coalición valencianista así lo defendió: "La infrafinanciación acaba en los próximos PGE", llegó a afirmar la portavoz de Compromís en el Congreso. Al margen de que Montero ya había demostrado su intención de desmarcarse de esta iniciativa, de momento no importa demasiado puesto que si no hay nuevas cuentas, difícilmente habrá fondo de nivelación para compensar la infrafinanciación.

En relación a este asunto, precisamente esta prórroga, al hilo del adelanto electoral en Cataluña, también envía al congelador la anhelada reforma del sistema de financiación autonómica y la condonación de la deuda. En el primero de los casos, el Gobierno tenía previsto iniciar conversaciones bilaterales con Cataluña, algo que había puesto inicialmente en pie de guerra a las autonomías en el PP. Unas quejas que, no obstante, habían pasado a segundo plano en las últimas semanas debido, probablemente, a la preferencia del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, de poner el foco en otras cuestiones como el 'caso Koldo' o la aprobación de la amnistía, dado que además la reforma de la financiación puede generar ciertas discrepancias entre las autonomías gobernadas por el PP, dado que tienen criterios diferentes en el fondo de la cuestión.

En cuanto al segundo, la condonación de la deuda, el Gobierno de España había iniciado conversaciones con las autonomías después de que Sánchez incluyera en su acuerdo con ERC para la investidura esta condición para Cataluña. No obstante, el adelanto electoral también parece mandar a segundo plano esta negociación.