VALÈNCIA. (EFE) Las dos propietarias de la empresa valenciana Asesoramiento y Servicios de Drones SL, imputadas por cohecho dentro del llamado caso Mediador, han declarado este jueves que se sienten estafadas por haber desembolsado 47.000 euros sin recibir a cambio nada de lo que le prometieron a su padre, José Santiago Suárez.

Éste último era amigo del general de la Guardia Civil Francisco Espinos Navas, el único imputado que llegó a entrar en prisión, y que, según el testimonio de sus hijas, había convencido a Suárez sobre las posibilidades que ofrecían las islas para situar una sucursal de su empresa, a cambio del pago de 47.000 euros.

"Nos sentimos víctimas de una auténtica estafa", han afirmado las hermanas durante su declaración ante la juez, que ha declarado secreta la instrucción.

Además han indicado no ganaron ninguno de los contratos a los que se presentaron por aquellas fechas. Las dos imputadas sólo respondieron a preguntas de su abogado y se negaron a hacerlo a las del fiscal jefe y de la magistrada el Juzgado de instrucción número 4 de la capital tinerfeña.

Las hijas de Suárez mostraron su malestar por lo ocurrido y más aún por ser declaradas imputadas en una trama en la que consideran haber sido "víctimas y timadas".

Este miércoles también compareció ante la juez el exconcejal de Coalición Canaria (CC) en Candelaria, aunque no declaró dado que hasta el día de ayer no contaba con abogado por lo que será llamado de nuevo el próximo día 13 de julio.

Los dos principales procesados en este caso, el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes y su sobrino Taishet Fuentes, quien fue director general de Agricultura del Gobierno de Canarias hasta el verano pasado, están citados a declarar mañana.

Ambos fueron señalados por el acusado que da nombre a este caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte, como responsables de una trama que consistía en el pago de sobornos para conseguir un trato de favor por parte de las administraciones.