VALÈNCIA. El nuevo decreto de las comisiones de servicio de los docentes de la enseñanza pública valenciana cuenta con el descontento de todos los sindicatos presentes en la mesa de negociación. Por distintas razones, STEPV, Anpe, CSIF, CCOO y UGT se oponen a una norma que ha acabado teniendo rango de decreto, sobre la que varias de estas organizaciones estudian con sus respectivos servicios jurídicos las posibilidades para presentar un posible recurso.
Tal y como explicó este periódico, las reglas del juego de las comisiones de servicio —que permiten a un docente ocupar temporalmente un puesto distinto al de su destino definitivo— venían determinándose curso a curso sin ninguna norma propia que fijara los supuestos, requisitos y criterios de adjudicación en términos generales. Una cuestión que el departamento que encabeza Carmen Ortí ha fijado finalmente en un decreto en el que, además, se endurecen las condiciones para acceder a este mecanismo.
En este sentido, se limitan distintos supuestos que permiten optar a una comisión de servicios por cuestiones como el cuidado de familiares, el hecho de sufrir una discapacidad, tener una enfermedad leve o haber estado afectado por la Dana de 2024. Además, aquellos docentes que deseen solicitar una comisión de servicio por interés profesional deberán haber participado anteriormente en el concurso de traslados, pues los aspirantes se determinarán según la puntuación obtenida en el mismo.
En este mismo decreto, la Conselleria también establece el mecanismo de comisiones de servicio para puestos de naturaleza singular, lo que para Anpe supone que la normativa deje de contemplar las comisiones de servicio "como una medida de protección o movilidad del profesorado" para que pasen a ser un "instrumento de cobertura de puestos en interés del servicio".
Además, en su disposición final, el texto establece que las resoluciones, instrucciones y actos dictados con posterioridad al decreto no podrán "modificar, ampliar o restringir los requisitos del personal solicitante, las modalidades de comisión de servicios, los criterios de adjudicación, las ponderaciones de las fases de selección ni cualquier otro aspecto sustantivo establecido en esta norma", una operativa que también cuenta con el rechazo de la mayoría sindical al considerar que impide cambiar las reglas sustanciales de este procedimiento en convocatorias posteriores.
"Modifica el propio sentido" de las comisiones
Desde los distintos sindicatos remarcan que esta norma se planteó inicialmente como una orden y no como un decreto, tal y como salió a consulta pública, por lo que también estudian la posibilidad de interponer un recurso por este motivo. Para el sindicato mayoritario, STEPV, "no es más que una norma concebida desde la sombra y la traición a los docentes" y apuntan que "casi al 100%" presentarán un recurso por "mala fe negociadora", al considerar que las posibilidades para acceder a las comisiones de servicio se "recortan" frente a lo negociado en su momento con el Consell.
Por su parte, el comité ejecutivo autonómico de Anpe acordó el pasado sábado interponer un recurso contra este decreto y solicitar medidas cautelares para que las reglas fijadas en el decreto no lleguen a aplicarse en la próxima convocatoria. En la formación consideran que esta normativa "no solo endurece las condiciones para acceder a las comisiones de servicio, sino que modifica el propio sentido" de las mismas.
Además, la movilidad por interés del servicio supone "un retroceso respecto al texto abordado durante la negociación sectorial" a juicio de esta organización, ya que podría "perjudicar" a aquellos docentes que necesitan recurrir a este proceso por circunstancias personales o profesionales. Desde Anpe insisten en que el texto definitivo "incorpora restricciones" que no se incluyeron en el borrador de Orden que se negoció en 2025, por lo que "no pudieron ser abordadas en Mesa Sectorial".
Mientras desde CSIF abogan por que se prime la "profesionalidad, mérito y capacidad" en las reglas para acceder a las comisiones de servicio y piden que se priorice un sistema con "puntos objetivables", como estaba ocurriendo hasta la fecha. De esta manera, sobre los puestos por interés del servicio creen que la iniciativa puede tener "buenas intenciones", pero podría llegar a "manipularse en un momento determinado".
Una norma "de mínimos" que ha terminado en decreto
Desde CCOO también estudian con sus servicios jurídicos la posibilidad de presentar un recurso al considerar que la Conselleria de Educación ha elevado "de manera unilateral" a decreto un texto que "inicialmente iba a ser una orden". En esta línea, fuentes sindicales remarcan que en la negociación se hablaba de "una norma de mínimos" con la intención de adaptarla en las convocatorias posteriores, algo que finalmente no ha sido de esta manera.
Además, respecto a lo establecido en la disposición final, para CCOO "no queda claro" si se podrán añadir motivos a posteriori con los que acceder a este tipo de comisiones, algo que también estudiarán con sus servicios jurídicos a partir de este miércoles. "Podemos estar hablando de mala fe negociadora si esto finalmente se confirma, con las consecuencias legales que puede conllevar", apuntan.
Mientras desde UGT ven el decreto como "un recorte de derechos y garantías" en la adjudicación de las comisiones de servicio. "La reforma no responde a ningún problema real, viene a crearlos y a dificultar el ejercicio del derecho a la movilidad del profesorado", apuntan desde esta formación.
En esta línea, denuncian que se "recortan y bloquean muchas causas razonables" para acceder a este mecanismo y también aseguran estar en fase de estudio con su servicio jurídico y su dirección para determinar cuál es la mejor estrategia de oposición hacia la norma e incluso plantear la posibilidad de presentar un recurso contra este nuevo decreto.
