VALÈNCIA (EFE/VP). Las diferencias regionales en gasto público en educación alcanzan los 3.700 euros por alumno y la cifra se ha duplicado en los últimos 25 años, según las conclusiones expuestas en la XIII Jornada RIFDE sobre Finanzas Autonómicas, que ha concluido este jueves en València. Las cifras apuntan a que la Comunitat Valenciana está entre la que mayor esfuerzo dedican a la educación en relación con sus ingresos.

Lorenzo Serrano, investigador del IVIE, ha mostrado la trayectoria y la situación actual del gasto en educación, uno de los servicios fundamentales cedidos a las autonomías. En la siguiente sesión, los profesores de la Universidad de Santiago de Compostela Xoaquin Fernández Leicea, María Cadaval y Santiago Lago-Peñas, han presentado una ponencia en torno al debate sobre los recursos disponibles en las CCAA para asumir otros gastos, más allá de los servicios fundamentales.

En su intervención, Lorenzo Serrano ha destacado las enormes diferencias en gasto en educación por regiones, ya que alcanzan los 3.700 euros por alumno al año entre la región que más gasta en esta partida (País Vasco) y la que menos (Madrid). Además, ha resaltado que esta distancia, lejos de reducirse, se ha duplicado desde principios de siglo.

El análisis sobre el gasto en educación advierte de las diferencias por regiones, pero plantea que no solo se explican por la desigualdad de recursos determinada por la infrafinanciación autonómica, sino que se deben también a la decisión política de cada gobierno regional.

De hecho, el mayor o menor gasto no equivale al esfuerzo que hace cada autonomía en educación, medido como su peso en los ingresos netos de los que disponen, ha señalado. También en este caso hay diferencias que superan los 12 puntos porcentuales.

Andalucía, Murcia y Comunitat Valenciana, tres de las que más sufren la infrafinanciación autonómica, son las que realizan un mayor esfuerzo al destinar alrededor del 30 % de sus recursos a educación, frente a solo el 20 % de Navarra o Asturias.

Además, también se observan importantes diferencias en la distribución de ese gasto entre la enseñanza pública y la privada. País Vasco y Madrid destinan más de una cuarta parte de su gasto público a centros educativos privados frente a solo el 8 % en Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura.

El gasto público en educación en el conjunto del país ha mantenido una tendencia creciente tras la brusca caída de la crisis de 2008 y actualmente alcanza el nivel máximo en lo que llevamos de siglo, con 63.040 millones de euros en 2023, frente a los 45.7523 de 2002. Sin embargo, ha perdido peso en el gasto público total, ya que representa un 9,9 %, cuando a principios de siglo suponía el 11,5 % del total.

El avance en los últimos años no ha permitido alcanzar la media europea en gasto público en educación medido en porcentaje del PIB. Históricamente, España, se ha situado por debajo de la media y en 2023 todavía está 0,5 puntos porcentuales por debajo del 4,7 % de la EU-27. Una diferencia que supera los 2 puntos si se compara con los países europeos mejor posicionados como Suecia, Finlandia o Bélgica.

En este contexto, el investigador del Ivie y catedrático de la Universitat de Valencia también aprovechó su intervención para destacar los retos de futuro a los que se enfrenta la educación, marcada por las nuevas proyecciones demográficas que auguran un descenso de la población en edad típica para estudiar del 12 %.

Esta reducción del alumnado será diferente en función del nivel de estudios, por lo que ha recomendado reasignar las necesidades de gasto en función de esos niveles.

Tras esta primera sesión de hoy, las XIII Jornadas RIFDE han continuado con la ponencia presentada por los profesores de la Universidad de Santiago de Compostela Xoaquin Fernández Leiceaga, María Cadaval y Santiago Lago-Peñas, que se ha centrado en el gasto público de las comunidades autónomas en servicios no esenciales; es decir, aquellos que no forman parte del núcleo del Estado de bienestar (sanidad, educación y servicios sociales).

La diversidad en el esfuerzo autonómico en servicios no esenciales responde a una combinación de factores estructurales, institucionales y políticos, entre los que destacan la capacidad fiscal, el nivel competencial, la estructura territorial interna y las preferencias de los gobiernos autonómicos, tal y como se refleja en esta última sesión.

Para los autores del estudio, esta diversidad, lejos de ser un problema, constituye "una expresión legítima del modelo descentralizado, siempre que se garantice la equidad interterritorial en el acceso a los servicios esenciales".