CASTELLÓ. La Universitat d’Estiu de la UJI ha inaugurado este miércoles el curso sobre «La calidad del aire en España. Nuevos retos asociados a la implementación de la Directiva 2024/2881 de la UE» que se celebra en el Palasiet Wellness Clinic & Thalasso de Benicàssim. Se trata de una propuesta formativa que, durante dos días, 17 y 18 de junio, reúne a 25 expertos para debatir y analizar los retos que tienen los países que pertenecen a la Unión Europea ante la nueva normativa europea.

El acto lo ha iniciado el rector de la UJI, Jesús Lancis, que ha señalado la importancia de este tipo de foros «para avanzar y generar espacios para solucionar los problemas de la sociedad», y en este caso «la ciencia es la base para que las administraciones puedan tomar decisiones». El rector de la UJI ha explicado que «necesitamos establecer colaboraciones sólidas, un marco estable que permita establecer decisiones que favorezcan el bienestar de los ciudadanos». Lancis no ha querido perder la oportunidad para «agradecer a Eva Alcón, anterior rectora, y a la anterior vicerrectora de Cultura, Carmen Lázaro, su esfuerzo y trabajo al organizar esta edición de la Universitat d’Estiu».

Lancis ha estado acompañado por el codirector del curso, Xavier Querol, investigador del IDAEA del CSIC; María de Mar Viana, subdirectora general de Prevención de la Contaminación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico; José Vicente Miró, subdirector de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Benicàssim, Rosa Gil.

El reto de la nueva directiva

Durante su intervención, Xavier Querol no ha sido muy optimista en que se pueda conseguir el reto que marca la nueva directiva y ha afirmado que «en España está todo muy parado en comparación con otras ciudades de Europa que ya están aplicando medidas; ahora es el momento de aplicarlas, no de planificar como todavía se está haciendo aquí si queremos cumplir los objetivos». En este sentido, Querol ha insistido en que «es un tema crucial para evitar que Europa no se divida en dos velocidades en este tema como está pasando, puesto que sería muy negativo», y ha explicado que Alemania, Francia y Holanda, por ejemplo, ya están aplicando medidas, y España, Italia o Polonia no lo están haciendo todavía».

Durante las intervenciones de la primera jornada del curso ha quedado manifiesto que la nueva directiva es muy estricta y, para cumplir este ambicioso objetivo, la normativa pone como fecha máxima para que los estados miembros cumplan obligatoriamente los nuevos valores límite de emisiones el 2030, aunque, como ha avanzado María de Mar Viana, subdirectora general de Prevención de la Contaminación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD), «los estados miembros pueden pedir un aplazamiento hasta 2035 o 2040, depende de las causas que lo provoquen». Esta afirmación la ha realizado durante la mesa redonda, moderada por Eliseo Monfort, y que ha compartido con David Cáceres, del Área de Calidad del Aire del MITERD, sobre la evolución del cumplimiento de la Directiva 2024/2881 de la UE en España.

Viana ha destacado que los nuevos valores que exige la UE se acercan a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud y que el propósito de este marco normativo es que los valores de concentración de contaminación que puedan existir no supongan un riesgo para la salud humana, los ecosistemas y la biodiversidad, y ha insistido en que «se tiene que involucrar a la ciudadanía para poder conseguir los objetivos». Por su parte, David Cáceres también ha reforzado la idea de que la nueva normativa se centra «en proteger a las personas», mientras que ha añadido que «se tienen que incrementar los puntos de medida y, por tanto, habrá un cambio de paradigma, puesto que el seguimiento y la evaluación de las medidas será constante y habrá revisiones cada 5 años de los valores de contaminación».

Valores límite de ozono

En este sentido, el representante del MITERD ha señalado que «uno de los problemas que tendrá España con la nueva normativa es el cumplimiento de los valores límites de ozono debido a condiciones climatológicas y orográficas». Este tema ha centrado la segunda mesa redonda de la jornada, que ha moderado María de Mar Viana, y en la que han participado Silvia Monge, experta de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que ha desglosado el informe sobre la contaminación por ozono troposférico en Europa realizado por la Agencia, y Joaquín Caballero, del MITERD, que ha hablado sobre el Plan Nacional de Ozono.

Durante las intervenciones de los dos expertos ha quedado reflejada la influencia del ozono en la calidad del aire y han reforzado la idea de que uno de los retos de España será reducir los niveles de este gas. Silvia Monge ha comentado que «el área mediterránea y el centro de Europa tienen altas concentraciones de ozono que influyen, no solo en la salud, sino también a nivel de vegetación». En este sentido, Monge ha advertido que en 2023 en Europa hubo 63.000 muertes atribuibles al ozono y en los últimos años se calculan que se ha llegado a perder una producción de 17 millones de toneladas de trigo en la Unión Europea.

Sin embargo, la técnica considera que «si conseguimos reducir la contaminación por ozono de carácter antropogénico, nos acercaremos a cumplir los valores exigidos por la normativa». En su intervención, Joaquín Caballero ha insistido en «la dificultad a la hora de controlar y reducir las concentraciones de ozono», al cual se le atribuyen unos 6.500 muertos en 2023 en España. Además, Caballero ha insistido en la idea de que «la pérdida de productividad de los cultivos y en la salud a causa del ozono nos hace menos competitivos y tiene un impacto económico asociado», un efecto que se quiere mitigar con la ejecución del Plan Nacional del Ozono.

La contribución local y autonómica

La tercera mesa redonda ha abordado el tema de la contribución de las administraciones locales y regionales a la hora de fijar una hoja de ruta para conseguir resultados positivos ante las exigencias de Bruselas para aminorar la contaminación atmosférica. El foro de debate ha sido moderado por Javier González, de la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, y en él han participado Antonio Lozano García, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, que ha hablado sobre «Iniciativas en Andalucía para la elaboración de hojas de ruta y determinación de representatividad de las estaciones de la Red de Vigilancia»; Isabel Hernández Cardona, subdirectora de contaminación atmosférica de la Generalitat de Cataluña, y Encarnación de la Vega, del Ayuntamiento de Madrid, que ha desarrollado los «Trabajos previos para la elaboración de una hoja de ruta para la ciudad de Madrid».

Por la tarde, la actividad continúa con la participación de diferentes expertos que analizarán, entre otras cuestiones, las proyecciones de cara a 2030 sobre el cumplimiento de la normativa por parte de España. Así, Xavier Querol (CSIC), Alba Badía (BSC), Rafael Borge (Universidad Politécnica de Madrid) y Marta García Vivanco participarán en la mesa redonda «Contribuciones de las Opios: Hojas de ruta», moderada por Marc Guevara del BSC. Por otro lado, Noemí Pérez (CSIC), Xavier Querol (CSIC) y Pedro Salvador, del CIEMAT, analizarán las «Contribuciones naturales» a la hora de asumir el reto de la nueva normativa.