CASTELLÓ. «Estamos ante una nueva responsabilidad para la comunidad científica», ha asegurado la profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universitat de Barcelona Ana María Sánchez Cobaleda durante la jornada sobre uso dual en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) organizada por la Universitat Jaume I de Castelló con el objetivo de sensibilizar al personal investigador y personal técnico de la Oficina de Transferencia del Conocimiento sobre esta temática.
La jornada ha contado con la participación de la vicerrectora de Innovación, Transferencia y Territorio, Marisa Flor Peris; la vicerrectora de Investigación, Azucena García Palacios; el director académico de Transferencia, Adrián Mota Babiloni; la vicerrectora adjunta de Investigación, Margarita Vergara Monedero; y la responsable del Servicio de Gestión de la Investigación y la Transferencia, Isabel Giménez García.
Pero, ¿qué es el doble uso de la investigación? Son los materiales, tecnologías o conocimientos que pueden tener tanto propósitos pacíficos como propósitos nocivos y que encontramos en la vida cotidiana, como, por ejemplo, el flúor, que también forma parte del gas sarín, o los liofilizadores usados en el café instantáneo o las armas biológicas. Actualmente, la Unión Europea dispone del Reglamento 2021/821, que incluye el listado de productos o técnicas que tienen que obtener una autorización de exportación antes de compartirlas con centros o personal de países que no son de la UE.
La revisión de materiales y tecnología
La normativa, vinculante para todos los países de la UE, contempla la necesidad de revisar los materiales, tecnología o el conocimiento que se comparte vinculado a la ingeniería de materiales, las sustancias químicas o radiactivas, las tecnologías de navegación para sistemas aéreos, espaciales o submarinos; la automatización o las tecnologías de cohetes y drones o de seguridad informática, así como los países a los que van dirigidas.
Esta es, según explica la profesora Sánchez Cobaleda, una «responsabilidad» para la comunidad científica que plantea nuevos retos, como el de compaginarla con la libertad académica que alcanza la cooperación transfronteriza o movilidad del personal; los daños reputacionales que pueden surgir cuando se produce la aplicación en un arma de destrucción masiva (biológica, nuclear, química o que vulnera los derechos humanos); o cómo se aplica la normativa al personal investigador «cuando las instituciones universitarias no tienen un poder jerárquico real sobre su personal académico», ha comentado.
La seguridad de la investigación
A continuación, Sánchez Cobaleda ha hablado sobre el concepto de research security o seguridad de la investigación, especialmente a raíz de la estrategia europea de seguridad económica, planteada para hacer frente al desabastecimiento de mascarillas durante la pandemia de la covid-19, la dependencia energética ante el conflicto entre Ucrania y Rusia, la creciente rivalidad entre EE. UU. y China o la necesidad de proteger tecnologías críticas e infraestructuras.
«La investigación tiene un papel clave», ha asegurado, para desarrollar los pilares básicos de esta estrategia (promover una base económica y la competitividad; protegerse de los riesgos y establecer asociaciones para abordar intereses comunes) y hacer frente a los principales riesgos que pueden afectar a las universidades, como «la transferencia no deseada de conocimiento o tecnología críticos, las injerencias extranjeras o las vulneraciones de los valores fundamentales o de los marcos éticos».
De momento, han surgido varias iniciativas europeas para poner en común y compartir las ideas en este ámbito, como ENCORS (European Network Conference on Research Security) o el espacio Ciencia Segura desarrollado en España por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
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