CASTELLÓ (EP). El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves la licitación de la concesión de las áreas de servicio en la AP-7 en los tramos Tarragona-València y València-Alicante, que revierten al Estado el 1 de enero de 2020 con la liberalización del tráfico en la autopista.

La modalidad de contrato será concesión de servicios por un plazo de 5 años, cuyo objeto será la conservación y explotación de las instalaciones existentes junto con la ejecución de las operaciones de reforma y mejora que propongan los adjudicatarios en sus ofertas.

La explotación de las áreas de servicio devengará el correspondiente pago de un canon anual a favor de la Administración General del Estado.

En concreto, en la Comunitat Valenciana, esta medida afecta a las áreas de servicio de Benicarló, la Ribera, la Plana, Sagunt, la Safor, San Antonio y la Marina. Los contratos oscilan entre los casi 15 millones de la de San Antonio y los 33,5 de la de la Marina. El canon mínimo actual variará entre los 157.119,51 euros de San Antonio y los 410.695,85 de la de Sagunt.

Negociación del ERE

En paralelo, Abertis, a través de su filial Aumar, ha iniciado este jueves la negociación con los sindicatos del expediente de regulación de empleo (ERE) presentado para 140 trabajadores de esta autopista y de la AP-4, cuya concesión también finaliza el próximo 31 de diciembre.

Este ajuste equivale a casi la mitad (el 46%) del total de 300 empleados que suman las dos vías y se centra en los empleados vinculados a las labores de cobro de peaje, toda vez que está previsto que aquellos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura se subroguen en el contrato de conservación que firme Fomento.

En concreto, en el caso de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, el ERE incluye a 115 trabajadores, el 47% del total de 245 empleados de la vía, de 373 kilómetros de longitud sumando sus dos tramos.