CASTELLÓ. El secretario general del PSPV de Castellón, Samuel Falomir, recrimina al bipartito PP-Vox de la Generalitat que deje “fuera de juego” las políticas de empleo de su hoja de ruta para 2024 “con un recorte previsto en todos sus programas y organismos de más 100 millones de euros”. Falomir ve contraproducente e inaudito que, con 35.000 personas buscando trabajo en la provincia, el PP pase la tijera en formación y políticas activas de empleo” y afirma que “con sus continuas decisiones erróneas están poniendo en riesgo el empleo de miles de personas”.

Samuel Falomir detalla que la Generalitat de PP y Vox se estrena con unos presupuestos “precarios para el empleo” con recortes que van del 20% en Labora y la promoción de empleo al 30% que pierde el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). “Son recortes que sufrirán las empresas que, por orden de los que venían a apoyarlos, se quedarán sin ayudas a la modernización y otros programas de contratación que impulsó el ‘president’ Ximo Puig”.

El dirigente socialista también arremete contra la falta de apoyo del Consell a sectores clave de la economía provincial como la cerámica y la citricultura. “La absoluta dejadez de Mazón para ayudar a la industria azulejera y el campo se traducirá en más despidos” porque “con la única ayuda del Gobierno central no es suficiente”.

“Seis de cada diez personas afectadas por un ERTE o ERE en la Comunitat Valenciana son de Castellón y al PP parece no importarle nada. A nosotros sí, por eso nuestros diputados y diputadas en Les Corts han presentado enmiendas para revertir estos recortes injustos con la provincia”. Al hilo de esto, defiende que “la Comunitat Valenciana ha tomado una peligrosa dirección, la de los recortes, que nos convertirá en una autonomía menos competitiva y ambiciosa”.

“El PP valenciano solo pide que actúe Madrid y obvia que, en materia de empleo, también tienen competencias”, por eso mismo afea que, a pesar de las promesas, ahora “niegue las ayudas prometidas al azulejo, no prevea bajadas de impuestos al sector y desvíe recursos destinados a la agricultura a promoción institucional”. “Es un golpe claro a nuestra economía”, denuncia.