MADRID (EFE). El Pleno del Congreso debatirá este martes la admisión a trámite de la proposición de ley para la creación de unos impuestos temporales para grandes bancos y energéticas, con los que se espera recaudar 7.000 millones de euros en dos años.
Todo apunta a que la Cámara Baja aceptará la tramitación de la proposición de ley, que iniciará así su andadura legislativa con el objetivo de entrar en vigor a comienzos del próximo año y que dos de los sectores beneficiados por la actual crisis aporten más.
Los nuevos impuestos para grandes bancos y empresas energéticas fueron anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y finalmente se materializaron en una proposición de ley conjunta de PSOE y Unidas Podemos.
El texto prevé la creación de dos prestaciones patrimoniales de naturaleza pública y carácter no tributario, que no podrán trasladarse a los consumidores, una obligación que será vigilada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y cuyo incumplimiento sería una falta "muy grave" sancionada con el 150 % del importe trasladado.
Las prestaciones afectarán a una veintena de grandes empresas durante dos años, a pagar en 2023 y 2024, aunque referidas a los resultados del año previo, y no podrán deducirse en el impuesto de sociedades.
La prestación energética, que prevé recaudar 2.000 millones anuales, gravará con un tipo del 1,2 % la cifra de negocios anual de las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras (aquellas que facturaron más de 1.000 millones en 2019).
Por lo que respecta a la bancaria, que espera recaudar 1.500 millones anuales, ascenderá a un 4,8 % del margen de intermediación, es decir, los intereses netos -diferencia entre los que cobra y los que paga- y las comisiones netas -diferencia entre las cobradas y pagadas-, siempre que la entidad superara los 800 millones de intereses y comisiones brutas en 2019.
Tras el anuncio de los impuestos, las patronales de la banca (AEB) y de las antiguas cajas de ahorro reconvertidas en bancos (CECA) denunciaron que la tasa supondrá un obstáculo para la recuperación económica, aunque se mostraron dispuestas a dialogar con los grupos parlamentarios durante la tramitación de la norma.
También la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, aelēc, denunció que la introducción de un nuevo gravamen extraordinario y temporal no está justificado, es ineficaz para contener el alza de los precios, contrae la actividad económica y compromete las inversiones para acelerar la descarbonización de la economía.
