VALÈNCIA. La nueva de la ley de À Punt impulsada por el PP y Vox desde Les Corts introduce varios aspectos en el apartado de personal que resultan de relevancia y que se irán comprobando los próximos meses. Lo que de momento establece es que se mantendrá (al menos por ahora) a la actual plantilla de la radiotelevisión valenciana, conformada por casi 500 trabajadores, y que éstos se subrogarán al ente público que se crea. 

La norma que pasará a regir À Punt cambia totalmente la estructura de la sociedad y la dirección. Se fusionan las dos actuales: la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) –la sociedad mercantil en la que se incluye el grueso de la plantilla de la radiotelevisión– y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) –la entidad encargada de la gestión del servicio público–. Así, la forma jurídica pasa a ser la de sociedad anónima pública, que se denominará Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), y estará adscrita a Presidencia.

Con ello desaparece el Consell Rector de la Corporació (el máximo órgano de gobierno y administración). En su lugar, se crea un Consejo de Administración al uso al estilo del de Canal 9 y una dirección general ejecutiva. El Consejo estará conformado por un total de ocho miembros (entre ellos el presidente), siete escogidos por los grupos parlamentarios de Les Corts y uno por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), que preside el PP y donde no está Vox. 

En Les Corts tendrán que ser elegidos por una mayoría de tres quintos en primera votación y, si no saliera, por mayoría absoluta en segunda votación. Es decir, que en primera vuelta tendría que salir adelante por parte de los dos partidos del Consell (PP y Vox) y, al menos, uno de la oposición (el PSPV y/o Compromís); pero en segunda vuelta pueden dar luz verde en solitario los partidos de Gobierno. A corto plazo, por lo tanto, el PP y Vox se aseguran el control del órgano directivo de la radiotelevisión si no existe pacto con la izquierda. 

A ello se añade que habrá una figura de director general, que tendrá el poder ejecutivo. Será nombrado por el Consell a propuesta del Consejo de Administración también por un periodo de cinco años. 

De este modo, todo pasará a depender ahora de un Consejo, que será elegido una vez aprobada la ley. La intención del PP y Vox es que la norma obtenga luz verde antes de que finalice el actual periodo de sesiones en julio. A partir de ahí, se constituirá el Consejo en el plazo máximo de un mes y, luego, deberá aprobar en un plazo de seis meses una nueva relación de puestos de trabajo (RPT), con el procedimiento establecido en la ley.

En cuanto salga adelante la citada RPT, se suspenden los procesos de selección de personal de las distintas ofertas de empleo que estaban en marcha en este momento. Esto significa que se suspenden las oposiciones, las cuales se encontraban en este momento en un limbo puesto que estaban convocadas pero sin fecha. 

Con la nueva RPT, se realizará la subrogación de los trabajadores que proceden de las antiguas sociedades. La ley contempla la conservación del estatus laboral del personal ya contratado actualmente por À Punt: "La CACVSA se subrogará en la misma posición jurídica que ostentaban las extintas Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y de la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SMCV) en las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de naturaleza laboral, convencional o extra convencional, y de seguridad social de los trabajadores. Se respetarán en todo caso la categoría profesional, la antigüedad y los derechos económicos adquiridos por el personal mencionado, así́ como sus derechos sociales. En consecuencia, el personal laboral que presta sus servicios en la CVMC y la SAMC se adscribirá a la CACVSA en la mismas condiciones y derechos de los que eran titulares".

Ya con todo esto realizado, se deberían convocar en teoría las nuevas oposiciones. Los cálculos más optimistas apuntan a que se podría hacer en dos años. Las experiencias anteriores y cómo se suelen ralentizar estos procedimientos hace pensar que se alargará más. 

AQUÍ MOVIDAS DE LOS TRABAJADORES, ÁLVARO 

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Sin obligación de presupuesto mínimo

Al margen del tema de personal, otro de los puntos relevantes de la ley es el del presupuesto, y que simplifica en dos párrafos. "La CACVSA se financiará con cargo a los intereses y rendimientos de las actividades que realice y, en su defecto, al Presupuesto de la Generalitat. La financiación de la actividad de la CACVSA se complementará entre la comercialización y venta de sus productos, la participación en el mercado publicitario, tratando de alcanzar cada vez mayor capacidad de autofinanciación, y los fondos consignados en los Presupuestos de la Generalitat". 

La nueva norma elimina, así, los límites legales de presupuesto que tenía la anterior, y en la que se especificaba que las compensaciones para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público "se consignarán en los presupuestos de la Generalitat y nunca podrán suponer un importe inferior al 0,3 % o superior al 0,6 % de estos".

Realmente, el Botànic no cumplió casi nunca ese mínimo legal. Lo hizo por primera vez en 2023. Desde luego, nunca llegó al máximo. El PP y Vox establecieron a su llegada que el máximo sería el 0,3%, pero ahora van más allá y suprimen ese límite legal. 

MÁS COSAS DE PRESUPUESTOS EN RELACIÓN CON LA RPT 

+ LIBRO ESTILO