El juez rechaza la petición de Ábalos de testificar en el 'caso Koldo' y le remite a Supremo

CASTELLÓ (EFE). El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado la petición del exministro de Transportes y diputado por Valencia José Luis Ábalos para declarar como testigo y le ha remitido al Tribunal Supremo, donde envió una exposición razonada con los indicios que apuntan a que pudo tener un rol "principal" en el caso Koldo.

Ábalos solicitó declarar en calidad de testigo en la Audiencia Nacional el pasado 11 de octubre para defender su inocencia, un día después de que se conociese un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que solicitaba investigarle por su "papel relevante" en la trama.

Tras ese informe de la UCO, llegó otro de la Fiscalía Anticorrupción que también incriminaba a Ábalos en la presunta organización criminal y, días más tarde, el 23 de octubre, el juez apoyó la tesis de los investigadores y solicitó al Supremo que investigase al exministro, dado que es el órgano competente para hacerlo por estar aforado al ser diputado.

Por eso, el juez Moreno se remite a esa exposición razonada en la que incluía los indicios recabados hasta el momento contra Ábalos a la hora de denegar su solicitud de declarar en calidad de testigo en la causa.

En una providencia dictada este jueves, el magistrado recuerda a Ábalos que ahora deberá "ejercer sus pretensiones" ante el alto tribunal.

Porque el juez Moreno envió toda la investigación al Supremo y es ahora este tribunal el que tiene que decidir si la asume en su totalidad, se queda únicamente la parte de Ábalos o la devuelve por no tener suficientes indicios.

En dicha exposición, el magistrado explicaba los "indicios fundados y serios" de que Ábalos habría tenido un "papel principal" en la presunta trama que se habría lucrado con la venta de mascarillas en plena pandemia y que habría intervenido para la adjudicación de contratos a una empresa, supuestamente a cambio de contraprestaciones, como el uso y disfrute de un chalé en la provincia de Cádiz.

Atribuía al exministro valenciano una "imputación clara y concreta" en el caso a través de una serie de indicios de que pudo incurrir en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, como sostiene también la Fiscalía Anticorrupción.