CASTELLÓ. Había un tiempo en el que tener a un ministro valenciano comportaba mayoritariamente buenas noticias. Primero porque tan solo la esperanza de poder aumentar la capacidad de influencia en el Gobierno central ya era suficiente motivo de celebración. Esa presencia también facilitaba la interlocución con los diferentes sectores del territorio de origen a la hora de recoger reivindicaciones, problemas o consultas. Es decir, sabían a quién dirigirse en Madrid. Además, cualquier logro de gestión –especialmente en lo que a inversiones se refiere– tenía buena venta. Aunque todo lo que se reclamara no llegara a ser atendido, tampoco había grandes incendios. 

Pero luego llegó la era Pedro Sánchez. O mejor dicho, la era del Pedro Sánchez dependiente de los partidos independentistas por una complicada aritmética parlamentaria que le permita mantenerse en la presidencia del Gobierno. En ese Ejecutivo es ministra Diana Morant, que a su vez es secretaria general del PSPV. Cargos compatibles, pero que provocan, en el contexto actual, la necesidad de una defensa cerrada del líder en cualquier asunto. Aunque éste choque con los intereses de la propia federación socialista en la Comunitat Valenciana. 

Y es lo que está ocurriendo precisamente en este momento. El preacuerdo de Sánchez con ERC para que Cataluña disponga de una financiación singular similar a un concierto económico –y que serviría para investir al candidato del PSC, Salvador Illa, presidente de la Generalitat– ya ha generado el rechazo de varias federaciones socialistas. No así la de la valenciana.