CASTELLÓ. Profesorado de ocho universidades españolas, coordinado por la Universitat Jaume I de Castelló, ha contribuido a la mejora de la seguridad jurídica en la gestión de la información por parte de las Administraciones Públicas y a la conciliación del derecho a la protección de datos con el deber de transparencia y la lucha contra la corrupción, al proponer mejoras regulatorias tras analizar, comparar y detectar vacíos legales entre las diferentes normativas estatales y autonómicas en estas materias.
El estudio de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en el ámbito público ha permitido identificar los retos a los que se enfrentan las administraciones en la implementación de estos derechos fundamentales, diseñar acciones formativas para transmitir este conocimiento a las personas que trabajan en ellas y mejorar el servicio público que ofrecen a la ciudadanía. Además, han proporcionado herramientas normativas para hacer compatibles la garantía de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales.
En opinión del equipo investigador, "al garantizar que la protección de datos no sea utilizada como un pretexto para restringir la transparencia, se ha reforzado el acceso a la información de interés general, lo que permite a la sociedad participar de manera más activa en los asuntos públicos". Además, destacan como una de las aportaciones más relevantes en el ámbito de la protección de datos el hecho que supone "la identificación de mecanismos para fortalecer la protección de las personas que denuncian en los casos de corrupción".
La incidencia de los resultados del proyecto "La conciliación del derecho a la protección de datos con el cumplimiento por los poderes públicos del deber de transparencia y de lucha contra la corrupción (DATATRANSCO)", subvencionado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se ha extendido, además de a los sectores de la administración pública y el jurídico, a otros como el de tecnología e inteligencia artificial, puesto que el equipo investigador ha incorporado al análisis y comparación el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA), aprobado en 2024, que incluye exigencias respecto de la transparencia y la explicabilidad (entender cómo funciona el algoritmo).
"El fortalecimiento de la seguridad jurídica en la gestión de datos personales en el ámbito público ha favorecido la eficiencia administrativa y la reducción de riesgos laborales para las administraciones y, a la vez, ha beneficiado la accesibilidad a la información pública y la protección de datos", comenta el equipo de investigación, que también asegura que "en el campo de la inteligencia artificial, el análisis de la nueva regulación europea ha permitido describir unas recomendaciones para garantizar un uso ético y responsable de estas tecnologías y que no generen desigualdades ni discriminación".
Durante el proyecto, el personal docente e investigador ha realizado acciones de transferencia de conocimiento dirigidas a entidades públicas, como ayuntamientos y empresas internacionales asociadas a la Comisión Europea, que han contado con el apoyo del equipo para redactar normativas y estrategias en materia de protección de datos, transparencia, prevención de la corrupción y lucha contra el fraude. También ha propiciado el debate sobre estas cuestiones en los congresos nacionales e internacionales en los que han participado y ha abordado el estudio de temáticas más específicas, como la publicidad activa durante las elecciones, la transparencia en las universidades públicas o privadas o el posible efecto discriminador en los algoritmos.
Además, ha abierto colaboraciones con grupos de investigación de otras universidades como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Vigo o la Universidad Carlos III de Madrid; el proyecto europeo RightsEU, que estudia los derechos sociales en el empleo del siglo XXI; el proyecto TRUST, liderado por el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba; o las cátedras Identidad y Derechos Digitales de la Fundación Integra y la Universidad de Murcia, y la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de Microsoft y la Universitat de València.
En el ámbito institucional nacional y europeo también se ha contado con la participación de la Dirección de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, la Comisión LIBE del Parlamento Europeo y las universidades Studi Roma Tre o Vrije Universiteit Brussel.
La investigación, coordinada en un primer periodo por las catedráticas Rosario García Mahamut y Beatriz Tomás Mallén, ambas del grupo Protección de Datos y Derechos Fundamentales (PRODADEF) de la Universitat Jaume I de Castelló, y en un segundo periodo por Beatriz Tomás Mallén y Mónica Arenas Ramiro, de la Universidad de Alcalá, tras el nombramiento de la profesora García Mahamut como directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ha contado con otros miembros del grupo PRODADEF, como Cristina Pauner Chulvi, Jorge Viguri Cordero y Jaime Clemente Martínez, así como con personal de las universidades de Alcalá de Henares, València, Elche, Vigo, UNED, Pablo de Olavide de Sevilla y la Oberta de Catalunya.
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