CASTELLÓ. La provincia de Castellón observa con interés el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras impulsado por el Gobierno, una medida que sindicatos, entidades sociales y, con matices, el tejido empresarial coinciden en señalar como una oportunidad para responder a la creciente falta de mano de obra en sectores clave de la economía provincial como la construcción, la agricultura y la hostelería.
El Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación urgente de un real decreto para regularizar la situación administrativa de personas extranjeras que ya residen en España. El objetivo, según explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, es ofrecer a este colectivo la posibilidad de “vivir con igualdad de derechos” y dar respuesta a “una realidad que existe en nuestras calles y tiene impacto en la convivencia, el bienestar y la economía”.
Desde la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en Castellón, su presidente, Luis Martí, considera que este asunto es "una cuestión de Estado que debería abordarse en el Parlamento y no mediante decisiones unilaterales del Ejecutivo". No obstante, reconoce que España “necesita ser un país de acogida” para cubrir los miles de puestos de trabajo que actualmente quedan vacantes. En este sentido, defiende que "la regularización debe ir acompañada de procesos de formación, tanto en origen como en destino, para garantizar una adecuada integración laboral y social y ofrecer a estas personas un proyecto de futuro estable".
Una visión más claramente favorable mantienen los sindicatos. El secretario general de CCOO en Castellón, Albert Fernández, considera que la regularización “era necesaria” y responde a una realidad que el sindicato conoce de primera mano. “Hay muchas personas que quieren trabajar, incluso con ofertas de empleo, pero que no pueden hacerlo por no tener la documentación en regla”, señala. Fernández recuerda que la provincia, al igual que el conjunto del país, arrastra un déficit de mano de obra en sectores como la construcción, la agricultura, la hostelería y también en actividades vinculadas a los cuidados, la limpieza del hogar o la atención a personas mayores.
Desde CCOO insisten en que el crecimiento económico y demográfico de España no se entiende sin la aportación de la población inmigrante, más aún en un contexto de crecimiento vegetativo negativo. “Estas personas son imprescindibles para la prosperidad de la provincia y del país”, afirma Fernández, que valora la medida como “muy positiva”, siempre que se aplique de forma regulada y con criterios claros. Además, recuerda que no es la primera regularización extraordinaria que se realiza en España y critica la oposición de algunas fuerzas políticas, al tiempo que subraya que la regularización permitirá aflorar empleo, aumentar las cotizaciones y mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadores que hoy se encuentran en la economía sumergida.
En una línea similar se expresa el secretario general de UGT en las comarcas de Castellón, Vicente Chiva, quien considera que no es admisible que existan trabajadores en situación irregular. “Regularizar dignifica los puestos de trabajo y permite que estas personas contribuyan plenamente a la sociedad”, afirma. Chiva advierte de que mantener a población trabajadora fuera del marco legal “implica más gasto que beneficio” y coincide en señalar que la construcción, la hostelería y la agricultura concentran actualmente la mayor necesidad de mano de obra en la provincia. Sectores en los que, de hecho, la población extranjera ya ocupa buena parte de los empleos ante la falta de trabajadores nacionales disponibles.
El respaldo a la medida también llega desde el ámbito social y eclesial. Cáritas, junto a la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, celebra el anuncio de la regularización extraordinaria y la considera un acto de justicia social. Las entidades recuerdan que muchas personas migrantes llevan años contribuyendo al desarrollo del país pese a encontrarse en situación administrativa irregular.
Los datos avalan esta preocupación. Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, casi nueve millones de personas migrantes viven en España y el 68% de quienes se encuentran en situación irregular sufren exclusión social. Cáritas apunta que en 2024 el 47% de las personas acompañadas por la entidad no tenía regularizada su situación, unas 550.000 personas, una cifra en aumento desde 2019. En la Comunitat Valenciana, una de cada cinco personas residentes se ve afectada por la exclusión social, una realidad que, tal y como defendió el director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, Francisco Mir, exige respuestas urgentes y compartidas.
El debate sobre la regularización se produce, además, en un contexto en el que la aportación de la población extranjera al mercado laboral de Castellón resulta cada vez más evidente. El crecimiento del trabajo autónomo en la provincia durante 2025 se ha sustentado mayoritariamente en trabajadores extranjeros, que concentran más del 80% del aumento neto de afiliaciones al RETA, con especial protagonismo en sectores como la hostelería y la construcción. Un indicador que refuerza la idea de que la regularización puede convertirse no solo en una herramienta de cohesión social, sino también en un factor clave para sostener la actividad económica y el empleo en la provincia.
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