CASTELLÓ. El listado de proyectos en tramitación para la expansión de la energía fotovoltaica por el territorio castellonense pierde cuatro proyectos que sumaban 156,8 MW, al decaer por deficiencias administrativas.
La Generalitat Valenciana ha puesto punto final a la tramitación de cuatro proyectos de plantas fotovoltaicas que sumaban 156,8 megavatios (MW) de potencia en la provincia de Castellón. Las resoluciones de la Dirección General de Energía y Minas, publicadas este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), declaran la "pérdida sobrevenida del objeto" de los expedientes después de que los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica asociados a las instalaciones hubieran caducado.
El grueso de la potencia corresponde a tres plantas proyectadas en Cabanes, denominadas FV Vilafamés 1, FV Vilafamés 2 y FV Vilafamés 3, con 47,125 MW cada una. En conjunto, los tres proyectos sumaban 141,375 MW. A ellas se añade la planta FV Onda-Amber Solar, promovida en el término municipal de Onda, con una potencia instalada de 15,4 MW.
La decisión de la Administración autonómica no supone una nueva evaluación ambiental desfavorable de las instalaciones. La Generalitat cierra unos procedimientos de autorización que habían quedado sin uno de sus requisitos esenciales: disponer de permisos vigentes de acceso y conexión a la red.
Tres plantas de 141 MW en Cabanes
En el caso de los tres proyectos de Cabanes, los expedientes se iniciaron en octubre de 2021. Las instalaciones contaban con permisos de acceso y conexión a la red de transporte concedidos el 21 de junio de ese mismo año.
La normativa estatal establece una serie de hitos administrativos que deben cumplirse dentro de unos plazos determinados para mantener los derechos de acceso y conexión. En estos tres expedientes, los promotores no acreditaron dentro del plazo de 31 meses el cumplimiento del hito relacionado con la obtención de una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable.
Como consecuencia, Red Eléctrica comunicó el 22 de marzo de 2024 la caducidad automática de los permisos de acceso y conexión. Los promotores plantearon posteriormente conflictos ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero el organismo regulador los desestimó en mayo de 2024.
Los servicios territoriales de Industria y Energía de Castellón propusieron posteriormente la denegación de las autorizaciones solicitadas y, finalmente, la Dirección General de Energía y Minas ha declarado la pérdida sobrevenida del objeto de los procedimientos.
La razón es que, una vez extinguidos los permisos de acceso y conexión, la Administración autonómica ya no puede conceder las autorizaciones de las instalaciones de producción en los términos solicitados.
El resultado es el cierre administrativo de tres proyectos que, de haberse materializado, habrían aportado más de 141 MW de nueva potencia fotovoltaica en el término municipal de Cabanes.
Onda: 15,4 MW y un proyecto contestado por los vecinos
La cuarta resolución afecta a la planta FV Onda-Amber Solar, promovida por Amber Solar Power Dos SL, con una potencia instalada de 15,4 MW.
En este caso, la causa de la caducidad de los derechos de acceso a la red es diferente. El expediente recoge que el plazo para acreditar el hito administrativo correspondiente a la autorización administrativa previa y a la autorización de construcción finalizó el 3 de marzo de 2025 sin que se hubiera acreditado su cumplimiento.
La empresa presentó posteriormente, el 26 de marzo de 2025, proyectos modificados de la instalación y de sus infraestructuras de evacuación, pero para entonces el permiso de acceso y conexión ya había caducado.
El proyecto había generado además oposición entre vecinos de la zona —quienes contaban también con el respaldo del Ayuntamiento de Onda— que cuestionaban el impacto que la planta y sus infraestructuras asociadas podían tener sobre el entorno y el territorio de Onda. De hecho, la tramitación de la planta había generado decenas de alegaciones durante el periodo de información pública. El proyecto contemplaba cerca de 26.000 paneles solares y una superficie de aproximadamente 235.000 metros cuadrados en la zona de Sitjar Baix, según la documentación del expediente.
Con todo, el cierre del expediente no deriva formalmente de la oposición vecinal o municipal, sino de la caducidad del permiso de acceso y conexión tras no acreditar en plazo el correspondiente hito administrativo.
Las cuatro resoluciones publicadas por la Generalitat tienen así un denominador común: los proyectos pierden la posibilidad de continuar su tramitación al haber quedado extinguidos sus derechos de acceso y conexión a la red.
Las resoluciones contemplan la posibilidad de interponer recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio en el plazo de un mes.
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