VALÈNCIA. Veinte años después de los supuesto hechos delictivos y ocho desde que se dictó la apertura de juicio oral, la Audiencia Nacional iniciará este lunes la vista oral del llamado caso Grand Coral, sobre las participación de Bancaja y Banco de Valencia en inversiones inmobiliarias en en Baja California y Rivera Maya (México) entre 2005 y 2009.
El número de acusados cuando se dictó la apertura de juicio oral en noviembre 2018 era de 48, pero al menos uno de ellos, el entonces presidente de ambas entidades, José Luis Olivas, que fue presidente de la Generalitat entre 2002 y 2003, no estará en el banquillo, puesto que falleció en noviembre de 2025.
No es el único procesado que ha fallecido durante los ocho años que se ha tomado la Audiencia Nacional para señalar la fecha del juicio, por lo que la cifra de acusados estará en torno a los 45. La mayoría son exdirectivos de las dos entidades, junto a los empresarios que participaron en las operaciones inmobiliarias valoradas en 750 millones de euros en lo que la jueza instructora calificó de "una auténtica operativa de desfalco".
Según el relato de los hechos que hizo la magistrada Carmen Lamela, primera jueza instructora del caso, entre 2005 y 2009 Bancaja y Banco de Valencia participaron en inversiones inmobiliarias "diversas y de una enorme magnitud económica" en Baja California y Rivera Maya formando parte del llamado Grupo Grand Coral.
En palabras de la magistrada, "los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco de las entidades que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch", beneficios que suman alrededor de 170 millones de euros.
- Asamblea general de Bancaja, en marzo de 2011.
- Foto: JUAN CARLOS CÁRDENAS/EFE
En ese momento, las entidades estaban presididas por Olivas, los directores generales eran Aurelio Izquierdo y Fernando García Checa, y el consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, los tres procesados, aunque García Checa falleció en 2021.
Operativa
La operativa se llevó a cabo en cinco operaciones, según las conclusiones de la jueza: los proyectos Emerald, Zacatón, Piedras Bolas y Vinoramas; movimientos accionariales en sociedades, y contratos de gestión a favor de Ferri y Baldó. Según el auto de procesamiento, toda esta operativa estaba "realmente" dirigida "desde dentro" de las entidades porque a Izquierdo y Parra "les guiaban espurios intereses económicos" conjuntos con Ferri y Baldó, a lo que se unió la "postura consentidora" de Olivas, entre otros.
Sobre el expresidente valenciano, la jueza sostenía que "conoció y alentó las inversiones millonarias" que se estaban realizando en Grand Coral, lo que entiende como un "continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó", de tal manera que estos, en agradecimiento por el trato que recibían de Olivas, le pagaron hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio.
La Sala de lo Penal compartió este argumento afirmando que "se trató de un favorecimiento económico de forma sistemática e injustificada" llevado a cabo por Bancaja y Banco de Valencia, "amén de la alusión a unos viajes de ocio en 14 ocasiones de los que resultó beneficiado el señor Olivas".
A lo largo de la investigación de la Audiencia Nacional se ha determinado que los consejos de administración de Bancaja permitieron las operaciones "en claro menoscabo de la entidad", con múltiples irregularidades y la ausencia de racionalidad económica en parte de las inversiones, "constatándose un quebranto económico del 100% de la inversión llevada a cabo por las entidades financieras Bancaja y Banco de Valencia en el Grupo Grand Corald, lo que se valora en 750 millones de euros".
Asimismo, durante la instrucción se pudo determinar una presunta operativa de blanqueo a través de las cuentas en Andorra controladas por Aurelio Izquierdo y Domingo Parra que gestionaban tanto cuentas propias como la cuenta de la empresa Summerville, en la que se recibieron 16 millones de dólares de la "injustificable plusvalía" de la operación Zacatón y Piedras Bolas, que, según los indicios, se pudieron repartir Izquierdo y Parra junto con los hoteleros Ferri, Baldó y Poch.
Por este motivo, la Fiscalía pide para Parra e Izquierdo 12 años de prisión por los presuntos delitos de apropiacion indebida y blanqueo de capitales, los mismos que para los empresarios Ferri, Baldó y Poch. A Olivas le atribuía solo el primero de los delitos y solicitaba para él 6 años de cárcel.
Para los otros 42 procesados, el Ministerio Público reclama penas que oscilan entre los 2 y los 6 años de prisión.
