VALÈNCIA. La pandemia de la Covid-19 puso a prueba los mecanismos de protección del mercado laboral español y evidenció importantes diferencias en su alcance entre distintos colectivos. Así lo apunta un estudio elaborado por Fedea, que concluye que los trabajadores jóvenes fueron los que registraron menores niveles de cobertura durante la crisis sanitaria, tanto a través de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como mediante prestaciones y subsidios.
En concreto, el análisis muestra que solo el 51% de los menores de 20 años accedió a algún tipo de protección, frente a cifras superiores al 90% entre los trabajadores de mayor edad. Esta brecha se mantuvo incluso al considerar el conjunto de mecanismos disponibles, lo que apunta a una desigualdad persistente en la capacidad del sistema para amortiguar el impacto de la destrucción de empleo entre los más jóvenes.
Lejos de atribuir esta diferencia a un tratamiento desigual en el diseño de las políticas públicas, los autores del estudio destacan que el origen del problema es fundamentalmente estructural. El mercado laboral español presenta una marcada dualidad entre trabajadores con contratos indefinidos, que disfrutan de mayor estabilidad y protección, y aquellos con contratos temporales, que afrontan mayores niveles de precariedad. En este contexto, los jóvenes se concentran mayoritariamente en este segundo grupo, lo que condiciona su acceso efectivo a los mecanismos de protección.
Antes del estallido de la pandemia, la temporalidad ya era especialmente elevada entre los trabajadores más jóvenes. Según los datos analizados, más del 70% de los ocupados de entre 20 y 24 años tenía un contrato temporal, una proporción que superaba el 85% en el caso de los menores de 20 años. Esta situación implicaba una menor estabilidad laboral y, en consecuencia, una mayor probabilidad de perder el empleo ante un shock económico como el provocado por la covid-19.
A esta realidad se suma la concentración del empleo juvenil en sectores especialmente afectados por las restricciones sanitarias, como la hostelería, el turismo o el comercio. La paralización de estas actividades durante los primeros meses de la pandemia tuvo un impacto inmediato en el empleo, y afectó de forma desproporcionada a los trabajadores más jóvenes, que ya partían de una posición más vulnerable dentro del mercado laboral.
El estudio señala además que los ERTE, principal herramienta de protección desplegada durante la crisis, resultaron más efectivos para preservar el empleo en el caso de trabajadores con vínculos laborales estables. Aunque estos mecanismos estaban formalmente disponibles para todos los asalariados, su aplicación dependía en gran medida de la iniciativa empresarial y de la existencia de relaciones laborales consolidadas, lo que limitó su alcance entre quienes tenían contratos de corta duración.
Por otra parte, el acceso a prestaciones por desempleo y subsidios tampoco compensó esta menor cobertura. Los trabajadores jóvenes presentan, en general, trayectorias laborales más cortas y discontinuas, lo que reduce su historial de cotización y, por tanto, su acceso a este tipo de ayudas. Como resultado, una parte significativa de quienes perdieron su empleo durante la pandemia quedó fuera de los sistemas de protección existentes.
En conjunto, el estudio concluye que, aunque las políticas implementadas durante la pandemia tuvieron un carácter universal en su diseño, su impacto fue desigual debido a la estructura del mercado laboral. En este sentido, los autores subrayan la importancia de abordar la segmentación y la elevada temporalidad como factores clave para mejorar la eficacia y la equidad de las políticas de protección ante futuras crisis.
