CASTELLÓ. Las renuncias a herencias se mantienen en niveles elevados en la provincia de Castellón y el principal motivo no estaría tanto en la carga fiscal asociada a recibir un patrimonio como en el temor a asumir las deudas del fallecido. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron 178 renuncias a herencias, frente a las 160 contabilizadas en el mismo periodo de 2025, un 11,3% más, según los datos del Colegio Notarial de Valencia. La cifra se sitúa además en niveles similares a los de los últimos años: fueron 177 en el primer trimestre de 2024, 176 en 2023, 149 en 2022, 136 en 2021 y 114 en 2020.
La evolución muestra así una tendencia ascendente a medio plazo, aunque con oscilaciones anuales. En apenas seis años, las renuncias registradas entre enero y marzo han pasado de 114 a 178, un incremento cercano al 56%.
El decano del Colegio Oficial de Economistas de Castellón, José Manuel Salvador, apunta a que detrás de buena parte de estas decisiones se encuentra una cuestión diferente a la fiscal: el endeudamiento de la persona que deja la herencia. Cuando el patrimonio heredado no es especialmente elevado y lleva aparejada una carga importante de deuda, lo habitual es que los herederos opten por no aceptarlo.
El contexto fiscal de la Comunitat Valenciana refuerza esta lectura. Los familiares directos —descendientes, adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes, incluidos en los grupos I y II— cuentan con una bonificación del 99% sobre la cuota del Impuesto de Sucesiones en las adquisiciones por causa de muerte.
Esto no significa que el impuesto deje de tener incidencia en todos los casos, ya que la tributación final depende de las características de cada herencia y del parentesco, pero sí reduce sustancialmente el peso de la factura fiscal para los herederos directos.
En este escenario, Salvador señala que el problema que lleva a muchos herederos a renunciar no es tanto cuánto tendrían que pagar por recibir los bienes como qué obligaciones financieras tendrían que asumir junto con ellos. "Si la herencia no incorpora un patrimonio suficientemente importante para compensar las deudas pendientes, aceptar puede resultar económicamente poco atractivo o incluso perjudicial", explica.
Deudas que pasan de padres a hijos
El decano relaciona esta situación con el aumento de los procedimientos concursales de personas físicas. Se trata, en muchos casos, de personas que han acumulado un elevado nivel de endeudamiento y recurren a los mecanismos previstos en la denominada Ley de Segunda Oportunidad para intentar resolver una situación que ya no pueden afrontar.
Una parte de estos casos está vinculada, según explica Salvador, a la acumulación de créditos rápidos y préstamos al consumo, que pueden acabar generando una carga financiera difícil de asumir. Cuando la persona fallece antes de resolver esa situación, sus herederos se encuentran ante la disyuntiva de aceptar tanto los bienes como las obligaciones pendientes o renunciar a la herencia.
La situación puede ser especialmente compleja cuando la vivienda constituye el principal activo de la herencia, pero arrastra una deuda elevada. Salvador señala que en algunos casos los propietarios han llegado a rehipotecar sus viviendas o a acumular una deuda hipotecaria que supera el valor actual del inmueble. En estas circunstancias, aceptar la herencia puede implicar asumir una deuda que no queda compensada por el patrimonio recibido.
Por ello, explica, cuando no existe un patrimonio suficientemente importante que compense las obligaciones pendientes, los herederos pueden optar directamente por la renuncia. "Si la herencia no es especialmente importante y lleva asociadas deudas, lo habitual es renunciar", señala.
Casi nueve de cada diez concursos corresponden a personas físicas
Los datos de los procedimientos concursales aportan una fotografía del creciente peso que tienen las personas físicas dentro de los procesos de insolvencia. Según la Estadística Concursal del Colegio de Registradores, en España se contabilizaron 14.608 deudores concursados durante el segundo trimestre de 2026, un 20,2% más que un año antes.
De ellos, 13.007 eran personas físicas, lo que representa el 89% del total. En concreto, 11.625 correspondían a personas físicas sin actividad empresarial, mientras que otros 1.382 eran personas físicas con actividad empresarial. Frente a ellas, los concursos de sociedades limitadas fueron 1.486, los de sociedades anónimas 75 y los de otras formas societarias 40.
La evolución anual también resulta significativa: los concursos de personas físicas sin actividad empresarial aumentaron un 22,4% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2025, mientras que los de personas físicas con actividad empresarial crecieron un 13,8%.
La fotografía se reproduce también en la Comunitat Valenciana. En el segundo trimestre del año se contabilizaron 1.985 deudores concursados, de los que 1.509 eran personas físicas sin actividad empresarial, es decir, alrededor de tres cuartas partes del total.
Estos datos ayudan a contextualizar el aumento de las renuncias a herencias: el elevado peso de las personas físicas entre quienes recurren a procedimientos concursales refleja un escenario de creciente endeudamiento de particulares, una situación que, en determinados casos, termina afectando también a sus herederos.
Renunciar para no heredar las deudas
El fenómeno introduce así un matiz relevante en el debate sobre las herencias. En un contexto en el que los familiares directos cuentan con una bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones, las deudas adquieren un peso especialmente relevante a la hora de decidir si aceptar o rechazar una herencia.
La diferencia es importante: no se trata necesariamente de que el heredero no pueda afrontar el impuesto, sino de que no quiera asumir unas obligaciones financieras que pueden superar el valor de los bienes recibidos.
En Castellón, las 178 renuncias registradas en el primer trimestre de 2026 confirman que el fenómeno se mantiene en cotas elevadas. Y la comparación con 2020 muestra hasta qué punto ha aumentado: entonces se contabilizaron 114 renuncias en los tres primeros meses del año, frente a las 178 actuales, un 56% más.
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