VALÈNCIA. La reconstrucción tras la Dana de 2024 ha provocado un efecto colateral que amenaza con ralentizar la inversión pública en la Comunitat Valenciana. La fuerte presión sobre los materiales, la maquinaria y la mano de obra han disparado los costes de ejecución de las obras hasta el punto de que las constructoras consideran incompatibles los precios fijados por la Administración hace uno o dos años con la realidad actual del mercado.
El resultado, advierten, ya se refleja en las licitaciones: 118 obras han quedado desiertas desde el pasado mes de enero y otras 178 solo han recibido una oferta, un síntoma de que cada vez más concursos públicos dejan de ser viables para las empresas. La Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (Fecoval) y la Federación de Obras Públicas de Alicante (Fopa) atribuyen esta situación al incremento extraordinario de la actividad del sector derivado de la reconstrucción tras la Dana.
La necesidad de ejecutar cientos de actuaciones de forma simultánea en las zonas afectadas ha conllevado un encarecimiento generalizado de los costes que, aseguran, los contratos públicos todavía no reflejan. Por ello, los contratistas valencianos pidieron al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que abordase este asunto con el ministro de Hacienda, Arcadi España, en su reunión del pasado lunes.
Las patronales insistieron en la necesidad de que el Gobierno central habilite una revisión de los precios de las obras públicas, especialmente las vinculadas a la recuperación de la zona afectada por la Dana. El sector considera que esa actualización resulta imprescindible para que no sigan acumulándose licitaciones desiertas y que no se paralicen muchas de las actuaciones que ya se han iniciado.
El presidente de Fecoval, José Luis Santa Isabel, asegura en declaraciones a Valencia Plaza que la Comunitat Valenciana vive una situación muy distinta a la del resto del país. "Tenemos los mismos medios, la misma maquinaria y prácticamente la misma mano de obra, pero muchísimas más obras que ejecutar. Esa tensión acaba trasladándose directamente a los precios", resume Santa Isabel.
- Obras en el cauce del río Magro a su paso por Carlet. - Foto: MARGA FERRER
En la misma línea se pronuncia a este diario el presidente de Fopa, Javier Gisbert, quien defiende que el problema ya no responde a una evolución normal del mercado, sino a una circunstancia excepcional provocada por la concentración de obras en un mismo territorio. Esa presión, explica Gisbert, ha disparado el coste de los materiales como el acero, el hormigón, los áridos o los betunes, además de la energía, la maquinaria y la mano de obra, con "incrementos de dos dígitos" en la mayoría de los casos.
Precios que ya no responden a la realidad actual
Las patronales sostienen que el problema no reside en la falta de inversión pública, sino en que buena parte de los proyectos salen a licitación con precios calculados hace uno o incluso dos años, cuando los costes de construcción eran muy inferiores a los actuales. En ese contexto, muchas empresas optan por no presentarse porque ejecutar las obras supondría asumir pérdidas desde el primer momento.
Según sus cálculos, alrededor de 150 millones de euros de inversión pública permanecen bloqueados porque esos proyectos no consiguen adjudicarse. En la práctica, explican, se trata de actuaciones que "han quedado guardadas en un cajón" hasta que las administraciones adapten los precios a la realidad del mercado. Pero el problema no afecta solo a las nuevas licitaciones.
Tanto Fecoval como Fopa advierten de que muchas de las obras que ya están en ejecución también atraviesan una situación delicada. "No hay manera de contener los precios y tampoco de conseguir que la Administración revise los contratos", lamenta Santa Isabel.
Tragsa y la "doble vara de medir"
Una de las principales críticas del sector se refiere al trato que el Gobierno ha dado a Tragsa, la empresa pública estatal encargada de la reconstrucción. Los contratistas valencianos denuncian que el Ministerio de Hacienda sí ha reconocido el incremento extraordinario de los costes en las obras ejecutadas por su medio propio y ha autorizado una revisión de precios —además de anunciar una nueva actualización este mes de junio— mientras mantiene sin aplicar ese mismo criterio al resto de empresas constructoras.
"Nos parece un trato absolutamente diferencial", afirma Santa Isabel. "No puede haber una política distinta para el medio propio del Estado y otra para las empresas privadas. Hacemos exactamente las mismas obras, en los mismos municipios y con los mismos costes", añade el presidente de Fecoval. Las patronales consideran que esa diferencia supone un "agravio comparativo".
- Obras de reconstrucción en el barranco del Poyo en Paiporta. - Foto: MARGA FERRER
Cabe recordar que el sector de la construcción lleva tiempo reclamando al Gobierno una reforma del sistema de revisión de precios para que, cuando se produzcan circunstancias extraordinarias como la Dana, no sea necesario aprobar un mecanismo específico de contratación. "Lo único que pedimos es utilizar una herramienta que ya existe, pero adaptándola a la realidad de la Comunitat Valenciana. No puede tener la misma revisión de precios una obra en Galicia que una en Valencia después de una catástrofe como la que hemos vivido", lamenta Santa Isabel.
Riesgo de más retrasos y obras paralizadas
Con todo, Fecoval y Fopa advierten de que las consecuencias podrían agravarse si el Gobierno no adopta medidas en los próximos meses. Según los datos de sus asociados, entre el 70% y el 80% de las obras que ejecutan las empresas valencianas ya acumulan algún retraso debido a las dificultades para disponer de materiales y mano de obra suficiente.
El siguiente paso, alertan, puede ser aún más grave: que algunas actuaciones acaben rescindiéndose porque las empresas no puedan asumir el sobrecoste de la ejecución. Eso obligaría a ajustar los precios, sacar de nuevo las obras a licitación y retrasar durante meses —o incluso años— la llegada de infraestructuras y servicios que esperan numerosos municipios.
"Es un retraso que no beneficia a nadie. Ni a la Administración, ni a las empresas, ni, sobre todo, a los ciudadanos que necesitan que esas obras se ejecuten cuanto antes", señala Santa Isabel. Sobre la disposición de Arcadi España a atender la petición de los contratistas valencianos, Santa Isabel asegura que ha podido hablar con Pérez Llorca sobre la impresión que el ministro le trasladó al jefe del Consell. "Me dijo que le había contestado que lo estudiaría, pero, sinceramente, le había visto sin mucho ánimo de hacer nada", concluye el presidente de Fecoval.
