MADRID (EP). La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que las comunidades autónomas gobernadas por el PP acudirán al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles para defender un modelo de financiación autonómica basado en la "equidad" y la "justicia".
Así se ha pronunciado en una rueda de prensa al ser preguntada por el anuncio del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de respaldar la propuesta que el Ministerio de Hacienda llevará al CPFF tras alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo.
El Gobierno de Canarias está formado por Coalición Canaria (CC) —partido al que pertenece Clavijo— en coalición con el Partido Popular, formación a la que pertenece Matilde Asian, consejera de Hacienda. Asian no estuvo en la reunión con los ministros, en la que sí participó la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, de CC.
En este contexto, Gamarra ha recalcado que las comunidades gobernadas por el PP seguirán reclamando un modelo de financiación en el que "no primen los intereses políticos del presidente del Gobierno para garantizarse los apoyos", sino que el único criterio sea "la equidad y la justicia".
A su juicio, el sistema debe garantizar que "todos los españoles son iguales, vivan donde vivan", de forma que todas las comunidades cuenten con los recursos necesarios para prestar unos servicios públicos de calidad.
Piden que se aplace el CPFF
Además, las comunidades gobernadas por el PP han solicitado al Ministerio de Hacienda el aplazamiento de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para este miércoles, en la que el Gobierno pretendía abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, al considerar que no disponen de la información necesaria para analizar la propuesta.
En una carta dirigida al ministro de Hacienda, Arcadi España, consultada por Europa Press, las autonomías firmantes reclaman que la reunión se posponga, al menos, hasta septiembre y siempre que concurran "las condiciones mínimas de información y de plazo" que, a su juicio, exige una decisión de esta "trascendencia".
Los gobiernos autonómicos del PP sostienen que, aunque en los últimos días han recibido un nuevo borrador del acuerdo, las actas de las reuniones y unos primeros cálculos sobre el impacto para cada territorio, Hacienda sigue sin facilitar las simulaciones "completas y homogéneas" del conjunto del sistema ni la memoria de cálculo del reparto.
A su juicio, sin esa documentación resulta imposible formarse "un juicio fundado" sobre una reforma llamada a determinar los recursos de las comunidades autónomas durante los próximos años.
Falta de tiempo
Asimismo, recuerdan que tras la reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) del pasado 14 de julio las comunidades presentaron un elevado número de observaciones que afectan a elementos estructurales del modelo, como la población ajustada, los criterios de nivelación, los fondos específicos o la aplicación gradual del nuevo sistema.
Sin embargo, critican que la documentación completa de aquella reunión no fue remitida hasta el pasado 24 de julio, apenas tres días hábiles antes de la celebración del CPFF, un plazo que consideran insuficiente para estudiar las alegaciones y valorar posibles cambios.
- El ministro de Hacienda, Arcadi España.
- Foto: EP
De hecho, dudan de que los servicios del Ministerio hayan tenido tiempo para analizar las propuestas remitidas por las comunidades y sostienen que el calendario previsto evidencia que el Gobierno "no tiene ninguna intención de valorar, y mucho menos de incorporar", las alegaciones presentadas, limitándose a cumplir un trámite formal.
Por otro lado, las comunidades del PP también ponen en duda la oportunidad de abordar una reforma estructural del sistema de financiación en un contexto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En su opinión, acometer una reforma de esta magnitud sin un marco presupuestario estatal consolidado ni unos objetivos de estabilidad vigentes resta seguridad jurídica y rigor al proceso.
Igualmente, reprochan al Ministerio de Hacienda no haber explicado cómo se integrarán los nuevos recursos del sistema en la envolvente financiera del Estado ni el impacto que tendrá la transferencia de mayores recursos hacia las comunidades autónomas sobre el resto de políticas financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Contra el modelo pactado con ERC
Las comunidades gobernadas por el PP sostienen, además, que la propuesta del Gobierno "es el fruto de un pacto bilateral con ERC" y recuerdan que se trata, "prácticamente", del mismo modelo que el Ejecutivo presentó el pasado mes de enero, cuando fue rechazado por 16 de los 17 territorios integrados en el sistema de financiación de régimen común, incluidas Ceuta y Melilla.
A su juicio, un modelo acordado "con una sola parte y a espaldas de todas las demás" no puede aprobarse de forma acelerada con un calendario que, según denuncian, impide siquiera su examen y vulnera el derecho de todas las comunidades autónomas a recibir un trato igualitario, reconocido tanto en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) como en la Constitución.
No obstante, las autonomías 'populares' aseguran compartir la necesidad de reformar el actual sistema de financiación, vigente desde hace 17 años, para adecuarlo a las necesidades reales de gasto de todas las comunidades autónomas y a la evolución de los factores que condicionan la prestación de los servicios públicos fundamentales.
En este sentido, consideran que el procedimiento seguido por el Ministerio de Hacienda "dista de responder a un verdadero mecanismo de negociación multilateral".
Los 'populares' reprochan además al Gobierno haber presentado primero una propuesta de reforma en el seno del CPFF sin una evaluación técnica previa en el Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE), haber intentado después abrir una negociación bilateral con las comunidades y, solo posteriormente, trasladar el documento al comité técnico, cuando, a su juicio, ese debería haber sido el punto de partida del proceso.
En definitiva, las comunidades del PP sostienen que la convocatoria del CTPE celebrada el pasado 14 de julio "no convalida todo lo mal hecho" y consideran que el procedimiento seguido ha "viciado por completo" la elaboración del nuevo modelo.
