VALÈNCIA. Lograr la homologación o equivalencia de un título universitario en España es una carrera de fondo: la espera desde que se realiza el trámite hasta que se resuelve el proceso suele sobrepasar el plazo máximo de seis meses que marca la ley. Mientras tanto, miles de personas - la mayoría de ellos profesionales sanitarios - aguardan a poder contar con el certificado que les permita ejercer en este país. El Tribunal de Cuentas cifraba a mediados del pasado ejercicio en algo más de 80.000 los expedientes acumulados en el seno del Ministerio de Universidades, con casi 14.000 que llevaban más de tres años pendientes se resolución.
Es en el contexto de esta espera generalizada cuando la "desesperación" de los afectados lleva a incurrir en una serie de gastos que se añaden al propio coste de la tasa del procedimiento, actualmente fijada en 166,5 euros. Así lo explican desde la organización Homologación Justa Ya (HJY) en el marco de un informe que analiza el reconocimiento de títulos profesionales en España mediante casi 700 entrevistas realizadas a finales del pasado ejercicio.
El 12% de las personas encuestadas aseguraron haber realizado el trámite mediante un gestor. Una práctica cada vez más extendida en los últimos años, según el informe. La mayoría de las personas que recurren a este tipo de profesionales desembolsan entre 400 y 600 euros por los servicios, aunque un 11% indica haber gastado más de 600 euros. Representantes de la organización detallan en declaraciones a este periódico que en redes sociales abundan gestores que prometen a los usuarios que si realiza el proceso con ellos se resolverá rápidamente.
"Su propaganda es mostrar que salieron casos en tiempo récord, pero esto es cuestión de suerte, puede que una persona haya sido afortunada", detallan desde esta entidad, en la que remarca que en muchas ocasiones se recurre a estos profesionales ante el "desconocimiento del proceso y el miedo a equivocarse". En todo caso, el informe remarca que las solicitudes pueden ser gestionadas directamente por los propios usuarios, sin incurrir en gastos adicionales y evitando depender de terceros.
En cualquier caso, se trata de un posible gasto a añadir al propio coste de la tasa y al que, en ocasiones, se llegan a sumar otros dos conceptos. Es el caso de cuando una persona debe recurrir a un abogado para poner un recurso administrativo sobre su expediente. Desde la organización evitan cifrar el coste de este proceso, ya que no ha sido analizado en el citado estudio, pero sí explican que es una práctica común entre las personas afectadas.
A estos costes se añade, en algunos casos, el mercadeo de citas telefónicas para contactar con el Ministerio de Universidades. Tal y como explicó este periódico, HJY detectó un proceso de reventa de turnos de la línea de ayuda habilitada por este departamento. Un extremo que fue denunciado ante la Policía Nacional y trasladado al Defensor del Pueblo. El 6% de las personas encuestadas asegura haber podido acceder a esta línea mediante el pago de un turno a un tercero, con un coste que habitualmente se sitúa en la franja de los 60-70 euros, pero que puede llegar a alcanzar los 200 euros.
Desde esta organización lamentan el bajo número de citas ofrecidas ante la demanda existente y remarcan que el mensaje que lanzan a la gente es que no recurran a este sistema de mercadeo para conseguir turno,. No obstante, reconocen que "la desesperación" de los usuarios lleva, en muchas ocasiones, a comprar una cita telefónica, pues les llegan testimonios de usuarios que han logrado contactar con el Ministerio de Universidades y, tras ello, han visto avanzar su expediente.
