VALÈNCIA (EFE). La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que la nueva Ley de Vivienda tendrá efectos adversos al reducir de forma inmediata y futura la oferta privada de alquiler, al tiempo que genera inseguridad jurídica y agrava los problemas que busca resolver.

Entre las medidas que recoge el texto y que según Fedea contribuirán a reducir la oferta de vivienda en alquiler se encuentra el control de los alquileres en áreas consideradas "tensionadas" por las administraciones locales o regionales, la imposición de límites a la actualización anual de los alquileres por debajo del IPC y las prórrogas forzosas tras la expiración de los contratos.

También se refiere a ciertas disposiciones que dificultan la recuperación de los inmuebles por sus propietarios en casos de impago u ocupación, unas medidas todas ellas que rebajan la rentabilidad de la inversión en vivienda para el alquiler o incrementan su riesgo, reduciendo la oferta mediante la retirada de inmuebles del mercado, según apunta Ángel de la Fuente desde Fedea.

A esto hay que añadir la inseguridad jurídica asociada a una parte "especialmente delicada" del proyecto de ley, en la que se introducen ciertos límites y deberes asociados con la propiedad de la vivienda a el fin de "garantizar la función social de la propiedad", agrega.

Además, señala que las disposiciones citadas en el proyecto de ley están redactadas en términos muy vagos, de forma que podrían interpretarse de manera que se permita a las Administraciones imponer obligaciones poco razonables a los propietarios, incluyendo la de alquilar sus inmuebles a precios inferiores a los de mercado, o incluso expropiar tales inmuebles como ya se ha anunciado en Cataluña.

Aunque cree que una cierta sistematización de la política de vivienda puede ser útil para ordenar la abundante legislación autonómica, el esfuerzo por avanzar hacia un "derecho efectivo" a la vivienda resulta fallido e, incluso, contraproducente en la medida en que apuesta por algunos instrumentos que sólo agravarán la insuficiencia de la oferta de vivienda en alquiler y debilitará los derechos de propiedad.

Por otro lado, Fedea subraya que con la nueva ley o sin ella ningún ciudadano puede exigir a las administraciones públicas que le faciliten una vivienda de ciertas características en un plazo determinado y a un precio inferior dado de sus ingresos.

Como punto a valorar señala que las medidas para potenciar la oferta pública de vivienda en alquiler puede aliviar en algún grado el acuciante problema de escasez de vivienda.