CASTELLÓ (EP). La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló, María Jesús Garrido, ha reivindicado al Gobierno central que incluya en la nueva Ley Estatal de Vivienda la regulación por parte de los ayuntamientos del precio del alquiler en zonas tensionadas de las ciudades para evitar "la especulación de los fondos buitre y la expulsión de los vecinos de sus barrios". Garrido ha afirmado que "es la única forma de poner fin a la distorsión de precios y garantizar un derecho constitucional como el acceso a la vivienda".

"La compra de un fondo buitre hace justo un año de un edificio que era de protección pública con 173 viviendas del Raval Universitari de Castelló ha provocado un aumento de un 50 por ciento del precio del alquiler en el mismo, ha causado la marcha de 60 familias y ha dejado vacías actualmente el 60% de las viviendas", ha recordado Garrido.

Para la concejala, estas prácticas de los fondos buitre o sociedades de inversión "ponen en peligro la vivienda de muchas familias y amenaza con vaciar barrios si no se impulsa una ley estatal de vivienda ambiciosa".

Un incremento del 14% en el alquiler

Según la Concejalía, el Índice de Precios del Alquiler del Ministerio de Fomento muestra un incremento del alquiler del 14% en Castelló de 2015 a 2018, un aumento que no incluye las variaciones registradas por el aterrizaje de fondos buitre el último año.

Garrido ha respaldado las movilizaciones del fin de semana a favor de una nueva Ley Estatal de Vivienda que "garantice el derecho real a la vivienda", así como el manifiesto firmado por la PAH, sindicatos de inquilinos, sindicatos y otros colectivos ciudadanos.

Ha pedido al Gobierno central que contemple la regulación de viviendas en barrios donde se ha disparado el precio del alquiler, una medida que estaba prevista en el primer borrador de la ley, según ha recordado. Garrido ha subrayado que este control de precio se centraría sobre todo en viviendas de grandes propietarios y pretende frenar "los abusos" en el precio del alquiler en barrios de clases medias y populares.

La Concejalía ha afirmado que el Parlamento Europeo aprobó una resolución a favor de esta iniciativa y que un informe del Banco de España de 2020 indica que regular el alquiler en barrios tensionados es la política más efectiva. Por último, confía que la nueva bolsa de alquiler municipal también sirva, además de para proporcionar más vivienda asequible, para mitigar el precio del alquiler en la ciudad.