CASTELLÓ (EP). Marta Barrachina ha mostrado su rechazo hacia "esta tasa que afectará a los 135 municipios y más de 600.000 vecinos de la provincia". Según ha explicado, "a causa de una decisión del Gobierno central, todos los ayuntamientos van a estar obligados a cobrar una tasa de residuos a sus vecinos", una medida "recomendada por la Unión Europea pero presentada como obligatoria por el Gobierno de España y ha sido impuesta sin que los ayuntamientos hayan recibido las herramientas necesarias para gestionarlo adecuadamente".

Barrachina ha añadido que "ello está generando una gran dificultad para muchos de ellos, especialmente para los municipios más pequeños, dado que los ayuntamientos no disponen de la capacidad económica ni técnica ni jurídica suficiente para poder afrontar esta nueva imposición que claramente les perjudica". "Desde la Diputación comprendemos la carga que esta obligación representa para nuestros municipios y nuestra prioridad es estar al lado de los ayuntamientos porque entendemos que no pueden afrontar solos esta nueva exigencia sin los recursos necesarios", ha subrayado.

A través de las medidas implantadas, la institución provincial ofrece a los municipios la posibilidad de delegar la gestión de la nueva tasa residuos en la Diputación, que se encargará directamente de la recaudación. "Nuestro servicio de recaudación se ocupará de todo el proceso y transferirá los fondos correspondientes a cada ayuntamiento, liberándolos de la carga administrativa que supone esta tarea", ha explicado Marta Barrachina, quien ha hecho hincapié en que "esta medida es especialmente importante para los municipios pequeños, que suelen tener falta de personal y de los recursos necesarios para poder manejar estos trámites".

Problemática de crear una ordenanza 

A todo ello, se suma "la problemática que supone crear una ordenanza para una tasa que no saben realmente cómo aplicarla", ha señalado Barrachina. Además de todo ello, el ejecutivo provincial ha presentado una moción al pleno del próximo 22 de octubre para mostrar su rechazo a que el coste total de la nueva tasa de basura que impone el Gobierno repercuta en la ciudadanía y exigir una moratoria.

Así, a través de la moción, la institución provincial instará al Gobierno de España a aprobar una moratoria en la aplicación de lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 7/ 2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados en tanto no se establezcan unos criterios claros que sirvan de guía para que todos los ayuntamientos impongan la tasa. También exigirá al Gobierno central replantear o estudiar métodos más flexibles de transición y, de igual manera, prestar ayudas e instrumentos financieros a los ayuntamientos para que el ciudadano no cargue íntegramente con la tasa.

Asimismo, la Diputación de Castellón mostrará su rechazo a repercutir el 100% del coste de la recogida de residuo en la ciudadanía, e instará al Gobierno de España a que tengan en cuenta las peticiones y el posicionamiento de todas las administraciones locales que también se oponen.