CASTELLÓ. La vicepresidenta de la Diputación y diputada delegada de Bienestar Social, Patricia Puerta, ha reactivado la Red de Calidad e Innovación de los Servicios Sociales de la provincia de Castellón para poner fin a la inactividad que caracterizó al periodo 2015-2019 en el que estuvo al frente la diputada del PP Elena Vicente-Ruiz. Este es un foro del que forman parte la propia Diputación, 131 municipios de la provincia, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, la Conselleria de Políticas Inclusivas y la Universitat Jaume I cuya finalidad es la de trabajar en común para mejorar las condiciones de intervención y los métodos, los recursos y la calidad de la atención que los distintos servicios sociales prestan a la ciudadanía.

La red consta de varios niveles: un consejo rector integrado por representantes políticos; una comisión técnica permanente compuesta por técnicos de las entidades adheridas a la red; una secretaría técnica asumida por la propia Diputación provincial, y cinco comisiones técnicas que ya se han constituido para que en septiembre puedan empezar a trabajar. Son comisiones sobre Infancia y Familia; Discapacidad, Dependencia y Autonomía Personal; Inclusión Social y Trabajo Comunitario; Gestión y mejora de los Servicios Sociales y Servicios Sociales Rurales.

Según ha explicado Patricia Puerta, la reactivación de la red "es una demanda de sus entidades integrantes y la constitución de las distintas comisiones de trabajo una imperiosa necesidad dadas la emergencia económica y social que estamos viviendo a consecuencia de la pandemia". La vicepresidenta provincial ha añadido que desde la Diputación "tenemos la obligación de poner en marcha toda la maquinaria social que depende de las distintas administraciones para identificar los problemas existentes y ofrecer el mejor servicio posible a quienes están padeciendo en primera persona las consecuencias de la crisis".

La Red de Innovación y Calidad Social ha cobrado una mayor importancia a raíz a la aprobación de la Ley de la Generalitat Valenciana 3/2019, de 18 de febrero, que establece que las diputaciones prestarán la asistencia y económica y la supervisión que garantice que los ayuntamientos, especialmente los menos poblados, tengan capacidad económica y de gestión a la hora de ejercer sus competencias en Servicios Sociales. También establece que serán las instituciones provinciales las que se encargarán de la supervisión de casos, formación, asistencia técnica y reorientación de las personas profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales de su ámbito de referencia.