La enfermedad del abogado de Zaplana podría posponer de nuevo el juicio del caso Erial

VALÈNCIA (EFE). El abogado del exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana, Daniel Campos, sufre una dolencia cardíaca que le impedirá estar presente en el inicio del juicio del caso Erial, previsto para el próximo jueves, y ha solicitado a la Audiencia de Valencia una nueva modificación de las fechas.

Según ha adelantado este miércoles el diario Las Provincias y han confirmado a EFE fuentes judiciales, Campos ha comunicado al tribunal que se encuentra hospitalizado, si bien la Sección Cuarta, responsable de este enjuiciamiento, todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto.

En caso de confirmarse este nuevo aplazamiento sería el segundo, puesto que inicialmente se fijó la fecha del 9 de enero pero la baja del fiscal anticorrupción obligó a retrasar un mes esta macrocausa.

La programación de este juicio contempla un total de 40 sesiones y la comparecencia de más de 200 testigos.

En el caso Erial, cuya instrucción finalizó el pasado mes de octubre, están investigadas veinte personas, entre ellas los expresidents de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas y la familia del fallecido expresidente de Les Corts Valencianes, exvicepresidente del Gobierno valenciano y ex director general de la Policía, Juan Cotino, además de colaboradores del expresident y exministro y varios empresarios.

La causa afronta su fase final casi seis años después de la detención de Zaplana (el 22 de mayo de 2018), que estuvo en prisión hasta el 7 de febrero de 2019, aunque permaneció ingresado en el hospital La Fe de València por una enfermedad oncológica desde el 18 de diciembre de 2018 al 11 de febrero de 2019.

La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de diecinueve años de prisión para Zaplana como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las estaciones de ITV valencianas.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público pide el decomiso de 20,6 millones de euros -de los cuales 6,7 ya han sido transferidos a la oficina de recuperación de activos ORGA-, cantidad de la que supuestamente se apropiaron tanto Zaplana como el resto de procesados, otras catorce personas, en una operativa de mordidas que se desviaron a paraísos fiscales.

Junto a Zaplana, el fiscal dirige su acusación contra sus colaboradores Joaquín Barceló (al que pide 8 años), Francisco Grau (8), Juan Francisco García (14), Mitsouko Henríquez (8); los empresarios Vicente -que sufre una enfermedad que le impide totalmente ser juzgado- y José Cotino (14); y el expresident José Luis Olivas (6).

También contra Saturnino y Elvira Suanzes (5 años), Francisco Pérez López (7), Pedro Romero (5), Robert Bataouche (5), Ángel Salas (5) y Carlos Rodríguez (5), y las empresas Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras.

Los presuntos delitos que cita el fiscal en su calificación son organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental.