VALÈNCIA. (EFE) La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA-ITV) ha cuestionado la legalidad del carácter de urgencia del decreto ley del Consell de creación de una sociedad anónima pública para recuperar la gestión directa del servicio.

AECOVA, que la semana que viene emprenderá una ronda de contactos con los grupos parlamentarios en Les Corts, entiende que corresponde al Gobierno valenciano la decisión acerca de cuál debe ser la mejor manera de gestionar servicios públicos como el de la ITV, pero no comparte "ni las formas empleadas ni las razones aducidas para justificar el cambio de modelo de gestión".

En un comunicado, la asociación considera que el recurso al decreto ley como modalidad de legislación de urgencia es "un evidente exceso que pone en claro peligro de inconstitucionalidad la norma sobre la que pretende asentarse el nuevo modelo de gestión del servicio".

Según una nota jurídica de la entidad, "resulta a todas luces indiscutible que no concurren las razones extraordinarias de urgente necesidad que justificarían el recurso al decreto ley previsto en el artículo 44.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana".

Han señalado que, tal y como recoge el decreto ley, las razones de urgencia vendrían determinadas por la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio, sin embargo, AECOVA-ITV cree que "existen otros cauces para garantizar" esa continuidad.

Asimismo, indica que en todo caso, "esa situación de urgencia habría sido generada por la desidia del propio Gobierno valenciano, circunstancia que, como tiene declarado el Tribunal Constitucional, no puede argüirse como causa de justificación para recurrir a la legislación de urgencia".

La asociación ha recordado que la fecha de finalización de las concesiones "es conocida por el Consell desde el momento mismo de su formalización" y que el cambio del modelo de gestión del servicio de ITV formaba parte expresa del "Acuerdo del Botànic 2", suscrito el 11 de junio de 2019.

Por tanto, a su juicio, "no concurren las circunstancias imprevisibles que podrían haber determinado una situación extraordinaria de urgente necesidad que habilitaría al Gobierno valenciano al procedimiento de legislación de urgencia".

Así, desde AECOVA han denuncian que la regulación de un servicio público como el de las Inspecciones Técnicas de Vehículos, "pretende hacerse descansar sobre una norma flagrantemente inconstitucional".

Han criticado también que el decreto no contenga ninguna valoración de las repercusiones y efectos del cambio de modelo de gestión, tal y como exige, según han indicado, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

"Desde AECOVA estamos trabajando duramente para acreditar que el nuevo sistema de gestión anunciado por el Gobierno valenciano será más costoso para las arcas públicas y menos eficiente y, en consecuencia, que el nuevo modelo propuesto perjudica al servicio público y tiene un sustento exclusivamente ideológico", ha afirmado la asociación