CASTELLÓN (EFE). Diversas organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana han criticado a la Conselleria de Agricultura porque "vuelve a dar la espalda a los apicultores" y han anunciado que están considerando la posibilidad de llevar ante tribunales el borrador del nuevo Acuerdo de Polinización Cruzada, que trata de evitar la conocida pinyolà, pero que los agricultores señalan que no es efectivo.

En un comunicado, la Unió de Llauradors ha denunciado, junto a la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Asaja Alicante y Fepac-Asaja, que tras la reunión de la mesa sectorial apícola, los responsables de la Conselleria han decidido "desterrar a las abejas de los campos valencianos".

Las organizaciones agrarias pidieron a la Generalitat que "diera un paso adelante" y que "por primera vez en los últimos treinta años dejara de publicar normativas contra la actividad apícola", ya que "es patente que las abejas no tienen ninguna culpa de la presencia de las semillas en los cítricos".

Así, han reiterado la petición de que la Administración pública "tome medidas" sobre el sector de los cítricos, puesto que es la "falta de regulación en las plantaciones" lo que ha producido este problema y hay medidas paliativas que no se han tenido en cuenta, como las mallas y favorecer más la reconversión varietal con especies no productoras de semillas.

Según han denunciado las organizaciones, la Generalitat "ha impuesto que las abejas, el viento y otros polinizadores no circulen libremente por los campos de la Comunitat Valenciana" porque "pastan en campo ajeno".

El sector agrario ha apuntado que la Administración valenciana es la "única" que dice "semejante barbaridad" y "rechaza los efectos beneficiosos de la polinización en las abejas".

Por ello, las organizaciones han anunciado que estudian la posibilidad de llevar esta normativa ante los tribunales y, a su vez, denunciar ante la Comisión Europea la publicación de estas normas "abusivas" que "no tienen ningún sentido y tanto daño hacen a la apicultura", y que, desde Bruselas, "sí se pretende proteger".