CASTELLÓ. El portavoz de Compromís, Carles Mulet, ha preguntado al Gobierno por los avances en los trabajos de desmantelamiento de las infraestructuras vinculadas al proyecto Castor, una vez paralizada la inyección y desde que se anunciara el inicio del proceso de desmantelamiento. “Hablamos de un desmantelamiento que no ha ocurrido ocho años después de la paralización de las inyecciones de gas que causaban terremotos por la nefasta concepción del mismo, control de la Administración y ejecución. Ya toca que el Gobierno tome decisiones y deje de actuar como un temerario, pues se tiran al mar cada año muchos millones por mantener un cadáver flotante que no reúne las medidas de seguridad necesarias”, ha indicado el senador.

Así el representante de la coalición valencianista ha interpelado por las medidas adoptadas por el Gobierno para comprobar que los tapones del Castor, que han superado con creces su vida útil, no suponen un riesgo; las causas por las que no se han cambiado estos tapones con una vida útil tan limitada y por qué todavía, a día de hoy, no han comenzado los trabajos de desmantelado de Castor. Por otro lado, ha reclamado una actualización de los costes en los que ha incurrido durante estos años esta planta paralizada, conocer qué se va a hacer con los distintos tramos y conducciones en el futuro, así como las medidas adoptadas por el Gobierno para depurar responsabilidades “ante este deplorable fiasco y descrédito para nuestra ingeniería”.

Mulet censura las formas de actuar del Gobierno ante esta infraestructura “de la que sigue teniendo toda la responsabilidad ya que los tapones colocados en 2015 en el almacén de gas Castor tenían una vida útil de cuatro años y continúan sin ser cambiados y sólo parecen interesarse en periodo preelectoral, como cuando el 29 de enero de 2019 el Gobierno anunció como inminente el desmantelamiento definitivo del almacén de gas Castor”.

El partido insiste en que la Mesa del Senado sigue vetando el inicio de los trabajos de la Comisión de Investigación que el grupo de 25 senadores reclamó crear para investigar en el Senado todo lo que rodeó a este proyecto energético, desde su concepción, ejecución, costes, responsabilidades y cambios normativos necesarios para que jamás un proyecto así pueda tener repercusiones tan negativas para el dinero público y el de los consumidores, mientras que la empresa que diseñó y ejecutó el proyecto no ha respondido de nada y ha cobrado hasta la última peseta.