El problema de la vivienda, enquistado en España desde hace décadas, afecta a una parte muy importante de la población, en términos no solamente socioeconómicos, sino también generacionales: los jóvenes, entendiendo por tales, a estas alturas, a los menores de 45 años, no han disfrutado de condiciones de acceso al mercado inmobiliario similares a las que tuvieron las generaciones anteriores. Comprar una vivienda se ha convertido en un imposible para muchos, porque el acceso a la misma (la entrada, los impuestos y en ocasiones la inevitable reforma) supone contar con unos ahorros que casi nadie consigue acumular merced a la combinación de salarios bajos y alquileres cada vez más altos. Todo ello, en un contexto de escasez de vivienda, en venta y de alquiler, al que también ha contribuido el fuerte incremento poblacional motivado por la llegada de inmigrantes y turistas.
La vivienda, en fin, es un problema de gran magnitud para la sociedad española, que un gobierno de cualquier signo debería afrontar con decisión, para evitar que la situación se enquiste y agrave. Teniendo en cuenta que la intervención en este mercado también tendrá costes de distinto signo. Porque, obviamente, no todo el mundo quiere intervenir el mercado de la vivienda, dado que también hay bastantes beneficiados por la actual situación, con alquileres altísimos y viviendas inalcanzables para el común de los mortales.
Para cierta clase media (y no digamos los que están encima de la clase media), la versión española del sueño americano consiste en comprar una vivienda con los ahorros que ellos sí tienen y a continuación ponerla en alquiler, para que el inquilino pague la hipoteca y un poco más, por las molestias. Se trata, en la práctica, de una subrogación de la hipoteca, para que la pague otro, pero la propiedad siga en manos de quien pagó la entrada. Y luego está la versión más habitual y directa, claro: heredar un piso, o varios, y ponerse a cobrar alquileres. Pocas actividades más improductivas y lesivas para una sociedad que un modelo de riqueza basado en el rentismo, que no genera actividad económica, ni riqueza, ni nada de nada: es pura extracción de rentas. ¡Por eso gusta tanto a quienes extraen, claro!
- Daniel, el físico e investigador de la UV que quieren desahuciar.
- Foto: ROBER SOLSONA / EP
Ahí es donde debería haber entrado el gobierno más social de la historia, que lleva ocho años y medio gobernando. Salvo en la última legislatura, con mayoría parlamentaria suficiente en el bloque de izquierdas para aprobar medidas. Y algunas se aprobaron, sin duda, pero siempre como parches eventuales, ante situaciones excepcionales (como la pandemia o la guerra de Ucrania y la tensión inflacionista subsiguiente), sin atreverse nunca a afrontar el problema en su inmensidad (que no tiene una solución fácil, qué duda cabe; y ninguna, si hablamos de satisfacer a todas las partes).
Como de costumbre, Pedro Sánchez se ha movido teniendo en cuenta los criterios que han sido el principio motor de su carrera política: ¿cómo quedará esta medida en los titulares de prensa? ¿Me beneficiará electoralmente en el corto plazo? Y más en la situación actual, en la que el Gobierno no cuenta con mayoría parlamentaria y los acontecimientos de la legislatura en su conjunto reportan unas expectativas electorales muy poco prometedoras para revalidar el mandato.
- Decenas de personas acampadas en la Puerta del Sol.
- Foto: RICARDO RUBIO / EP
En efecto, el Gobierno se ha acercado al estallido de la crisis de la vivienda, motivado por el desahucio de Maricarmen (una anciana de 87 años de clase media que vive en un buen barrio de Madrid: las historias mediáticamente potentes también tienen su propia lógica en España), con el oportunismo habitual. Lo cual, dado cómo funciona la política en el mundo en que vivimos, guiado por el impacto y la velocidad, el corto plazo, tampoco invalida las medidas que se proponía aprobar mediante sendos decretos, con el indisimulado objetivo de que se aprobase el decreto “bueno” (el más razonable) y se tumbase el “malo” (el más ambicioso).
Pero ahí el Gobierno ha cometido el error de cálculo habitual, que suele tener a Junts como objeto. A diferencia de los demás socios potenciales, que en este tipo de situaciones han de mostrarse sensibles con el parecer ciudadano a su izquierda (Sumar, Podemos, ERC, Bildu, incluso el PNV, que no olvidemos que está fuertemente asociado en Euskadi al PSE), Junts está sufriendo una fuerte erosión electoral a su derecha, por parte de Aliança Catalana. Un partido de extrema derecha que, además, hace de su bandera electoral no negociar nada con los “españoles”. Y por eso Junts ha dado el portazo con más fuerza de la que esperaba el Gobierno.
Con lo cual, Pedro Sánchez quizás haga lo que más le gusta hacer: coger cualquier oportunidad al vuelo para aprovechar el viento de cola, por endeble que resulte frente al deterioro electoral del PSOE y sus socios en estos últimos años. Es decir, tal vez el presidente del Gobierno adelante las elecciones y lo haga para el 29 de noviembre, como en el momento de escribir esta columna comienza a extenderse en los medios de comunicación. Ello le permitiría ir a las elecciones bajo un “relato” mínimamente favorable y movilizador: el Gobierno que intenta aliviar los problemas de la vivienda frente a una derecha ultra que sólo quiere lucrarse con los alquileres (como durante años pareció que también quería el Gobierno, pero ahora ya no).
